La Fiscalía no había terminado de cerrar una herida cuando se le ha abierto otra.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales —la APIF, la tercera asociación en la carrera— exige la apertura inmediata de una investigación interna tras conocerse que Diego Villafañe, por entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y uno de los hombres de máxima confianza de Álvaro García Ortiz, se reunió en dos ocasiones con Leire Díez.
La asociación habla de «máxima gravedad». Y no es una expresión escogida al azar: encuentros entre la cúpula de confianza del Ministerio Público y una de las personas investigadas en el caso Leire Díez.
Ahí está el problema.
Lo que la APIF pone sobre la mesa no es solo lo que pasó, sino lo que no se ha contado. En un comunicado con un título que ya lo dice todo —»Neutralidad política e independencia de la Fiscalía»—, la asociación denuncia que la Fiscalía General no ha dado ni una sola explicación sobre el contenido y la finalidad de esas reuniones.
Y ese silencio, sostiene, está sembrando inquietud dentro y fuera de la institución. La falta de transparencia no apaga las dudas. Las alimenta.
El momento, además, no podía ser peor.
Porque esto sale a la luz cuando el Ministerio Fiscal todavía trata de levantarse de la crisis del anterior fiscal general.
Aquella que acabó con García Ortiz procesado y, después, condenado por un delito cometido en el ejercicio del cargo.
Sobre ese suelo aún inestable cae ahora la noticia de que uno de sus colaboradores más estrechos se sentó —dos veces— con una figura central de una investigación de enorme repercusión pública.
Por qué importa tanto la Secretaría Técnica
Conviene detenerse aquí, porque el cargo lo explica casi todo.
La Secretaría Técnica no es un órgano cualquiera. Es el principal instrumento de asesoramiento del fiscal general del Estado, integrado por fiscales de su máxima confianza, a los que nombra y cesa libremente.
De ahí salen las circulares, las consultas, las instrucciones que conforman la doctrina interna de la Fiscalía. Doctrina de obligado cumplimiento para todos los fiscales españoles.
Es el cerebro normativo de la casa.
Y precisamente por eso, dice la APIF, la pregunta se vuelve incómoda: la Secretaría Técnica no tiene competencia alguna sobre procedimientos penales concretos. No le toca.
Entonces, ¿qué pintaba su teniente fiscal reuniéndose con Leire Díez?
Tres preguntas. Cero respuestas.
El comunicado las deja por escrito, una detrás de otra.
Primera: ¿por qué se aceptaron dos reuniones con Leire Díez?
Segunda: ¿cuál era el objetivo, y qué podía aportar un órgano cuya función se limita al asesoramiento institucional del fiscal general?
Tercera —y quizá la más espinosa—: ¿por qué la Fiscalía Anticorrupción no fue informada ni de las reuniones ni de su contenido?
Tres preguntas que siguen flotando sin contestación. Y para la asociación, ese vacío no es neutro. La ausencia de explicaciones, escribe, «tiñe» los encuentros de fines que no pueden justificarse en público. El silencio, aquí, no es prudencia. Es sospecha.
«No basta con ser independiente: hay que parecerlo»
Es el viejo principio, y la APIF lo invoca sin rodeos. La Fiscalía es una pieza esencial del Estado de Derecho, y su legitimidad se sostiene tanto sobre lo que hace como sobre lo que la ciudadanía percibe que hace.
«La Fiscalía no sólo debe funcionar de manera independiente sino que además debe parecerlo», remacha la asociación.
Detrás está el artículo 124 de la Constitución, que sujeta la actuación del Ministerio Fiscal a los principios de legalidad e imparcialidad.
Principios que, según la APIF, exigen transparencia absoluta justo cuando aparecen informaciones que salpican a miembros destacados de la Fiscalía General.
Y aquí la asociación afila el mensaje. La fiscal general, Teresa Peramato, había hablado de «curar heridas» y «pasar página».
La APIF responde, casi con sequedad, que reuniones como estas producen el efecto contrario: en lugar de cerrar la herida, la abren más.
Lo que la APIF pide, en concreto
No se queda en la queja. Reclama actuaciones.
La asociación solicita que la Fiscalía General inste de inmediato a la Inspección Fiscal a incoar diligencias de investigación al amparo del artículo 144 del Reglamento del Ministerio Fiscal.
El objetivo: reunir toda la información disponible sobre los encuentros y depurar las responsabilidades que puedan derivarse.
Y pone nombres. Pide que se tome declaración a tres personas. A Álvaro García Ortiz, exfiscal general, hoy fiscal de sala adscrito a la Sección Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo. A Diego Villafañe, exteniente fiscal de la Secretaría Técnica y actual fiscal del Tribunal Supremo. Y a Beatriz López Pesquera, exfiscal de la Secretaría Técnica, ahora destinada en la Audiencia Nacional.
La frase que lo resume
La APIF cierra donde empezó: «máxima gravedad». Reuniones entre fiscales del círculo de confianza del anterior fiscal general y personas investigadas en el caso Leire Díez.
Va más allá. Sostiene que lo conocido hasta ahora apunta —»indiciariamente», matiza— a una posible cooperación de la Fiscalía General con estrategias de influencia vinculadas a los investigados. Una insinuación grave, que la propia asociación admite que habrá que esclarecer.
De momento, exige una respuesta. Ya. Porque el silencio institucional, advierte, no solo daña la imagen de la Fiscalía: ahonda la desconfianza ciudadana hacia una institución que debería actuar siempre con plena sujeción a la legalidad, la imparcialidad y la transparencia.
La pelota está en el tejado de la Fiscalía General. Y cada día que pasa sin respuesta pesa un poco más.
