La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha anunciado que ya se ha alcanzado “íntegramente el importe necesario” para hacer frente a la sanción económica impuesta por el Tribunal Supremo (TS) al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un comunicado difundido este jueves, la asociación informa de que “decenas de fiscales de todos los territorios y categorías” han respondido al llamamiento realizado hace un mes para recaudar fondos destinados a sufragar la multa de 7.200 euros y la indemnización de 10.000 euros fijadas en la sentencia del Alto Tribunal, que también impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo.
Según la UPF, la campaña no respondía a un planteamiento económico, sino “ético”. “Nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional”, señala la asociación, que ha venido defendiendo públicamente la actuación y la inocencia del ex fiscal general del Estado.
Ciudadanos ajenos a la Fiscalía de García Ortiz
La asociación destaca, además, que la iniciativa ha contado con el apoyo de ciudadanos que no pertenecen al Ministerio Fiscal. “Hemos recibido mensajes de ciudadanos y ciudadanas que, sin pertenecer al Ministerio Fiscal, se han puesto en contacto con nosotros para manifestar su deseo de colaborar”, indican desde la UPF, subrayando que finalmente estas aportaciones se materializaron.
En el comunicado, la asociación afirma que García Ortiz “asumió en primera persona una responsabilidad institucional que protegía a la Fiscalía en su conjunto” y que la respuesta solidaria recibida evidencia que “esa responsabilidad no fue en vano”. A su juicio, respaldar al ex fiscal general en estas circunstancias supone también “defender la dignidad del servicio público, la independencia profesional y la idea de que la justicia nos concierne a todos”.
La UPF, organización a la que perteneció Álvaro García Ortiz, puso en marcha la campaña de colaboración hace un mes, con carácter “estrictamente voluntario y solidario”, con el objetivo de cubrir “las responsabilidades económicas derivadas” de la condena dictada por el Tribunal Supremo.
