La protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y la necesidad de reforzar las garantías jurídicas dentro de las prisiones han centrado las XXVIII Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP), celebradas los días 19 y 20 de noviembre en Logroño.
Organizado por Abogacía Española, el encuentro ha reunido a profesionales del ámbito jurídico, especialistas en derecho penitenciario y representantes de la Administración para analizar los principales desafíos del sistema penitenciario español y el papel que desempeñan los abogados durante el cumplimiento de las condenas.
Bajo el lema «Derecho en prisión: compromiso y acción», las jornadas han puesto de manifiesto que la privación de libertad no supone la pérdida de los derechos fundamentales y que su ejercicio requiere mecanismos eficaces de protección y asesoramiento jurídico.
El debate se produce en un contexto de evolución del modelo penitenciario español, cuyo marco normativo se desarrolló con la aprobación de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979. Desde entonces, el sistema ha experimentado transformaciones que plantean nuevos interrogantes sobre las políticas penales, la supervisión institucional y la prevención de posibles vulneraciones de derechos.
La importancia de garantizar la asistencia jurídica en prisión
Uno de los principales asuntos abordados ha sido el funcionamiento de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, considerados una herramienta esencial para facilitar el acceso a la justicia de las personas encarceladas.
Estos servicios, prestados gratuitamente por abogados con formación específica en derecho penitenciario y materia de género, permiten a los internos recibir asesoramiento especializado sobre cuestiones relacionadas con su situación jurídica y los mecanismos de protección de sus derechos.
Según los datos facilitados por Abogacía Española, el sistema penitenciario cuenta con más de 64.000 internos distribuidos en 96 centros penitenciarios, de los cuales el 93% son hombres.
La institución destaca que cada vez más Colegios de la Abogacía ofrecen este tipo de asistencia, cuya finalidad va más allá de resolver consultas jurídicas: se trata de garantizar que las personas privadas de libertad puedan ejercer sus derechos y acceder a los procedimientos legales disponibles.
Durante las jornadas también se han examinado cuestiones como los traslados penitenciarios, los programas de intervención en prisión, la brecha digital y la orientación de las políticas penitenciarias.
La Abogacía reivindica su papel en la defensa de los reclusos
Entre los participantes han figurado David Rocamora Borrellas, presidente de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española; Miguel Ángel Vicente Cuenca, director general de Ejecución Penal y Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias; Jorge del Cura Antón, Premio Nacional de Derechos Humanos y miembro del Centro de Documentación contra la Tortura; y María Puerto Solar Calvo, jurista de Instituciones Penitenciarias.
Rocamora ha defendido la importancia de conocer la realidad que se vive dentro de los establecimientos penitenciarios y de evitar que la situación de los internos quede al margen del debate jurídico.
«Es importante que hablemos de lo que ocurre dentro de las prisiones y que no demos por hecho que, por estar privados de libertad, estas personas dejan de tener derechos», ha señalado.
El presidente de la Subcomisión de Derecho Penitenciario también ha destacado la contribución de la profesión a la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones mediante el intercambio de experiencias entre profesionales.
Las jornadas han servido asimismo para reflexionar sobre la responsabilidad de las instituciones competentes y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión en los centros penitenciarios.
La Abogacía considera fundamental mantener espacios de diálogo que permitan identificar las dificultades que encuentran los profesionales en su actividad diaria y plantear mejoras en los servicios de asistencia jurídica.
El encuentro ha concluido reivindicando el papel de los SOAJP como instrumentos para garantizar el derecho de defensa y el acceso a la justicia, también durante la ejecución de las penas privativas de libertad.