El Pleno del Tribunal Constitucional ha dado la razón al periodista y escritor Alfonso Loaiza Pérez. Fue condenado por injurias graves a la Policía Municipal de Madrid por tres tuits que publicó el 15 de marzo de 2018, el mismo día en que el mantero senegalés Mame Mbaye murió en la calle del Oso, en Lavapiés.
El tribunal de garantías concluye que los jueces que lo condenaron se equivocaron de derecho fundamental. Loaiza no estaba informando de un crimen. Estaba opinando. Y a la opinión no se le exige veracidad.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, estima el recurso de amparo y anula tres resoluciones.
La primera es la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 20 de Madrid de 12 de octubre de 2021.
La segunda, la de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, de 20 de julio de 2023, que la confirmó en apelación.
La tercera, la providencia que inadmitió el recurso de casación.
La condena era una multa de catorce meses con una cuota diaria de cinco euros, 2.100 euros en total, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Además, le obligaba a publicar la sentencia en Twitter, hoy X.
Los tuits
Los mensajes eran contundentes. En el primero, Loaiza escribió que Mame Mbaye había muerto «cuando era perseguido por la policía», que su «único delito» era «carecer de unos papeles» y que se trataba de «un asesinato» del que era «culpable el Estado policial español».
Más adelante afirmaba: «La policía lo ha asesinado. Para el Estado no era un ser humano». Junto a una foto del fallecido añadió este pie: «Asesinado por la policía de Madrid. El mejor homenaje luchar contra la represión del Estado ¡Salgamos a las calles!».
Por qué lo condenaron
El Juzgado de lo Penal trató los tuits como información. A partir de ahí, la condena se construyó sobre varios argumentos.
Según el juez, Loaiza incumplió su deber como periodista de comprobar la veracidad de lo que contaba, porque atribuía un asesinato y señalaba a sus autores, y ese deber no desaparece por publicar en una red social.
Consideró también que hubo injuria objetiva contra el prestigio de la policía y la confianza ciudadana, proferida con «temerario desprecio a la verdad», ya que pronto se supo que la muerte había sido natural.
ñadió que la injuria no era necesaria para formar opinión pública y que Loaiza, que residía en Barcelona y no en el barrio, tenía distancia emocional y física suficiente para haber sido más reflexivo.
Por último, defendió que la pena era proporcionada porque era económica y no de prisión.
El derecho en juego era la libertad de expresión
El Pleno sitúa el caso en otro terreno. El derecho en juego, sostiene, no era la libertad de información del artículo 20.1.d) de la Constitución, que exige veracidad, sino la libertad de expresión, que no está sometida a ese canon.
La sentencia marca distancias con la STC 52/2026. En aquel asunto pesaba la narración de hechos. En este, según el tribunal, lo predominante no era contar un delito de asesinato ni atribuirlo a agentes concretos, sino emitir una opinión sobre la política represiva del Estado en materia migratoria.
El Pleno se apoya en la letra de los mensajes. Loaiza hablaba de una persona fallecida «cuando era perseguido por la policía» y responsabilizaba al «Estado policial español».
No hacía ninguna referencia a la conducta de un agente determinado. No había, por tanto, un juicio de responsabilidad penal individualizada ni la pretensión de informar sobre la autoría de un crimen.
La sentencia aprecia una doble vulneración. Los tribunales ordinarios erraron, en primer lugar, al tratar como información lo que, por texto y contexto, era opinión.
En segundo lugar, no valoraron que los tuits eran crítica en un debate de interés público sobre las políticas migratorias y que no ofendían el honor de ninguna persona concreta, sino que se dirigían al Estado y a la policía como institución.
Para el tribunal, la lectura de los tres mensajes es clara. No daban noticia del hecho. Daban un juicio de valor que interpretaba la muerte a partir de la condición del fallecido: migrante pobre, mantero y, según el autor, objeto de persecución policial por sus rasgos étnicos.
Tres votos en contra
La decisión no ha sido unánime. Los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla y Concepción Espejel Jorquera han formulado votos particulares discrepantes.