La Fiscalía General del Estado ha confirmado lo que el magistrado instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, llevaba semanas intentando acreditar. Diego Villafañe, exteniente fiscal de la Secretaría Técnica se reunió en dos ocasiones distintas con Leire Díez y con Jacobo Teijelo, el abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán.
Las reuniones tuvieron lugar en la propia sede del organismo, en la madrileña calle Fortuny. Entre abril de 2024 y mayo de 2025. Villafañe era uno de los hombres de confianza del entonces fiscal general del Estado era Álvaro García Ortiz.
No es un detalle menor. El magistrado de la Audiencia Nacional había requerido expresamente a la Fiscalía información sobre la existencia de esos encuentros. Y la Fiscalía, ahora, los reconoce.
La respuesta llegó en forma de comunicación remitida al instructor.
Dos reuniones. Una en mayo, otra en primavera
Los hechos, según la versión oficial del ministerio público, son los siguientes.
El 6 de mayo de 2025, Villafañe y Beatriz López Pesquera —entonces fiscal de la Secretaría Técnica— mantuvieron una reunión con Teijelo.
El abogado, según las fuentes fiscales, «informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal».
Dicho de otro modo: acudió a la sede de la Fiscalía General a trasladar información comprometida sobre terceros.
Antes de ese encuentro, entre finales de marzo y principios de abril, Villafañe ya se había visto con Teijelo en una primera reunión.
En ambas ocasiones, el letrado fue acompañado de una mujer. Una mujer presentada como «compañera de despacho». Esa mujer era Leire Díez.
Durante el mandato de García Ortiz, Villafañe tuvo un papel relevante en la coordinación de asuntos internos de la Fiscalía y participó en la gestión de cuestiones institucionales de especial sensibilidad.
Fue investigado por el Tribunal Supremo en la causa relacionada con la presunta filtración de datos del expediente fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, aunque posteriormente el Supremo archivó la causa respecto de él al no apreciar indicios suficientes para mantener su imputación.
Sin registros de otros investigados
La Fiscalía, al mismo tiempo, se cubre. Asegura que «no existen registros» de visitas a su sede por parte del resto de los investigados en la causa: la propia Díez —ahora ya identificada—, Teijelo, el abogado Ismael Oliver, el empresario Javier Pérez Dolset.
Tampoco de José García Cabrera, abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo y citado como testigo en la causa.
La ausencia de registros, sin embargo, no equivale a la ausencia de contactos. Es una distinción relevante. Y Pedraz la conoce bien.
El telón de fondo
El instructor investiga una presunta trama organizada bajo el mando de Santos Cerdán y coordinada operativamente por Leire Díez.
Su supuesto objetivo: interferir en procedimientos judiciales que pudieran comprometer al PSOE o al Gobierno. Una red de obstrucción, si se confirma lo que apunta el sumario, tendida sobre algunos de los casos más sensibles de la justicia española.
Las reuniones en la sede de la Fiscalía General —con un teniente fiscal, en horario de trabajo, con investigados que acceden presentándose bajo una coartada profesional— son precisamente el tipo de contacto que Pedraz lleva meses queriendo documentar.
Ahora tiene la confirmación por escrito. Del propio ministerio público.
