El Tribunal Supremo ha fijado en 79.942,70 euros las costas del procedimiento judicial en el que el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz fue condenado por revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Tras la condena a Álvaro García Ortiz, ya exfiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación especial, además del pago de 17.200 euros como indemnización y multa, parecía haberse dado por cerrado el caso del exfiscal y la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Ello, después de que la UPF consiguiera, en una recaudación de fondos, hacer frente a la sanción económica impuesta al exFGE.
Sin embargo, ahora, el Tribunal Supremo ha recordado a García Ortiz su última cuenta pendiente. En concreto, el pago de costas.
Así, el alto tribunal ha estipulado que el exfiscal general deberá abonar un total de casi 80.000 euros en costas por el juicio con González Amador. En concreto, el TS detalla que la minuta del abogado de González Amador asciende a 64.778,78 euros, a los que se suman 13.603,32 euros de IVA y 1.560,38 euros correspondientes a los honorarios profesionales de la procuradora.
La explicación de las costas a García Ortiz
En cuanto a la cuantía, el letrado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, presentó un escrito, en el que justifica sus honorarios por la “evidente complejidad en ambas vertientes, material y procesal” del procedimiento.
En su argumentación, el abogado subrayó que “nunca antes un fiscal general del Estado había protagonizado la filtración de información reservada obtenida en el ejercicio de su función jurisdiccional de una persona vinculada a un representante público del partido político rival del Gobierno que le nombró”.
Asimismo, aludió a la pluralidad de partes intervinientes en el procedimiento, al aforamiento de García Ortiz, a la “destrucción” de archivos y a la posición de la Fiscalía, favorable a la absolución del que fuera su jefe.
El letrado también advirtió de la “falta de referentes objetivos y transparentes para la cuantificación de los honorarios a efectos de tasación de costas”, indicando que ajustaría su minuta a los criterios orientativos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Entre los conceptos detallados, Rodríguez Ramos fija, por ejemplo, en 250 euros la preparación de cada uno de los interrogatorios —cerca de una veintena— y en 750 euros cada uno de los recursos de apelación presentados ante el tribunal.
Una cuantía de las costas procesales ante la que ahora habrá que esperar si, nuevamente, UPF sale en defensa «económica» de García Ortiz.
