El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el francés El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Mattias Guyomar, ha excluido durante dos años a la abogada rumana Roxana Prisacariu, identificada así por medios de comunicación rumanos.
En ese tiempo Prisacariu, que ejerce en la ciudad de Iasi, al noreste de Rumanía, no podrá representar ni asistir a demandantes ante la Corte de Estrasburgo.
El motivo es que sus escritos estaban plagados de citas jurisprudenciales falsas o erróneas generadas con herramientas de inteligencia artificial, que ella no se molestó en comprobar.
La decisión se adoptó el 13 de noviembre de 2026 al amparo del artículo 44D, apartados 1 y 2, del Reglamento del Tribunal.
Partía de una propuesta motivada de la Sala que tramitaba la demanda en la que la letrada actuaba como una de las dos representantes de los demandantes. La Secretaría del TEDH la hizo pública ayer, 18 de noviembre, en el comunicado ECHR 290 (2026). El comunicado no identifica a la abogada ni el asunto.
Las observaciones que presentó en el procedimiento contenían, según la Sala, «numerosos errores» sobre la jurisprudencia del Tribunal. Había sentencias que no existen, es decir, casos «alucinados».
Había párrafos ficticios atribuidos a resoluciones auténticas. Y había precedentes reales que nada tenían que ver con lo que se argumentaba o que contradecían de forma manifiesta las tesis que pretendían sostener.
«Inexactitudes», según la abogada
Prisacariu reconoció haber usado herramientas de IA para redactar las observaciones. Calificó los fallos de «inexactitudes» y de «errores de cita».
La Sala no compartió esa lectura. A su juicio, no eran equivocaciones aisladas sino «un patrón de errores numerosos, reiterados y sustantivos».
Con esa conducta, la abogada había incumplido los deberes profesionales y deontológicos que impone el Tribunal y que también recoge el Derecho interno rumano.
La Sala recordó lo que exigen la Ley de la Abogacía de Rumanía (Ley 51/1995), las normas que regulan la profesión y la propia jurisprudencia de Estrasburgo: el abogado debe actuar como un profesional razonablemente competente y, ante el TEDH, con un alto grado de prudencia profesional.
En términos prácticos, eso obligaba a cotejar una por una todas las referencias y argumentos generados por la IA con fuentes autorizadas, como la base de datos HUDOC, antes de presentarlos.
La abogada admitió no haber verificado «suficientemente» toda la jurisprudencia citada, pero la Sala consideró que esa admisión se quedaba corta. Respecto de algunas referencias no se hizo comprobación alguna. Lo demostraba el carácter repetitivo de muchos errores, que una consulta somera de HUDOC habría detectado con facilidad.
Perjuicio a la administración de justicia
El Tribunal no se limitó a reprochar la falta de diligencia. También apreció un perjuicio a la administración de justicia. Los errores le obligaron a dedicar un tiempo considerable a verificar las observaciones, a abrir el procedimiento del artículo 44D y a mantener una correspondencia extensa con otros interesados. Según la Sala, ese trabajo es «incompatible» con las funciones que el Convenio encomienda a la Corte.
Antes de decidir, y como exige el Reglamento, la Sala escuchó a la propia abogada, al Gobierno rumano y a la Unión Nacional de Colegios de Abogados de Rumanía.
Sus comentarios se trasladaron a las partes, que pudieron replicar. El Colegio de Abogados de Iași, Rumanía, también fue invitado a pronunciarse, pero no lo hizo.
Con todos esos elementos, la Sala concluyó que se alcanzaba el umbral de «circunstancias excepcionales» que el artículo 44D exige para apartar a un representante. Elevó la propuesta al presidente del Tribunal, que la aprobó.
La exclusión afecta solo a una de las dos representantes, así que los demandantes conservan asistencia letrada en el procedimiento.
La sanción tampoco es definitiva en sentido estricto: el artículo 44D.3 permite que la abogada recupere su derecho de representación. La decisión se ha notificado a la interesada, a los demandantes, al Gobierno de Rumanía, a la Unión Nacional de Colegios de Abogados y al Colegio de Iași.
Un aviso que trasciende Rumanía
El pronunciamiento llega cuando los tribunales de distintos países llevan meses lidiando con escritos que incorporan jurisprudencia inexistente producida por modelos de lenguaje.
En España, el Tribunal Constitucional reprochó en 2024 a un abogado la inclusión de citas de sentencias que no existían y dio traslado al colegio profesional correspondiente.
Ese mismo año, el TSJ de Navarra abordó el caso de un letrado que había copiado en una querella un precepto del Código Penal colombiano tras consultar ChatGPT.
Lo que distingue la decisión de Estrasburgo es la contundencia de la respuesta. El mensaje del TEDH a la abogacía europea es que la IA puede servir como herramienta de apoyo, pero la responsabilidad sobre lo que se firma y se presenta sigue siendo íntegramente del abogado.