La permanencia de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, pese a estar procesado por revelación de secretos, genera un daño reputacional que trasciende lo meramente jurídico.
Así lo sostiene Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), quien reconoce que legalmente «el procesamiento no implica cese ni suspensión», pero advierte del coste institucional de mantener en funciones al máximo responsable del Ministerio Público bajo sospecha judicial.
Un daño que alcanzará su clímax el próximo 5 de septiembre en el acto de apertura del año judicial que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y que presidirá el Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, flanqueado por la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, y por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En el mismo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tendrá un protagonismo manifiesto.
Es la primera vez en la historia que un fiscal general del Estado procesado participa en el acto cumbre de la Justicia.
La crítica de Oliva se inscribe en un diagnóstico más amplio sobre el deterioro de la confianza ciudadana en la justicia. El dato es revelador: el 80% de los españoles considera que la justicia no siempre es imparcial cuando juzga a partidos políticos, según el CIS.
Una percepción que, a juicio del portavoz de la AJFV, encuentra explicación lógica en el actual sistema de designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial, controlado por los partidos.
Críticas al Ministerio de Justicia
El representante de la AJFV, en esta entrevista con Europapress, arremete contra la gestión ministerial, especialmente por exigir a las asociaciones profesionales el listado de participantes en la huelga judicial del pasado julio.
Una petición que califica de «absurda en términos jurídicos» y que, advierte, podría haber generado responsabilidades penales para los convocantes.
«El comité de huelga nunca tuvo funciones de empleador ni pagador», recuerda Oliva, quien acusa al Ministerio de haber preferido «explotar un relato político» antes que aplicar directamente los descuentos salariales correspondientes. Una estrategia que evidencia, en su opinión, la priorización de la confrontación sobre la gestión eficaz.
Luces y sombras de la reforma
La reforma en tramitación parlamentaria concita una valoración ambivalente. Oliva aplaude el blindaje de las becas para opositores, pero critica duramente el proceso de estabilización de un millar de jueces, que permite acceder a la carrera judicial sin las exigencias tradicionales. «Perjudica tanto a opositores como a ciudadanos», sentencia.
Más preocupante resulta la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que incrementa las atribuciones del fiscal general sin contrapesos institucionales efectivos. «Si las causas penales pasan de jueces a fiscales, el riesgo de concentración de poder será mayor», alerta el portavoz.
El CGPJ entre avances y retrocesos
La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, recibe el reconocimiento de Oliva por su defensa pública de los jueces. Sin embargo, los nombramientos discrecionales siguen respondiendo al tradicional «reparto de cromos» entre asociaciones judiciales, perpetuando vicios que erosionan la credibilidad institucional.
La solución, según Oliva, pasa por transformar el modelo de designación de vocales. Solo así, concluye, será posible «recuperar la independencia real y la confianza social en la justicia».
Un objetivo que requiere voluntad política para superar inercias que han convertido la justicia en campo de batalla partidista antes que en garante de derechos ciudadanos.
