La defensa de Santos Cerdán ha dirigido un escrito a los juzgados de Plaza Castilla en el que rechaza que el juez Santiago Pedraz concentre las dos investigaciones abiertas sobre la exmilitante socialista Leire Díez en la Audiencia Nacional.
El exmilitante socialista considera que la competencia corresponde a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, nº9, del que es titular el magistrado Arturo Zamarriego y lugar donde se encuentra la causa que instruye contra Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.
La decisión de Pedraz de asumir las dos causas, en duda por el abogado de Cerdán
Para la defensa de Cerdán, no existen razones jurídicas que justifiquen esa inhibición a favor de la Audiencia Nacional. Por el contrario, sostiene que la investigación debe permanecer en los juzgados madrileños porque todos los hechos investigados habrían tenido lugar en la Comunidad de Madrid y estarían vinculados a organismos e instituciones con sede en esta comunidad.
«Todos los hechos objeto de investigación habrían sido presuntamente cometidos en la Comunidad de Madrid», argumenta el recurso, que concluye que «en modo alguno puede mantenerse la competencia» de la Audiencia Nacional para conocer de estos hechos.
Dos investigaciones con objetos distintos
Uno de los principales argumentos de la defensa es que ambas causas responden a investigaciones diferentes y, por tanto, no deberían acumularse en un único procedimiento.
Según sostiene Cerdán, la investigación sobre las supuestas maniobras dirigidas a desestabilizar procedimientos judiciales constituye un asunto completamente independiente de la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre las presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos.
Aunque los investigadores sitúan al exdirigente socialista como supuesto líder de ambas estructuras —incluido el denominado grupo «Hirurok»—, la defensa insiste en que se trata de hechos «totalmente aislados» entre sí.
En esa línea, sostiene que la Audiencia Nacional «en ningún caso puede investigar» lo que denomina el «grupo de gestión de crisis» surgido en 2024 para hacer frente a la presión política y judicial.
La gestión política, fuera del ámbito de la Audiencia Nacional
El recurso va un paso más allá y plantea que, incluso si el juez Pedraz entendiera que la Audiencia Nacional es competente para continuar investigando la presunta trama de adjudicaciones irregulares y las supuestas comisiones vinculadas a contratos públicos, esa competencia no podría extenderse automáticamente a las actuaciones relacionadas con la gestión de la crisis política y mediática.
La defensa diferencia claramente ambos escenarios. Mientras una de las investigaciones gira en torno a presuntos delitos de naturaleza económica cometidos a partir de 2021, la otra —afirma— se limita exclusivamente a actuaciones de carácter político y comunicativo.
Por ello, concluye que la causa seguida contra Leire Díez no guarda conexión suficiente con la investigación sobre las supuestas irregularidades económicas como para justificar su acumulación ante la Audiencia Nacional.
Será ahora el propio órgano judicial quien deba resolver este conflicto competencial, una decisión que determinará si ambas investigaciones continúan por separado o terminan concentradas bajo la dirección del juez Santiago Pedraz.
