Dos citaciones. Un mismo juzgado. Y una pregunta que sobrevuela la Audiencia Nacional desde hace meses: ¿hasta dónde llegó la sombra de Leire Díez dentro de la Guardia Civil?
Santiago Pedraz interroga hoy, jueves, a la directora general del cuerpo, Mercedes González, a partir de las 10.15 horas. Después le tocará el turno al director adjunto operativo, Manuel Llamas. Ambos comparecen como investigados. Ambos se enfrentan a los mismos delitos: prevaricación y obstrucción a la justicia.
No es un trámite menor. Es la primera vez que la propia dirección general del Instituto Armado se sienta en el banquillo de las diligencias por esta causa.
Tres reuniones, un informe, una imputación
El origen de la citación a González está en un informe de la Unidad Central Operativa. La UCO —la unidad que investiga, entre otras causas, el ‘caso Koldo’— sitúa tres encuentros presenciales entre la directora general y la exmilitante socialista: 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024, 2 de abril de 2025. Fechas concretas. Contactos documentados, según ese informe policial, cuyo contenido corresponde ahora contrastar en sede judicial.
La tesis de los investigadores, tal y como consta en la causa, apunta más lejos: que Díez, apoyándose en esa relación, habría marcado como objetivo abrir «investigaciones internas» contra la propia UCO. Y que lo habría conseguido, según ese mismo informe, instigando a González para que activara actuaciones administrativas contra la unidad.
Es una acusación grave. Y es, por ahora, eso: una acusación que figura en un atestado policial, no un hecho probado.
«Nunca, jamás»
González ya se defendió en público antes de que la citaran a declarar. Fue en el Senado, en mayo. Su frase, contundente, quedó grabada: aseguró que «nunca, jamás» interfirió en ninguna investigación de la UCO, que no presionó a ningún agente, que no participó en trama alguna para anular causas judiciales.
Pero no negó los encuentros. Al contrario: los admitió. Reconoció haberse visto con Leire Díez en varias ocasiones y haber cruzado con ella «unos cuantos mensajes de WhatsApp», de cuando ella era delegada del Gobierno en Madrid y Díez ocupaba la dirección de Relaciones Institucionales de Correos.
Sobre la cita de septiembre de 2024, su versión difiere de la lectura policial: sostuvo que Díez, en ningún momento, habló de investigaciones en curso de la Guardia Civil.
Hay un episodio más, y es el que más preguntas plantea. En mayo, según el relato de la propia González, Díez le pidió que devolviera a su destino al comandante Rubén Villalba —investigado en el ‘caso Koldo’—.
La directora general afirma que «rechazó de plano» esa petición. Habrá que ver qué dice hoy ante Pedraz, bajo la fórmula de investigada, con todas las garantías —y también con todas las consecuencias— que eso implica.
El DAO y la investigación al hermano de Sánchez
El caso de Manuel Llamas tiene otro origen, pero apunta en la misma dirección: presión sobre la UCO.
Según un informe de la unidad, el que fuera su jefe entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, reveló presiones de Llamas y del entonces director general, Leonardo Marcos, para que la UCO «se pusiera de perfil» en la investigación judicial a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La Fiscalía Anticorrupción no se quedó al margen. Respaldó la citación de Llamas como investigado. Su argumento: la intención era «generar un efecto de desaliento» en la unidad para frenar sus pesquisas.
El escrito de las fiscales anticorrupción es, en este punto, especialmente duro. Habla de actuaciones dirigidas —»indiciariamente», matizan— a «inquietar el normal desenvolvimiento» de la UCO en distintos procedimientos.
Y señala un mecanismo concreto: alimentar la sospecha sobre la unidad ante la propia directora general, lo que —según la Fiscalía— derivó en la apertura de expedientes de información reservada. Uno de ellos, por la presunta filtración a la prensa de mensajes entre José Luis Ábalos y otros dirigentes socialistas que, subrayan las fiscales, ya se sabía «con certeza» que habían sido publicados por el propio extitular de Transportes.
La conclusión de Anticorrupción no deja lugar a matices: abrir informaciones reservadas sucesivas contra los integrantes de una unidad policial que investiga causas de «especial trascendencia» tiene, dicen, «una evidente capacidad» para desalentar el ejercicio independiente de la policía judicial.
