Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha manifestado su «honda preocupación» por el contenido del acuerdo de Gobierno suscrito por PP y VOX en Andalucía, que ha permitido la investidura del presidente de la Junta y atribuye a VOX una consejería con rango de vicepresidencia (Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local).
La asociación judicial considera que el pacto, integrado por 150 medidas, plantea un retroceso en derechos en tres ámbitos concretos: inmigración, familia y justicia.
En materia de inmigración, JJpD cuestiona las medidas incluidas en el punto 2 del acuerdo, entre ellas la oposición a los mecanismos de reparto de inmigrantes, tanto menores como mayores de edad; la eliminación de las subvenciones a organizaciones no gubernamentales que trabajan con menores migrantes; y la propuesta de trabajar «activamente» para devolver a sus países de origen a los menores que llegan solos a las fronteras españolas.
Según la asociación, estas medidas obvian el principio del interés superior del menor, recogido tanto en la Ley Orgánica 4/2000 como en instrumentos internacionales suscritos por España, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Directiva 2024/1346.
Asimismo, JJpD muestra su preocupación porque el acuerdo apunta a la existencia de fraude en los sistemas de verificación de la edad de los menores y promueve un endurecimiento del régimen de los centros de menores.
La asociación recuerda que, conforme a la normativa nacional e internacional, el internamiento de menores constituye la última medida que debe adoptarse y que, con carácter previo, deben garantizarse condiciones adecuadas de acogida que favorezcan su desarrollo integral.
Familia, Justicia y Constitución: las preocupaciones de JJpD
Respecto al punto 4 del acuerdo, dedicado a la familia, JJpD señala que el texto prevé la aprobación de una nueva Ley de Familia en Andalucía con el objetivo de fomentar la natalidad y reconocer el valor social de la familia.
No obstante, considera que la redacción empleada es «ambigua y generalizada» y destaca que no contiene ninguna referencia a la violencia contra la mujer, una materia que, según la asociación, requiere recursos y personal especializado.
En relación con el apartado de justicia, JJpD expresa su rechazo a la referencia contenida en el acuerdo sobre la preferencia de los españoles, «con respeto al marco legal vigente», para que puedan obtener en el menor tiempo posible el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
La asociación entiende que esa formulación apunta a un reconocimiento indiscriminado de este beneficio a las personas extranjeras y recuerda que, conforme a los artículos 14 y 119 de la Constitución Española y al artículo 2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, estas también son titulares de ese derecho.
Asimismo, destaca que el acuerdo menciona expresamente a las víctimas del terrorismo, pero no hace referencia a las víctimas de violencia de género.
Juezas y Jueces para la Democracia sostiene que no puede permanecer al margen de un acuerdo que, en estos tres ámbitos, considera que se aparta de la Constitución Española y de la normativa nacional e internacional aplicable.
Por ello, reclama que cualquier desarrollo normativo del pacto respete el interés superior del menor, incorpore expresamente la perspectiva de género y garantice, sin condicionamientos, el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las personas, con independencia de su origen o de su situación administrativa.
