La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la tasación definitiva de las costas procesales que deberá abonar el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como consecuencia de su condena por un delito de revelación de secretos por la causa especial 20557/2024.
El importe asciende a 39.009,48 euros, después de que el alto tribunal redujera previamente casi a la mitad la cuantía inicialmente fijada.
Así lo ha establecido el alto tribunal en un auto al que ha tenido acceso este periódico. Esta resolución desestima los recursos formulados tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, que actuaba en representación de García Ortiz, y avala la tasación practicada tras la revisión de los honorarios reclamados por la acusación particular.
La complejidad procesal y la trascendencia institucional de los hechos avalan fijar las costas en 39.000 euros
La resolución rechaza, en primer lugar, el argumento de la Abogacía del Estado relativo a la supuesta escasa complejidad del procedimiento. A juicio de la Sala, el proceso presentó una elevada complejidad tanto desde el punto de vista material como procesal.
En el plano sustantivo, los magistrados subrayan la especial trascendencia institucional de los hechos enjuiciados, al afectar a la presunta revelación de información reservada por quien ostentaba la máxima representación del Ministerio Fiscal, en un contexto estrechamente vinculado al deber de confidencialidad inherente al ejercicio de esa función.
En el ámbito procesal, el tribunal destaca que la tramitación estuvo marcada por la pluralidad de partes personadas, el paso de la causa desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al Tribunal Supremo debido al aforamiento del acusado, la apertura de quince piezas separadas para resolver distintos recursos de apelación y la práctica de numerosas diligencias de investigación, incluidas comisiones rogatorias dirigidas a Irlanda y Estados Unidos.
A ello se sumó, según la Sala, una intensa actividad impugnatoria mantenida durante toda la instrucción.
El exfiscal general del Estado fue condenado a dos años de inhabilitación para el cargo el pasado mes de diciembre
La decisión se enmarca en la ejecución de la sentencia por la que García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo de fiscal general del Estado, además del pago de una indemnización y una multa por importe conjunto de 17.200 euros.
Esta cantidad fue sufragada por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) mediante una colecta entre sus asociados. La condena incluía igualmente la obligación de asumir las costas procesales.
La controversia sobre su cuantificación surgió después de que el Tribunal Supremo fijara inicialmente las costas en 79.942,70 euros. Tanto la Abogacía del Estado como el Ministerio Fiscal impugnaron esa cifra por considerarla excesiva e improcedente.
Como consecuencia de esa impugnación, el alto tribunal acordó el pasado mes de marzo reducir la tasación al excluir de las costas diversas actuaciones procesales y moderar la minuta presentada por la representación de Alberto González Amador, que había reclamado cerca de 80.000 euros en concepto de honorarios profesionales.
En el auto ahora dictado, la Sala recuerda que esa reducción ya respondió a un ejercicio de «ponderación y moderación» ajustado a las circunstancias del procedimiento. Por ello, concluye que no existen razones para aplicar una nueva rebaja, como sostenía el Ministerio Fiscal, y confirma de forma definitiva la cuantía de 39.009,48 euros.
