España asiste a un proceso de erosión de su soberanía donde confluyen la inacción deliberada del gobierno, la connivencia con intereses extranjeros y la utilización pervertida de las instituciones.
Lejos de ser una crisis fortuita, nos encontramos ante una presión coordinada que tiene en el desafío migratorio y en la pérdida de libertades sus exponentes más claros.
Para justificar la indefensión nacional y la apertura de las fronteras, se excusan en la aplicación jurídica, pretendiendo a elevar resoluciones especificas al rango de doctrina general.
Conviene recordar la norma fundamental que rige esta materia, el artículo 1.6 del Código Civil, el cual dispone textualmente que «la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho».
La expresión clave contenida en el precepto es «de modo reiterado».
Si bien el texto legal no fija expresamente un número cerrado, la reiteración implica como mínimo dos sentencias confirmatorias de una fundamentación, esa exigencia ha sido construida por la propia doctrina del Tribunal Supremo.
Conforme a la regla general mantenida por la jurisprudencia. Una sola sentencia, con carácter general, no crea jurisprudencia ni puede imponerse con carácter determinante a una situación generalizada. Son necesarias cuando menos dos sentencias coincidentes en el mismo sentido para que pueda hablarse de doctrina jurisprudencial conforme aquella regulación.
Pretender aplicar con carácter general una resolución particular, originada en un recurso de un Abogado del Estado a una resolución anterior sobre un supuesto individualizado, cuyo contenido vincula su desestimación, a situaciones de carácter masivo, concertado y doloso constituye una vulneración de las normas reguladoras y de los principios jurídicos básicos, en que esta situación pretende excusarse.
La coartada jurídica y la aplicación del derecho no son válidos para provocar y sostener esta situación.
Partiendo de esta base, uno de los mecanismos utilizados para justifica el drama y el caos Ceutí es intentar legitimar la falta absoluta de control fronterizo tergiversando las fuentes de la ley, en que la jurisprudencia solo tiene un carácter complementario e interpretativo subsidiario de esta.
Aquella exigencia de reiteración y el respeto al caso concreto impide obtener una bula para avanzar en un camino contrario a la Ley. Una sentencia aislada no puede desvincularse de la realidad fáctica individual sobre la que se dicta, ni mucho menos imponerse con carácter general o pretender crear doctrina vinculante fuera de sus estrictos límites.
La improcedencia en la invasión provocada
La improcedencia de la excusa del levantamiento de la valla en una resolución no permite justificar una invasión. Pretender trasladar un pronunciamiento referido a un caso particular, donde se discutía la existencia estricta de elementos jurídicos y materiales de contención en un nadador determinado en el recurso especifico contra una sentencia, no permite validar el rechazo inmediato a una entrada masiva, concertada, dolosa y organizada es una burla a la técnica jurídica, trasladando al Tribunal Supremo unos efectos o una doctrina no contemplados en la misma.
La simple extensión, artificiosa, de la inexistencia de una línea desde tierra constitutiva de frontera, para afirmar el incumplimiento normativo, ignora la realidad de los hechos cuando existe una actuación premeditada y masiva, el infractor conoce perfectamente la existencia de las barreras terrestres y físicas evitadas, las cuales son rebasadas de manera dolosa.
No cabe la aplicabilidad de la duda del error o la incertidumbre. Ningún principio protector del derecho puede amparar o pervertir su finalidad cuando la conducta de entrada no responde a la ignorancia o al azar, sino a una estrategia dirigida a vulnerar los controles. La norma sobre la devolución en caliente no puede quedar invalidada ni vaciada de contenido por el hecho de que miles de personas actúen de manera concertada para burlar los límites del Estado.
Ni cabe por tanto la dejación de funciones de un gobierno para amparar la soberanía de una nación a la que viene obligado a proteger. Ampararse en estas excusas para permitir el acceso descontrolado a través de puntos concretos, mientras se renuncia deliberadamente a cualquier medida de contención, infraestructura o refuerzo, evidencia una incompetencia culpable y una absoluta falta de voluntad para proteger las fronteras.
Esta instrumentalización de la ley en una táctica de presión exterior consentida se enmarca en una estrategia más amplia donde actores externos, con la complicidad activa o pasiva de los sucesivos ejecutivos españoles, miden la resistencia del Estado.
El papel de Marruecos resulta axiomático. La presión fronteriza constante no responde a dinámicas espontáneas, sino a una estrategia planificada que utiliza la llegada masiva de personas como herramienta de presión política y territorial sobre enclaves estratégicos como Ceuta, Melilla y Canarias.
La pasividad institucional, solo se entiende como un concierto o deuda de nuestro poder ejecutivo. Mientras las autoridades extranjeras organizan y facilitan estas marchas, el gobierno español no solo omite adoptar medidas efectivas de protección y disuasión, sino que facilita logísticamente su distribución interior, desoyendo las denuncias de las fuerzas de seguridad y el clamor de los ciudadanos.
Se confirma así un ensayo de conquista y sumisión tolerado por quienes vienen obligados a impedirlo. Lo que se vive en las fronteras españolas no es un flujo migratorio ordinario, sino un ensayo de éxito para comprobar la vulnerabilidad de un país incapaz de tutelar sus propios derechos, su seguridad y su territorio. Ante la ineficacia de unos gobernantes entregados y la pasividad de los organismos europeos, España camina peligrosamente hacia la pérdida definitiva de su soberanía frente a amenazas afinadamente planificadas.
