Este martes, en Madrid, se presentaba el libro “Hacienda y el Estado dual”, escrito por el abogado canadiense Robert Amsterdam y Christopher Wales, economista británico. Fue uno de los principales asesores fiscales del Gobierno laborista de Gordon Brown cuando este era ministro de Hacienda.
Wales posteriormente trabajó en Goldman Sachs y ha estado vinculado al ámbito académico a través del Oxford University Centre for Business Taxation. Es considerado una autoridad internacional en diseño de sistemas fiscales y gobernanza tributaria.
En este libro, ambos expertos analizan el sistema “dual” de la economía española, y dejan claro que el actual funcionamiento de Hacienda es, en realidad, un expolio al ciudadano condicionado por el miedo a las represalias económicas del Estado, y por tanto, a la bancarrota.
El concepto de «Estado Dual» fue desarrollado por el jurista y politólogo alemán Ernst Fraenkel en su obra «The Dual State» (1941), escrita tras exiliarse a Estados Unidos desde la Alemania nazi.
Fraenkel observó que el régimen de Hitler no había eliminado completamente el Derecho ni las instituciones jurídicas tradicionales. En realidad, coexistían dos Estados dentro del mismo Estado.
Por una parte, el Estado normativo (Normative State), la parte del sistema que sigue funcionando conforma a normas jurídicas relativamente estables y previsibles. Y, por otra, el Estado prerrogativo (Prerogative State), que es la esfera donde el poder político actúa sin límites jurídicos efectivos.
Este concepto es el que ha dado nombre a este libro de Amsterdam y Wales, que ayer fue presentado en la Feria del Libro de Madrid, para hablar del Estado español. Y más en concreto de la Hacienda de nuestro país.
En su libro, el abogado canadiense y el economista británico explican que en España existen dos elementos contradictorios, en cuanto a la gobernanza tributaria. Como en la Alemania nazi.
Por un lado, un Estado normativo, basado en leyes, previsibilidad y regularidad jurídicas, una apariencia de legalidad. Por otro, un Estado prerrogativo, con un poder discrecional que no está sometido al Estado de Derecho.
“El problema de la normativa española es que no es precisa en cuanto a Hacienda. Y crea flexibilidad, una interpretación de la ley. Esto hace que sea muy difícil para un ciudadano enfrentarse a Hacienda, y muy caro”, explica Wales al respecto.
Hacienda, un “depredador” de los ciudadanos
Ambos expertos coinciden, en su libro, en ofrecer una visión especialmente crítica del funcionamiento de la Agencia Tributaria, a la que el abogado llegó a calificar de «mafia», extendiendo también sus reproches al modelo de actuación de parte de sus funcionarios.
«Los inspectores de Hacienda son depredadores. Se benefician de lo que cazan. Y no son penalizados cuando se equivocan», afirma Amsterdam en relación con el sistema de bonificaciones por rendimiento que estos reciben.
A su juicio, se trata de un sistema que incentiva una actuación agresiva frente al contribuyente y que parte de una presunción de culpabilidad. «El objetivo es convencer al ciudadano de que ha actuado incorrectamente», sostiene.
Wales comparó el modelo británico con el español. «Esto no sucede en otros países», explicó.
«En el Reino Unido, cuando un contribuyente comete un error, la Administración tributaria parte de la premisa de que se trata de una persona honrada que se ha equivocado. Se le permite aportar nueva documentación y corregir la situación. En España, tengo la impresión de que pocos ciudadanos han encontrado un inspector dispuesto a darles inicialmente el beneficio de la duda», lamenta.
Una falta de comunicación entre Hacienda y el ciudadano que acaba con el principio de inocencia de los usuarios. Y así, se crea un clima de “miedo” al error.
Inspectores de Hacienda que cobran un bonus por ser “eficaces” a la hora de establecer controles a los ciudadanos.
«El sistema incentiva un comportamiento coercitivo propio de un Estado prerrogativo, caracterizado por liquidaciones agresivas e independientes de su sustento jurídico y por la presión para lograr acuerdos anticipados. Además, no se devuelve el importe de las bonificaciones cuando las liquidaciones son anuladas», subraya el abogado.
La necesidad de ingresos por parte del Estado provoca que la acción de la AEAT se convierta en una herramienta de financiación que pronto se beneficiará –si no lo está haciendo ya– de la implantación de la Inteligencia Artificial.
Así es el sistema que, tal y como denuncian estos dos abogados, estructura la actual Hacienda española.
Un sistema que, advierte Amsterdam, está a punto de empeorar.
“La IA lo va a hacer todo mil veces peor. Con este control tecnológico, van a poder fiscalizar hasta los regalos de boda”, advierte el abogado.
El silencio político ante el abuso
Un control fiscal que, según ambos autores, se sustenta en una capacidad de acceso y tratamiento de información personal sin precedentes por parte de la Agencia Tributaria.
«Es el uso de datos más grande que hemos visto. ¿Y alguien ha preguntado a los ciudadanos si están de acuerdo? No han tenido opción. No hay diálogo ni votaciones abiertas», sostiene Wales.
A su juicio, la complejidad de los procedimientos tributarios y el elevado coste económico que supone litigar frente a Hacienda generan una sensación de indefensión entre muchos contribuyentes. Una situación que, según afirma, afecta especialmente a emprendedores y jóvenes profesionales.
«No sólo por los impuestos, sino por el miedo que tienen. Especialmente a la hora de poner en marcha proyectos empresariales, como ocurre con algunos creadores de contenido digital. Y al final deciden marcharse», lamenta.
Amsterdam va más allá y atribuye a la Administración tributaria española un papel central en lo que considera una dinámica de presión fiscal excesiva sobre los contribuyentes.
«Lo peor que he visto en muchos años es la actividad de Hacienda. Y está permitida por los partidos políticos. Es como un cáncer», afirma.
Para ambos autores, el problema no se limita a la actuación de la Agencia Tributaria, sino que responde a un modelo institucional que, en su opinión, carece de suficientes mecanismos de control y rendición de cuentas. También cuestionan el destino de parte del gasto público y reclaman una revisión profunda de las prioridades presupuestarias.
«El señor Sánchez está muy centrado en los derechos humanos. Yo le pido que piense en los derechos humanos de sus propios ciudadanos, ahogados por Hacienda», señala Amsterdam.
En su obra, ambos defienden la necesidad de acometer una reforma estructural del sistema tributario español.
Entre otras medidas, proponen eliminar los incentivos vinculados a la actividad inspectora, reforzar la transparencia de la Agencia Tributaria y aproximar su funcionamiento a los estándares de control existentes en otros países de su entorno.
Asimismo, ambos autores hacen un llamamiento a los contribuyentes para que articulen respuestas colectivas frente a lo que consideran prácticas abusivas de la Administración tributaria, al entender que la defensa individual resulta, en muchos casos, insuficiente frente al poder del aparato estatal.
