La defensa del futbolista sostiene que los «hechos probados» en la sentencia son materialmente imposibles en los cinco minutos que separan el fin de una grabación y el aviso a seguridad
Jaime Campaner, abogado del futbolista Rafa Mir, ha presentado recurso de apelación contra la sentencia que lo condena a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, y el pago de una indemnización de 64.000 euros.
El fallo, dictado el 15 de junio por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, impuso además dos años y medio de cárcel al segundo acusado, Pablo Jara, por agresión sexual, un delito contra la integridad moral y lesiones leves a una segunda joven.
El recurso de 135 páginas, dirigido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), al que ha tenido acceso Confilegal, no discute solo la valoración de la prueba.
La ataca en su raíz. Habla de «voluntarismo judicial» y de un tribunal que convirtió el testimonio de las denunciantes en «dogma de fe», blindándolo frente a cualquier elemento de descargo.
Campaner impugna la sentencia 353/2026, notificada el pasado 15 de junio, e invoca como motivo central la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, recogido en el artículo 24.2 de la Constitución y en la Directiva (UE) 2016/343.
Una «credibilidad reforzada» sin apoyo objetivo
El núcleo jurídico del recurso es una crítica directa al método de valoración de la prueba realizado por el tribunal del caso.
La defensa sostiene que ese tribunal otorgó una «credibilidad reforzada» e injustificada al testimonio de Alba (no es su verdadero nombre), de 21 años, elevándolo a la categoría de «dogma de fe» o «prevalencia probatoria», en detrimento de la presunción de inocencia. Campaner desarrolla esa tesis en seis frentes:
Primero, acusa al tribunal de una concepción subjetivista de la prueba: haber priorizado su «íntimo convencimiento» y la impresión de que la denunciante no mentía, en lugar de someter su relato a un análisis racional de fiabilidad.
Para la defensa, el punto de partida ya estaba viciado, porque el tribunal presumió víctima a quien narraba el hecho antes de contrastar ese relato con el resto de la prueba.
Segundo, denuncia la ausencia de corroboración física. Alba declaró haber sufrido dos penetraciones digitales «a lo bruto», pero el informe forense concluyó que los genitales externos e internos presentaban un «aspecto normal», sin lesiones.
Ese vacío, sostiene Campaner, debería haber sido la corroboración objetiva principal, y el tribunal lo orilló.
Tercero, cuestiona la inconsistencia de las secuelas psíquicas. El tribunal empleó el diagnóstico de «trastorno adaptativo» como prueba de la agresión, pero según el perito de la defensa se trata de un malestar inespecífico que puede originarse en la presión mediática o en el propio proceso judicial, no necesariamente en un trauma sexual.
Cuarto, insiste en el silencio sobre la prueba de descargo: los vídeos que muestran a Alba tranquila tras la supuesta agresión y el atestado de la Policía Local, donde ella afirmó inicialmente que las relaciones fueron consentidas, quedaron fuera del razonamiento del tribunal.
Quinto, apunta a una motivación genérica y abstracta. La sentencia cita «declaración de testigos» o «informe psicológico» de forma lacónica, sin explicar cómo cada elemento corrobora el relato ni resolver las contradicciones planteadas por la defensa.
Sexto, señala un razonamiento circular: el llanto de Alba se interpretó como prueba de agresión sexual, descartando sin más la hipótesis alternativa —una disputa de celos entre amigas y una expulsión brusca de la vivienda— que la propia defensa había planteado.
La conclusión de Campaner es tajante: el tribunal no hizo un contraste racional de la prueba, sino que construyó una sentencia «puramente confirmatoria» de un prejuicio de condena previo.
El argumento central: cinco minutos imposibles
El otro gran eje del recurso son dos vídeos grabados por un testigo, Bartolomé, amigo del futbolista, a las 08:46 y las 08:49 horas. Las grabaciones —cuya autenticidad nadie ha discutido, ni siquiera las acusaciones— sitúan en el tiempo una secuencia de hechos.
Al cruzar esa hora con la llamada del vecino a seguridad, la defensa sostiene que el intervalo resultante es tan corto que no encajan dentro de él todos los episodios que describe la sentencia.
Cinco minutos después, a las 08:54, un vecino llamó a la seguridad de la urbanización de Torre en Conill, en Bétera, Valencia. El argumento de fondo es, en realidad, una cuestión de cronología.
Según la defensa, en ese intervalo tendría que haber ocurrido todo lo que el tribunal da por probado: el traslado forzoso al baño, la agresión, la irrupción de Cristina golpeando la puerta, la salida de ambas jóvenes, el ataque de ansiedad, la discusión con Jara, la expulsión de la vivienda —con el episodio de la toalla incluido— y la llegada del vecino que acabó telefoneando a seguridad.
Campaner lo llama, literalmente, imposible.
A eso suma un argumento visual: en el primer vídeo, grabado supuestamente después de la agresión en la piscina, Alba aparece conversando con normalidad, sin rastro de llanto ni ansiedad. Para la defensa, ese fotograma es incompatible con el relato de la sentencia.
La versión que dio la Policía Local
El recurso reserva un capítulo entero al atestado de la Policía Local de Bétera. Tres agentes —identificados como A-61, A-84 y C-11— declararon en el juicio que la denunciante les dijo, el mismo día de los hechos, que las relaciones habían sido consentidas y que Rafael Mir paró en cuanto ella se lo pidió.
Uno de los agentes relató en la vista que se lo preguntó de forma directa y que ella respondió que sí, dos veces: que había ido al baño de forma voluntaria y que lo ocurrido dentro fue consentido.
El tribunal descartó esa versión por completo. No solo no le dio valor: acordó deducir testimonio contra los tres policías por posible falso testimonio, al considerar que su relato era «flagrantemente» incompatible con el de las víctimas, a las que atribuyó «prevalencia probatoria».
Ese giro —tres agentes de la autoridad bajo sospecha de mentir bajo juramento, frente a un tribunal que respalda a la denunciante— es uno de los puntos que, según fuentes jurídicas consultadas tras la publicación de la sentencia, el Tribunal Supremo deberá revisar con más cuidado si el caso llega hasta allí.
Celos, no agresión, según la defensa
El recurso reconstruye una versión alternativa de la noche: una discusión por celos iniciada en el taxi, cuando Alba se cambió al asiento delantero al ver que Rafael Mir y su amiga Cristina, de 25 años, se acercaban físicamente.
Los audios de los vídeos recogen frases como «la que has liado, Cristina», que la defensa interpreta como prueba de una pelea sentimental entre amigas, no como el preámbulo de una agresión sexual.
También se apoya en el informe de la empresa de seguridad privada Levantina, cuyo parte de intervención —redactado en el momento— no recoge ninguna mención a agresión sexual. Solo un puñetazo.
La idea de fondo del recurso es que el tribunal sustituyó el análisis racional del conjunto probatorio por una convicción subjetiva sobre la credibilidad de la denunciante, y que a partir de ahí interpretó todo lo demás únicamente en la medida en que confirmaba esa hipótesis previa.
Es una crítica que se apoya, además, en jurisprudencia reciente del propio Tribunal Supremo.
La defensa cita la sentencia 184/2025, que recuerda algo que parece obvio pero que en la práctica procesal genera litigios constantes: el valor de una declaración no depende solo de lo creíble que resulte el testigo, sino también de la fiabilidad objetiva de lo que cuenta y de cómo encaja —o no— con el resto del cuadro probatorio.
El último gran pilar del recurso es estrictamente doctrinal, pero tiene implicaciones muy prácticas.
Vuelve a apoyarse en la sentencia 184/2025 del Supremo, que fija un estándar claro: la hipótesis acusatoria solo puede darse por acreditada cuando queda demostrada más allá de toda duda razonable, y cuando las hipótesis alternativas carecen de consistencia mínima.
Lo que no es el caso, según Campaner.
Qué decide ahora el TSJ-CV
Con todo esto sobre la mesa, Rafa Mir pide la revocación íntegra de la sentencia y su absolución. La pelota pasa ahora al TSJCV, el tribunal de apelación, que deberá decidir si la Audiencia Provincial valoró correctamente el conjunto de la prueba practicada en el juicio o si, como sostiene la defensa, la condena se dictó sin superar el estándar constitucional que exige la presunción de inocencia.
