En estos días se cumplen ocho años de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa tras una moción de censura justificada de forma falaz como un ejercicio de regeneración democrática.
No cabe mayor impostura y cinismo. Aquella moción fue, en realidad, la inauguración de una etapa de degradación institucional y corrupción generalizada que no debería prolongarse ni un día más.
Pocas frases resumen mejor esa degradación que la pronunciada por Sánchez en noviembre de 2019: “¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está”.
Aquellas palabras no fueron un desliz, sino una declaración de principios: una forma de ejercer el poder en la que las instituciones dejan de ser contrapesos para convertirse en instrumentos al servicio del Gobierno.
Pero en realidad esta deriva no comienza con Sánchez, sino con el imputado Zapatero y con quien fue su fiscal general, Cándido Conde‑Pumpido, hoy al frente del Tribunal Constitucional.
El llamamiento de este último a “mancharse las togas con el polvo del camino”, en plena negociación con ETA, resume una concepción del poder en la que la independencia institucional se subordina a la estrategia política.
Eso sí, con Sánchez se acabaron las caretas: el titular de la Fiscalía General del Estado se pone abiertamente al servicio de su Gobierno, sin el menor disimulo.
El punto de inflexión llegó a comienzos de 2020 con el cese de su primera fiscal general, María José Segarra, que no cedió a las presiones del Gobierno en la causa del procés.
En su lugar, Sánchez colocó a Dolores Delgado, que pasó de dirigir el Ministerio de Justicia a la cúpula fiscal, sin solución de continuidad.
En una institución como la Fiscalía, tan importante como ser independiente es parecerlo, y ese nombramiento dinamitó la apariencia de imparcialidad.
Tras Delgado llegó su mano derecha, Álvaro García Ortiz. Con él al frente, la Fiscalía funcionó como un apéndice más de La Moncloa.
Basta observar su insistencia en aplicar la Ley de Amnistía al prófugo Puigdemont o sus bochornosas actuaciones defendiendo a la esposa y al hermano del presidente con más celo que sus propios letrados.
Además, esta misma semana hemos conocido que la UCO sitúa a la fontanera Leire Díez en reuniones con un contacto de la Fiscalía General entre marzo y abril de 2025. Por tanto, García Ortiz habría convertido la sede de Fortuny en una pieza más de las cloacas del sanchismo.
Pero la degradación y el descrédito de la Fiscalía alcanzaron su máxima expresión con la sentencia del Tribunal Supremo por revelación de secretos. Por primera vez en nuestra democracia, un fiscal general del Estado es condenado por vulnerar la ley que está llamado a proteger, para atacar a un rival político de Sánchez.
Por muchas apariciones mediáticas y consignas que repitan los medios afines al Gobierno, García Ortiz quedará en el imaginario colectivo como lo que es: un lacayo al servicio de Pedro Sánchez.
Tras su dimisión, tomó el relevo Teresa Peramato en diciembre del año pasado. Tras un perfil aparentemente técnico y discreto, la nueva fiscal general está dando continuidad al sectarismo de su predecesor y, pudiendo hacer lo correcto, está haciendo lo esperado.
El mismo día de su toma de posesión, Peramato respaldó sin matices la gestión de García Ortiz.
Además, lejos de ejecutar la sentencia del Alto Tribunal y apartarle de la carrera fiscal, le ha procurado un destino tranquilo en la Sala de lo Social del Supremo, ha recurrido su condena ante el Constitucional e incluso ha solicitado su indulto.
Pero es en sus nombramientos recientes donde mejor se refleja su forma de proceder. Ha colocado en puestos clave al denominado “equipo Fortuny”, un núcleo de fieles a García Ortiz, mientras purga a perfiles con mayor escalafón y experiencia, como ha ocurrido con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que no se doblegó a las presiones del fiscal general del Estado.
Con Peramato al frente, el mérito y la capacidad han dejado paso a la lealtad política como criterio de promoción.
A todo ello se suma el silencio cómplice de la fiscal general ante las acusaciones de lawfare del Gobierno de Sánchez y las maniobras de las cloacas dirigidas a torpedear las investigaciones judiciales que afectan al Ejecutivo, al PSOE y al entorno del presidente.
La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, junto al propio Consejo General del Poder Judicial, han reaccionado con firmeza, censurando públicamente estos ataques a la Justicia. En cambio, la fiscal general del Estado ni está ni se le espera.
Afortunadamente, la Fiscalía no es su cúpula. Más allá de quienes la dirigen circunstancialmente, la carrera fiscal está integrada por profesionales ejemplares que actúan con rigor, independencia y pleno sometimiento a la legalidad, al margen de cualquier presión o consigna política.
Es precisamente esa independencia de la carrera fiscal la que no han respetado los que han estado al frente de la institución en los últimos años, convirtiéndose en el ministro o ministra 23 de Sánchez.
