Las acusaciones populares personadas en el ‘caso Leire Díez’, encabezadas por el PP, han solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la declaración como testigo del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, así como de los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López, ex altos cargos de la Fiscalía General del Estado que mantuvieron reuniones con la exmilitante socialista investigada.
La petición figura en un escrito dirigido al juez, en el que las acusaciones sostienen que la comparecencia de García Ortiz resulta «imprescindible» para comprobar la coherencia entre la versión institucional ofrecida por la Fiscalía General del Estado y el conocimiento que, según afirman, pudo existir en la cúpula de la institución sobre esos encuentros.
En concreto, solicitan que el exfiscal general aclare si tuvo conocimiento de las reuniones, cuándo recibió esa información, por qué cauce le fue trasladada y qué «instrucciones, valoraciones o directrices» pudo impartir en relación con los hechos.
Asimismo, pretenden esclarecer las razones por las que, tras esos contactos, «no se promovió actuación procesal alguna» y por qué dichos encuentros no quedaron reflejados en ningún registro formal de la Fiscalía General del Estado.
Reuniones con el abogado de Santos Cerdán
Según recordaron fuentes de la Fiscalía, Diego Villafañe y Beatriz López mantuvieron dos reuniones entre marzo y abril de 2025 con Jacobo Teijelo, abogado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, acompañado por una mujer presentada como compañera de su despacho, identificada posteriormente como Leire Díez.
Tanto Teijelo como Santos Cerdán y la propia Leire Díez figuran como investigados en este procedimiento, en el que el juez Pedraz trata de determinar si existieron maniobras dirigidas a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno.
Las mismas fuentes de la Fiscalía precisaron entonces que Villafañe y López no actuaron siguiendo instrucciones de García Ortiz y no concretaron el lugar en el que se celebraron aquellas reuniones.
Las acusaciones cuestionan la información facilitada por la Fiscalía
Las acusaciones populares consideran, sin embargo, que las explicaciones ofrecidas hasta ahora por la Fiscalía resultan insuficientes.
En su escrito sostienen que la información facilitada se limita a una descripción genérica de los encuentros, sin detallar el contenido concreto de las manifestaciones realizadas, la posible aportación de documentación o datos verificables, el grado de credibilidad que se otorgó a lo expuesto en ese momento ni las razones por las que no se adoptó ninguna actuación posterior.
A su juicio, la declaración de Diego Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, es necesaria para aclarar cuál fue el contenido material de la información recibida, su eventual relevancia penal y la secuencia de decisiones que se adoptó tras aquellas reuniones.
Respecto a Beatriz López, que entonces estaba adscrita a la Secretaría Técnica, las acusaciones sostienen que su testimonio resulta relevante por tratarse de una testigo directa de los hechos y porque permitiría corroborar o matizar la versión ofrecida por el resto de comparecientes, además de precisar el papel desempeñado por cada uno de los asistentes.
También reclaman la declaración del jefe de seguridad
El escrito incorpora otras diligencias de investigación. Entre ellas, las acusaciones solicitan la comparecencia del jefe de seguridad de la sede de la Fiscalía General del Estado para que informe sobre los sistemas de control de acceso existentes durante el periodo investigado.
Igualmente, interesan la declaración de otra fiscal que intervino en la tramitación de escritos presentados por el exasesor ministerial Koldo García.
Estas peticiones se enmarcan en la investigación que dirige el magistrado Santiago Pedraz sobre una presunta trama que, según la tesis investigadora, habría sido liderada por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez con el objetivo de obstaculizar distintas causas judiciales.
Tras la salida de Álvaro García Ortiz de la Fiscalía General del Estado, su sucesora, Teresa Peramato, nombró a Diego Villafañe fiscal del Tribunal Supremo y a Beatriz López fiscal de la Audiencia Nacional.
