Las fechas son el centro de la acusación. El 14 de octubre de 2025 el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que prestaba 3.002 millones de euros a la unión temporal de empresas formada por Indra Sistemas y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
El 19 de diciembre a esa misma UTE le adjudicaron, por parte del Ministerio de Defensa, los dos contratos de artillería autopropulsada que el dinero iba a financiar.
Para Manuel Revuelta Lucera, empresario que ejerce la acción popular, ese orden no es casual. Ha firmado dos querellas criminales, las dos con fecha del 17 de noviembre de 2026, que abordan la misma operación desde frentes distintos. Confilegal ha tenido acceso a ambas.
La primera va a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es el tribunal competente por el aforamiento de sus destinatarios principales. Se dirige contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Industria, Jordi Hereu, y otros miembros del Ejecutivo. También alcanza a directivos empresariales y a funcionarios. Su objeto es el Real Decreto 915/2025.
La segunda querella va dirigida a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. Señala a seis altos cargos de Defensa y a representantes de Indra y Escribano por la adjudicación de los dos contratos, que en conjunto suman unos 7.240 millones de euros. Las dos querellas se presentaron a la vez.
Los delitos son los mismos en los dos escritos: prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal), malversación de caudales públicos (artículos 432 y 433.5) y fraude a la Administración (artículo 436).
Un préstamo con nombre propio
El Real Decreto 915/2025 regulaba la prefinanciación de programas especiales de modernización de Defensa. No lo hacía en abstracto, porque nombraba a la UTE como beneficiaria de dos préstamos: 1.181 millones para el programa ATP Ruedas y 1.821 millones para ATP Cadenas.
Según el querellante, los préstamos se dieron al 0 %, sin garantías y, como regla general, sin devolución hasta 2031.
Dos meses más tarde, la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material firmó las adjudicaciones. ATP Ruedas se adjudicó por 2.685.999.499,98 euros y ATP Cadenas por 4.553.999.499,98 euros.
La querella presentada ante el tribunal de instancia de Madrid resume así la tesis: el decreto «eligió y financió a la UTE Indra-Escribano como futura adjudicataria, antes de que se iniciaran los expedientes de contratación».
La norma tiene su propia explicación. El texto vincula la financiación a una selección previa de las entidades consideradas idóneas y permite anticipos antes de formalizar los contratos, con determinadas condiciones.
¿De verdad era la única?
Los anuncios de la Plataforma de Contratación del Sector Público confirman cómo se hizo: procedimiento negociado sin publicidad, al amparo del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite excepciones por razones de seguridad nacional.
Hubo una sola oferta. La Administración justificó la adjudicación en dos razones: la UTE era la única técnicamente capacitada y se habían negociado mejoras de interés para el Estado.
Las querellas sostienen que esa exclusividad no existía. Se apoyan en un informe pericial del doctor ingeniero de Armamento Manfredo Monforte Moreno, fechado también el 17 de noviembre.
Según las conclusiones que reproducen los escritos, cuando se adjudicaron los contratos la UTE no tenía autoridad de diseño para los ATP, ni instalaciones propias adecuadas, ni diseños completos propios, y habría necesitado tecnología y fabricantes extranjeros.
El perito cita como posibles competidores, entre otros, a Santa Bárbara Sistemas, KNDS, Rheinmetall y BAE Systems.
Su argumento central es que la capacidad para ejecutar un contrato puede adquirirse después, mediante subcontratas o alianzas industriales, pero eso no equivale a tener una exclusividad técnica de partida.
El razonamiento tiene una réplica conocida en contratación pública: la solvencia de una agrupación puede incluir medios de terceros y compromisos industriales.
Como así ha ocurrido subcontratando a la empresa surcoreana Hanwha Aeroespace, que está fabricando estos vehículos en su país –35 unidades en estos momentos– y que es la licenciante a la UTE para que luego pueda fabricarlos en España.
Esto contradice el elemento fundamental de las adjudicaciones de los contratos que se basan en que el gobierno de España querría que se produjeran por parte de empresas españolas por razones de seguridad nacional. Esa fue la excusa para dárselo a la UTE.
Seis nombres en Defensa
La segunda querella presentada ante el tribunal de instancia de Madrid asigna a cada alto cargo un papel concreto. Al subdirector general de Adquisiciones de Armamento y Material, José María Belluga Capilla, le atribuye la firma por delegación de las adjudicaciones. Al director general de Asuntos Económicos, José Luis Sánchez Martínez, la cobertura presupuestaria.
Al subdirector general de Programas, José Antonio Gutiérrez Sevilla, la justificación técnica para contratar sin publicidad. Al director general de Armamento y Material, el almirante Aniceto Rosique Nieto, la dirección y supervisión de los procedimientos.
A la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce García, la política de adquisiciones y la selección anticipada de las empresas. Y a la interventora general de la Defensa, María Teresa Gordillo López, haber permitido que se levantaran obstáculos de fiscalización.
Todo ello es, por ahora, el relato del querellante. Ningún órgano judicial lo ha asumido.
Lo que se pide
Al Supremo, Revuelta Lucera le pide que admita la querella, abra diligencias y designe un magistrado instructor. Solicita la documentación del Secretariado del Gobierno sobre la tramitación del decreto, los expedientes de Industria y Defensa, los expedientes completos de contratación, la ratificación del informe pericial y la declaración como testigo de un representante de Santa Bárbara Sistemas. Ofrece una fianza de 3.000 euros.
En Madrid pide la declaración de los seis cargos, informes técnicos y de fiscalización, las comunicaciones internas sobre la selección de las empresas, la documentación de los préstamos y el testimonio de otras compañías del sector.
El querellante
Manuel Revuelta Lucera es empresario, accionista minoritario de Indra y adversario de la familia Escribano desde hace más de un año. El conflicto empezó en la junta del 27 de junio de 2025.
Allí se opuso a que Indra comprara Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa familiar de su entonces presidente, por el conflicto de intereses. En esa misma junta cuestionó otro contrato: los 36 millones que EM&E cobró durante el Covid por suministrar 5.000 respiradores al INGESA.
En noviembre volvió a hablar en la junta, esta vez contra la compra de Hispasat. Ha llevado además a la CNMV lo que considera maniobras de la SEPI y de los Escribano para hacerse con el control de la compañía.
El asunto de los respiradores ha terminado en los juzgados. Según El Español, el Tribunal de Instancia de Madrid admitió a trámite una querella por fraude contra los hermanos Escribano, EM&E y el exdirector del INGESA.
a querella habla de un sobreprecio de 27,4 millones. Es una acusación de parte y nada se ha probado. EM&E contraatacó con un acto de conciliación, paso previo a una querella por injurias y calumnias. Revuelta no se retractó.
Los Escribano, fuera de Indra
Desde entonces el escenario ha cambiado mucho. En abril de 2026 Ángel Escribano dimitió como presidente de Indra, después de que la SEPI exigiera resolver el conflicto de intereses. Le sustituyó Ángel Simón. Un mes más tarde, los dos hermanos vendieron su 14,3% del capital de Indra, valorado en unos 1.315 millones.
Este cambio importa para las querellas. Los hechos que denuncian se produjeron cuando Escribano presidía la cotizada y su familia era, al mismo tiempo, dueña de la socia de Indra en la UTE.
Lo que ha recibido EM&E
En dos ejercicios, la facturación de EM&E pasó de 91 millones (2022) a 355 millones (2024). Según Opina 360, entre 2022 y 2024 Defensa le adjudicó 22 contratos por unos 737 millones, frente a 445 millones de Indra en el mismo periodo.
En 2025 el volumen se disparó. Las UTE de Indra y Escribano sumaron 7.610 millones en adjudicaciones de Defensa, casi una cuarta parte de todo lo contratado por el Ministerio ese año. De esa cifra, 7.240 millones corresponden a la artillería autopropulsada y 370 a los vehículos anfibios de la Infantería de Marina. No se sabe qué parte de ese dinero va a EM&E, porque ninguna fuente pública lo detalla.
Revuelta, además, no es el único que ha impugnando estos contratos. Santa Bárbara Sistemas solicitó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, como medida cautelar, que se paralizara la prefinanciación del Real Decreto 915/2025 de la artillería, lo que fue desestimado. También interpuso recurso contencioso-administrativo ante la misma Sala.