«China, como siempre, prestará a Cuba apoyo y ayuda en la medida de nuestras posibilidades» — Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, febrero de 2026.
El lunes 6 de julio, a las 12:17 hora local, Cuba entera se quedó a oscuras. Desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional: la tercera en lo que va de 2026, la octava en menos de dos años.
Ese mismo día, antes del colapso, la propia Unión Eléctrica preveía generar 935 megavatios frente a una demanda de 3.100: siete de cada diez cubanos iban a quedarse sin corriente aunque el sistema hubiera aguantado.
Tres días antes, en la ciudad china de Yangzhou, el cónsul general de Cuba en Shanghai presentaba ante un foro de empresarios de la provincia de Jiangsu las 176 «transformaciones» económicas aprobadas por la Asamblea Nacional el 19 de junio como una oportunidad histórica de inversión.
La coincidencia de ambas escenas es la fotografía exacta del momento cubano: un Estado que ya no puede garantizar la corriente eléctrica sale a vender su futuro al único comprador que queda en la sala.
Sobre Cuba escribí en marzo, cuando Trump acuñó lo de la «toma amistosa» y analicé lo que la maquinaria Helms-Burton significaba para los activos españoles en la isla.
Cuatro meses después, la cuestión ya no es jurídica sino existencial: no se discute qué régimen de sanciones se aplica a Cuba, sino cuánta Cuba va a quedar cuando las sanciones terminen su trabajo. Y en esa segunda pregunta han entrado dos actores que en marzo eran secundarios: Pekín, que ha decidido estar sin comprometerse; y Europa, que ha decidido comprometerse sin estar.
El estado terminal del paciente: los números que el relato no tapa
Los datos, primero, porque en Cuba los datos son el argumento. La CEPAL proyecta para 2026 una contracción del PIB del 6,5%, la peor de América Latina, sobre una economía que acumula una caída próxima al 23% desde 2019.
El economista Pedro Monreal calcula que el desplome de este año será, «cuando menos, parecido al de 14,9%» de 1993, el peor ejercicio del Período Especial.
Pero la comparación con los noventa es engañosa por benévola: entonces Cuba partía de una base productiva relativamente intacta y se recuperó parcialmente en tres años; hoy la crisis se acumula sobre tres décadas de deterioro continuo, y el país produce menos que en los peores años posteriores a la desaparición de la URSS.
Más de 600.000 cubanos han abandonado la isla desde 2022, el mayor éxodo de su historia, vaciándola precisamente de la población joven que podría protestar o reconstruir.
Y en junio, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó de que la mortalidad infantil se ha duplicado hasta 9,9 por cada mil nacimientos, que la supervivencia de los niños con cáncer ha caído del 85% al 65% y que los medicamentos esenciales están disponibles a un 30% de los niveles habituales.
El detonante inmediato es conocido: la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero cortó el cordón umbilical petrolero venezolano, y las órdenes ejecutivas de Washington —la 14380 de enero, que amenaza con aranceles a cualquier país que venda crudo a La Habana, y la 14404 de mayo, con sanciones secundarias sobre energía, defensa y finanzas— han cerrado casi todas las espitas alternativas.
Pero el dato políticamente más interesante no es económico sino interno: el régimen se ha dividido. Mientras el aparato económico aprueba 176 medidas de apertura —banca privada, fin del límite de cien trabajadores para las mipymes, inversión extranjera en sectores antes vedados—, Díaz-Canel proclama ante el sindicato único que Cuba «siempre será socialista» y que no habrá retorno al capitalismo.
Un choque de trenes doctrinal en el peor momento posible, que los economistas del exilio leen como lo que es: la señal de que dentro del partido unos quieren unas cosas y otros, otras, y de que nadie manda lo suficiente como para imponer ninguna.
Cuatro futuros para una isla
¿Hacia dónde puede ir esto? La prospección más realista —la que hacen el Real Instituto Elcano, el CSIS o el Cuban Research Institute de Florida, no tanto la numerología del exilio que comprensiblemente ve en el 26 una cifra profética— dibuja cuatro escenarios.
Primero: la agonía administrada. Continuidad controlada del régimen con deterioro económico persistente. Es, todavía, el escenario más probable a corto plazo: el aparato represivo está intacto, GAESA —el conglomerado militar que controla, según las estimaciones, entre el 40% y el 70% de la economía— sigue drenando recursos hacia la cúpula, y el éxodo ha funcionado como válvula de escape que descabeza cualquier movilización. Los regímenes de este tipo no caen por hambre: caen cuando el hambre coincide con una fractura de las élites. La primera condición se cumple con creces; la segunda, apenas empieza a insinuarse.
Segundo: la transición negociada. Es el escenario que Washington trabaja activamente y el que más ha avanzado en los últimos meses. Las negociaciones discretas entre La Habana y Washington, confirmadas en marzo, habrían contribuido a la liberación de más de 2.000 presos políticos en abril; el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana el 14 de mayo. Y el interlocutor más singular de esa vía es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro que asesora sobre inversiones y ayuda a supervisar GAESA: habló por primera vez con Marco Rubio en enero, tras la muerte de 32 soldados cubanos que custodiaban a Maduro en Caracas; se reunió en abril con el enviado de Rubio para asuntos cubanos; y —dato elocuente— es de los pocos apellidos del clan que Washington no ha sancionado.
Él mismo se ha ofrecido: «Si me designan puedo negociar con cualquiera». Enfrente, el escepticismo del propio Rubio, que declaró ante el Congreso a principios de junio que no ha encontrado ningún funcionario cubano capaz de liderar una transición ni cree que el sistema pueda reformarse desde dentro.
La búsqueda de una figura salida de las entrañas del régimen y aceptable para Washington —lo que algún analista ha llamado una «Delcy cubana», por analogía con la solución venezolana— sigue abierta y sin candidato.
Tercero: el estallido. Nuevas protestas masivas al estilo del 11 de julio de 2021, esta vez sin margen represivo suficiente, que precipiten el colapso del Estado.
Los expertos reunidos en Florida International University estimaron en marzo que la campaña de máxima presión puede prolongarse dos o tres años de deterioro continuado hasta el colapso del régimen o del país, generando una crisis humanitaria mayúscula. La oposición cubana insiste en que las demandas materiales —luz, comida, medicinas— movilizan más que los discursos políticos.
El problema de este escenario no es su plausibilidad: es el día después. Las necesidades de reconstrucción de la isla superan con mucho la capacidad de su diáspora, y Estados Unidos no va a financiar un plan Marshall caribeño en año electoral ni fuera de él.
Cuarto: la vía militar. El CSIS ha publicado un análisis de escenarios de uso de la fuerza contra Cuba —desde ataques punitivos contra instalaciones de inteligencia hasta operaciones mayores— constatando que el portaaviones Nimitz opera en el Caribe desde mayo y que las defensas aéreas cubanas, desatendidas durante décadas, apenas opondrían resistencia.
Es el escenario menos probable, precisamente por la lección venezolana: Washington ya está empantanado en una reconstrucción nacional en Caracas y sabe que una Cuba ocupada sería un pozo aún más profundo. Pero que un think tank de referencia dedique un informe a calcular la campaña aérea da la medida de hasta dónde se ha desplazado la ventana de lo pensable.
Pekín y la letra pequeña de la solidaridad
Y aquí entra China, con una de las operaciones de ambigüedad calibrada más instructivas de la geopolítica reciente. En el plano retórico, Pekín ha desplegado el repertorio completo: apoyo «firme» a la soberanía cubana, condena de la «diplomacia coercitiva» estadounidense, denuncia de las medidas que privan al pueblo cubano de su derecho a la subsistencia.
En el plano material, el inventario es más modesto: una ayuda de emergencia aprobada por Xi Jinping en enero, 80 millones de dólares y 60.000 toneladas de arroz; cooperación técnica en prospección petrolera y geotérmica, con envío de muestras del subsuelo cubano a laboratorios chinos; paneles solares en construcción; y el episodio más revelador de todos, una empresa de la provincia de Fujian que en internet se presenta como distribuidora mayorista de calzado y que desde febrero vende gasolina en Cuba a las mipymes a 2,50 dólares el litro, sorteando las sanciones americanas por el procedimiento de ignorarlas a pequeña escala.
La clave está en la fórmula oficial que encabeza esta columna: apoyo y ayuda «en la medida de nuestras posibilidades».
Las posibilidades de la segunda economía del mundo son, obviamente, las que Pekín decida que sean. La letra pequeña significa otra cosa: China no va a ser para Cuba lo que fue la URSS hasta 1991 ni lo que fue la Venezuela de Chávez hasta este enero.
No va a comprar la isla; va a comprar opciones sobre la isla. La ayuda está calibrada con precisión de farmacéutico para mantener al paciente vivo sin pagarle el tratamiento: suficiente arroz para evitar la hambruna que precipitaría el colapso, suficiente gasolina para que las mipymes —el embrión de mercado que el propio régimen ha legalizado— dependan de proveedores chinos, suficiente presencia técnica para conocer el subsuelo y la red eléctrica mejor que nadie cuando llegue el momento de reconstruirlas. Si el régimen sobrevive, Pekín tendrá un deudor agradecido a 150 kilómetros de Florida.
Si cae, habrá perdido una apuesta pequeña y conservará, como acreedor y como proveedor, una posición negociadora en cualquier Cuba futura. Es la inversión perfecta: riesgo mínimo, opcionalidad máxima y, entretanto, un beneficio estratégico que no aparece en ningún balance.
La mirada de Mearsheimer: maná caído del cielo
Ese beneficio estratégico invisible es exactamente el que John Mearsheimer lleva señalando desde enero. El decano del realismo ofensivo —cuya voz he traído ya a esta serie a propósito de Irán y de Ucrania— calificó la operación venezolana, en una charla en la Universidad de Chicago, de imperialismo a la antigua usanza, y desmontó en un panel del Quincy Institute la justificación narcoterrorista con su brutalidad característica: si el problema fueran de verdad los narcóticos que entran en Estados Unidos, dijo, habría que invadir México y capturar a su presidenta antes que al de Venezuela. Nadie en Washington recogió el guante, porque el guante no admite respuesta.
Pero su observación más incisiva es la que conecta el Caribe con el estrecho de Taiwán. Desde un punto de vista estratégico, sostuvo en ese mismo panel, lo que está ocurriendo es «maná caído del cielo» para los chinos, y también para los rusos, porque Estados Unidos va camino de empantanarse en una gigantesca empresa de reconstrucción nacional en el hemisferio occidental —Rubio y Trump hablan ya de hacer nation-building en más países que Venezuela— y eso hace extremadamente difícil el famoso pivote hacia Asia.
Añádase Cuba a la lista y el argumento se refuerza solo: cada grupo de portaaviones estacionado frente a La Habana es un grupo de portaaviones que no patrulla la Primera Cadena de Islas; cada dólar de atención presidencial gastado en diseñar la transición cubana es un dólar que no se gasta en disuadir a Pekín donde Pekín de verdad importa.
La ironía es completa: la doctrina que proclama la expulsión de las potencias extrahemisféricas del patio trasero americano está creando las condiciones para que la principal potencia extrahemisférica compre ese patio a precio de saldo, bolsa de arroz a bolsa de arroz.
Mearsheimer no es un profeta, y conviene no leerlo como tal; es algo más útil: un contable de costes estratégicos en una capital que ha dejado de llevar la contabilidad.
Europa como donante, España como plañidera
¿Y Europa? El diagnóstico del Real Instituto Elcano es de una crudeza notarial: la partida cubana se ha vuelto estrictamente bilateral, y los actores que en otro momento habrían querido protagonismo en la transición —China y Rusia por un lado, la Unión Europea por otro— se abstienen de intervenir.
Bruselas, además, llega a esta crisis con la relación con La Habana en su punto más bajo por razones propias: el alineamiento activo del régimen con la agresión rusa contra Ucrania, incluida la detención en Lituania de ciudadanos cubanos implicados en sabotajes como operativos de la inteligencia militar rusa, ha erosionado el capital de simpatía que la isla conservaba en las cancillerías europeas.
España merece capítulo propio, porque la distancia entre su retórica y sus palancas se ha vuelto un caso de estudio. El ministro Albares recibió en febrero al canciller cubano en Madrid, ha enviado dos paquetes de ayuda humanitaria por valor conjunto de 1,3 millones de euros —alimentos, material sanitario, placas solares, mil kits básicos distribuidos en Santiago de Cuba—, proclama que España «no va a abandonar nunca al pueblo de Cuba» y se declara convencido de que la posición española contra el bloqueo «terminará imponiéndose» como, dice, ocurrió con el reconocimiento de Palestina.
Pongamos los números al lado de las palabras: más de 300 empresas españolas operan en Cuba con un stock de inversión superior a los 2.000 millones de euros, y el 5 de junio venció el período de transición que las sanciones secundarias americanas concedían a las operaciones vinculadas a GAESA —el plazo cuya amenaza describí en marzo y que ya no es amenaza sino hecho consumado—.
Frente a una exposición de 2.000 millones, la respuesta de Estado son 1,3 millones en ayuda y una teoría del liderazgo moral por acumulación de precedentes.
El propio ministro lo resumió mejor que cualquier crítico cuando, preguntado en televisión, respondió: «¿Qué más podemos hacer? España por sí sola no puede hacerlo todo».
Es verdad. Pero esa frase, en boca del país que fue metrópoli, primer inversor occidental en la isla y autoproclamado líder europeo en la materia, no es una explicación: es un parte de defunción de la influencia.
El mejor argumento del adversario, y el vaticinio
Digamos ahora, porque el rigor lo exige, la mejor versión del argumento contrario. Quienes defienden la máxima presión —de Elliott Abrams a buena parte del análisis económico del exilio— sostienen dos cosas difíciles de refutar.
La primera: que la crisis cubana no la ha causado Trump. La falta de divisas, el desplome productivo del agro, la manufactura y las infraestructuras, y la incompetencia inversora del régimen preceden en años a las sanciones de 2026; los economistas independientes documentan que el deterioro estructural se explica sin necesidad de invocar el embargo, por más que el embargo lo agrave.
La segunda: que en 67 años ninguna política —ni el aislamiento ni el deshielo de Obama ni la equidistancia europea— había producido movimiento real alguno en La Habana, y la presión actual ha arrancado en meses la liberación de más de 2.000 presos y una mesa de negociación.
Si el régimen solo se mueve cuando se asfixia, concluyen, la asfixia es la única política seria. Es un argumento de peso y quien lo despache como crueldad gratuita no ha entendido el problema.
La réplica no está en la moral sino en la aritmética: la asfixia sabe derribar, pero no sabe reconstruir. Sin plan para el día después —y no lo hay: lo reconocen los propios expertos de Miami—, el éxito de la máxima presión produce un Estado fallido de nueve millones de habitantes a 150 kilómetros de Florida, un éxodo que ya es el mayor del hemisferio después del venezolano, y un vacío que alguien llenará. Ya sabemos quién está haciendo cola, con el arroz en una mano y la calculadora en la otra.
Nuestro vaticinio es que 2026 no terminará con el colapso que Washington ha puesto en su calendario, sino con algo más ambiguo y más cubano: una agonía administrada que se desliza hacia una transición pactada con uniforme, en la que las Fuerzas Armadas y el entramado de GAESA canjeen apertura económica por impunidad y continuidad patrimonial, con algún apellido del clan como notario de la operación.
No será una liberación; será una novación de la deuda. Y quedará entonces por resolver la cuestión que ninguna transición tutelada por los cuarteles puede enterrar: qué hacer con las propiedades confiscadas desde 1959 y con los desposeídos que aún esperan justicia —asunto que merece, y tendrá, columna propia—.
En esa Cuba que viene, las posiciones ya están tomadas: Washington ha puesto sobre la mesa el cronómetro; Pekín, la calculadora; Europa, el pésame.
n la isla, mientras tanto, siguen contando las horas de luz. Y fuera de ella, miles de expatriados desposeídos llevan décadas clamando justicia. Una justicia tan merecida como ansiada, que debería formar parte de la medida de lo posible.
