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El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, admite a trámite la querella contra Julio Iglesias de sus dos exempleadas

El juez Antonio Piña admite la querella de dos trabajadoras contra Julio Iglesias por delitos sexuales y cita a las querellantes el 3 de febrero.

18/11/2026 11:11

El magistrado Antonio Piña, titular de la Plaza Seis de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha admitido a trámite la querella que dos trabajadoras presentaron contra Julio Iglesias por supuestos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.

En consecuencia, ha citado a las querellantes para que declaren en persona ante él el próximo 3 de febrero.

La admisión es parcial.

El magistrado rechaza investigar la trata de seres humanos y el delito contra los derechos de los trabajadores.

Las lesiones y el trato degradante solo se investigarán si los hechos ocurrieron después del 5 de octubre de 2021, salvo que formen parte de la dinámica de un delito contra la libertad sexual que no haya prescrito.

Un principio de prueba, no un juicio de credibilidad

El auto se apoya en el testimonio de la querellante, que según el juez constituye “un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal”.

La querella ofrece además prueba testifical y una fotografía de la querellante 1. En ella se ve un moratón en un brazo, compatible con haber sido agarrada con fuerza, y dos marcas en un muslo que podrían corresponder a una mordedura.

La querella atribuye esas marcas a los actos de contenido sexual en los que, sostiene, se la obligaba a participar.

Piña precisa que el relato detallado y ese indicio “son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad”.

Recuerda también que en estos delitos la declaración de la víctima tiene especial peso, porque suelen cometerse en un ámbito íntimo y sin testigos directos.

Por ahora el instructor no se pronuncia sobre la prescripción. Advierte de que habrá que examinarla más adelante, sobre todo en las conductas que la legislación anterior calificaba como abuso sexual con penas inferiores a cinco años. Con las lesiones y el maltrato ocurre lo mismo: primero habrá que fijar cuándo se cometieron.

Por qué no hay trata

Sobre la trata, el juez analiza cómo se contrató a las dos mujeres y concluye que no hubo engaño ni artificio, ni la situación de vulnerabilidad que describen las querellantes.

El delito contra los derechos de los trabajadores queda fuera por otra razón: según el auto, ni Bahamas ni República Dominicana, donde se habrían producido los hechos, tienen en su código penal un tipo equivalente.

Los mensajes de WhatsApp

El auto dedica un apartado extenso a los mensajes que las querellantes intercambiaron con el cantante y con dos house managers. La querella se dirigió inicialmente también contra ellas ante la Fiscalía, pero no en el juzgado.

El magistrado observa que la relación duró tres años sin ningún reproche por lo ocurrido. “Al contrario, nos encontramos con mensajes que vienen a perpetuar una relación fluida y afectuosa entre personas que denotan amistad”, escribe, y cita las felicitaciones de año nuevo y el interés reiterado por saber cómo estaban. Según el auto, ese trato se mantuvo hasta 2024.

Piña no saca conclusiones de esos mensajes. Señala que el tono cordial deberá contrastarse con el conjunto de la relación y con las explicaciones de las implicadas.

“Los mensajes presentan una aparente discordancia con determinados extremos del relato, que deberá esclarecerse mediante la declaración de la querellante 1 y el examen íntegro y contextualizado de las comunicaciones”, concluye.

Sin protección de testigos ni alejamiento

El magistrado deniega a las querellantes la condición de testigos protegidos y rechaza la orden de alejamiento. Considera que la querella no aporta ningún elemento concreto que acredite la situación de especial peligro que exige la ley.

La posición de dominio que se atribuye al cantante, añade, no basta para presumir un riesgo.

La pregunta sobre la jurisdicción

La parte más llamativa del auto se refiere a la competencia. Piña la asume por el artículo 23 de la LOPJ, que permite a los tribunales españoles juzgar delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles cuando se dan los requisitos legales, como ocurre aquí.

Aun así, recuerda que las querellantes podían acudir a los tribunales del país donde ocurrieron los hechos y que nada permite dudar de la capacidad de la justicia dominicana.

Interpreta que la elección de España responde a “razones de oportunidad procesal o conveniencia”, aunque eso fragmente unos hechos que, por su naturaleza y por el número de personas implicadas, convendría juzgar juntos.

El juez pone el foco en las dos house managers. Según el relato de la propia querella, su actuación podría tener relevancia penal en relación con la agresión sexual. Piña se pregunta por qué no se las ha querellado y apunta una respuesta: “La respuesta parece encontrarse en las limitaciones que presenta la jurisdicción española para extender su conocimiento a personas extranjeras por hechos cometidos fuera del territorio nacional. Mientras que la nacionalidad española del Sr. Iglesias permite invocar el principio de personalidad activa”.

Su conclusión es que el principio de territorialidad ofrece en este caso un marco “potencialmente más adecuado” para una investigación completa y unitaria.

Permitiría extender el procedimiento a todas las personas presuntamente implicadas y evitar una “fragmentación artificial” de los hechos.

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