A mediodía del próximo jueves 5 de septiembre tendrá lugar, presidida por S.M. el Rey, la solemne apertura del Año Judicial en la sede del Tribunal Supremo.
El protocolo del acto impone, conforme al artículo 181 LOPJ, que tras la dación por el Secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, S.M. el Rey dé la palabra al fiscal general del Estado, quien leerá la “Memoria anual sobre la actividad de la Fiscalía, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la justicia”.
El sitio del fiscal general en la mesa presidencial es a la derecha de S.M. el Rey, después de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Tras esa lectura por el fiscal general del Estado, S.M. el Rey concede la palabra a la presidenta del CGPJ y del TS, quien presenta la “Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados (hoy inexistentes) y Tribunales de Justicia”.
PREGUNTA DOBLE
1.- ¿Se sentará en la mesa presidencial y leerá la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado el ciudadano procesado Alvaro García Ortiz?
García Ortiz está procesado, ante la existencia del “indicio racional de criminalidad”, (artículo 384 Ley Enjuiciamiento Criminal), por un delito de revelación de secretos. Así lo acordó el magistrado instructor de la Sala Segunda, y lo confirmó en apelación dicha Sala.
2.- ¿Es correcto que un (aforado) fiscal general del Estado, procesado por el Tribunal Supremo, se siente en la mesa presidencial, acompañe a S.M. el Rey y a la presidenta del CGPJ y del TS, y lea la Memoria de la Fiscalía?
PRIMER OLÉ
Según el ministro de Justicia (y de Presidencia y de Relaciones con las Cortes, tres veces ministro), puede actuar Álvaro García Ortiz en la apertura del Año Judicial, pues como fiscal general del Estado “está en plenitud de sus facultades”.
Para Félix Bolaños, el fiscal general del Estado, ciudadano procesado por “indicio racional de criminalidad”, está “en plenitud de sus funciones”, es decir, en el “apogeo, momento álgido o culminante” de su cargo.
Según el ministro de Justicia, cuando el fiscal general del Estado es procesado, alcanza entonces el cénit de su cargo. Increíble, pero cierto. Olé.
Este ministro de Justicia, o no conoce la lengua española, o no sabe lo que es la Fiscalía General del Estado, o desconoce/desprecia la solemnidad de la apertura del Año Judicial por S.M. el Rey.
SEGUNDO OLÉ
Según el artículo 56.1 CE, el Rey “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. Regular quiere decir “ajustado a una regla y conforme a ella”, Diccionario RAE.
Resulta estridente que, con arreglo al Estatuto Fiscal, si un fiscal es procesado, el fiscal general debe inmediatamente suspenderlo de sus funciones.
Y chirría que el jefe de la carrera fiscal tenga que suspender a cualquier fiscal si es procesado, y que él, procesado, no renuncie y continúe como si nada. Peor. Para Bolaños, es cuando al estar procesado por el Tribunal Supremo, el más Alto Tribunal, García Ortiz alcanza entonces la cumbre de su cargo de fiscal general del Estado.
Olé. Ya estamos en un doble salto mortal.
TERCER OLÉ
Para evitar un triple salto mortal, y que la Justicia se estrelle el 5 de septiembre empezando muy mal el Año Judicial, muchos esperamos:
a.- Que García Ortiz, ciudadano procesado, no acuda, por decisión autónoma o “aconsejada”, a la apertura del Año Judicial, bien porque haya dimitido, bien porque tenga la educación de no hacer ostentación de su “indicio racional de criminalidad” ante S.M. el Rey, la Justicia y la sociedad española.
Y b.- Si ello no ocurre, que previa comunicación a la Casa Real, excusen su asistencia al acto solemne de apertura del Año Judicial la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, y el recién nombrado (felicitaciones) presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Desde el mayor de los respetos, no se puede tratar con normalidad lo que, además de NO SER normal, es un auténtico disparate y una burla a la Justicia.
Esperamos todos que García Ortiz se pronuncie sobre si el fiscal general del Estado asistirá a la apertura del Año Judicial.
El FGE debe “velar por la independencia de los tribunales” (artículo 124 CE), debe ser independiente, y no un “prohijado” del ministro de Justicia ni del presidente del Gobierno a pesar de su horrible pregunta retórica: “¿y de quién depende la Fiscalía?”.
No puede ser la destrucción de la división de poder.
Es que no puede ser.
