El debate que ha acompañado a la aprobación del denominado IA Ómnibus por parte del Parlamento Europeo se ha instalado enseguida en los extremos. Para unos, representa una cesión ante los intereses de la industria tecnológica; para otros, supone por fin una rectificación necesaria para evitar que Europa asfixiara su propia innovación.
Mi impresión es que ambas lecturas simplifican una realidad bastante más compleja.
Conviene empezar por una aclaración importante: el esqueleto de la AI Act sigue intacto. El enfoque basado en niveles de riesgo continúa siendo el mismo y las obligaciones fundamentales para los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo permanecen donde estaban.
Lo que ha cambiado es el cuándo y el cuánto relativos a la carga administrativa asociada a su cumplimiento.
Los nuevos plazos posponen determinados requisitos hasta diciembre de 2027 y agosto de 2028, dependiendo del bloque normativo correspondiente.
Se trata, en mi opinión, de una corrección necesaria. La mejor manera de explicarlo es con una metáfora muy sencilla: estábamos pidiendo a las empresas que aprobaran un examen cuyas preguntas todavía se estaban escribiendo.
La fecha del examen llegaba antes que el temario. Los estándares técnicos contra los que, en teoría, debían certificarse muchos sistemas aún no existían. No estamos hablando de un regalo regulatorio ni de una rebaja de exigencias. Estamos hablando de que la versión anterior, sencillamente, no se podía cumplir.
Presión de los grandes fabricantes europeos y reconocimiento de la mediana empresa
Por supuesto, sería ingenuo negar la influencia que determinados actores de la industria han tenido en esta reforma. La salida de la IA industrial del núcleo más exigente de la norma coincide en gran medida con las reivindicaciones que venían realizando los grandes fabricantes europeos.
Ahora bien, meter a toda la industria en el mismo saco resulta igualmente engañoso. La presión más intensa vino de las grandes corporaciones.
La empresa mediana no pedía “barra libre regulatoria” ni excepciones permanentes. Pedía algo mucho más razonable: poder cumplir sin tener que destinar al equipo legal los recursos que debería estar invirtiendo en ingenieros.
De hecho, uno de los aspectos más positivos del nuevo texto es el reconocimiento explícito de esa empresa mediana.
Las grandes multinacionales cuentan con departamentos enteros dedicados al cumplimiento normativo. Las pequeñas empresas y startups disponen de determinadas exenciones y mecanismos de apoyo.
Las compañías medianas, en cambio, han venido soportando las mismas obligaciones que un gigante tecnológico con apenas una fracción de sus recursos.
El acceso prioritario a entornos de pruebas regulatorios y la simplificación documental que introduce el AI Ómnibus no resolverán todos sus problemas, pero al menos corrigen una anomalía evidente.
El desafío europeo en IA no es administrativo, es competitivo
Observo, a la par y con cierta preocupación, la narrativa según la cual el aplazamiento de plazos y la simplificación de determinadas obligaciones permitirá a Europa competir mejor frente a Estados Unidos y China en la carrera de la inteligencia artificial.
Si alguien piensa que Europa va a competir con China porque se ha aliviado la carga administrativa probablemente no ha entendido el problema real.
Nuestro desafío no es administrativo. Nos falta capital, nos falta tamaño de mercado y nos falta infraestructura de computación a gran escala.
Reducir burocracia evita estorbar, y eso siempre es positivo, pero no sustituye a una política industrial ni a una estrategia tecnológica.
El mejor ejemplo es el Informe Draghi sobre competitividad en la UE. Un año después de su publicación apenas se habían ejecutado el 11 % de sus recomendaciones. En el problema europeo pesa más lo que no ejecutamos que la eliminación de una casilla en un formulario regulatorio.
Eso no significa que no existan motivos legítimos para la crítica. De hecho, comparto buena parte de la preocupación de quienes consideran que este proceso se ha gestionado mal.
Se ha legislado con prisas, sin una evaluación de impacto suficientemente sólida y debilitando algunos mecanismos de transparencia antes incluso de que la norma hubiera tenido tiempo para desplegar del todo sus efectos.
Por otro lado, tampoco creo que pueda hablarse de una rendición europea frente a los intereses tecnológicos.
Las prohibiciones orientadas a proteger a las personas permanecen intactas e incluso se han reforzado en ámbitos sensibles, como los deepfakes sexuales no consentidos o la generación de material de abuso infantil mediante inteligencia artificial.
Europa, en mi opinión, ha cuidado el fondo y ha maltratado las formas. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, las formas nunca son un detalle menor.
La inteligencia artificial generativa, la gran olvidada en el AI Ómnibus
Dicho esto, existe un ámbito donde el AI Ómnibus apenas ha aportado respuestas: la inteligencia artificial generativa.
Seguimos sin resolver cuestiones esenciales como la trazabilidad de los datos de entrenamiento, la distinción entre contenido sintético y contenido real, la atribución de responsabilidades cuando un modelo de propósito general se integra en el producto de un tercero y genera un fallo, así como el complejo debate jurídico asociado a los derechos de autor.
La propia Unión Europea reconoce que muchas de estas cuestiones requerirán marcos regulatorios adicionales. Y probablemente sea así, porque estamos ante problemas cuya complejidad supera el alcance de cualquier modificación puntual.
Sin embargo, hay un asunto que me preocupa más que todos los anteriores y que rara vez ocupa titulares: nuestra verdadera fragilidad no es regulatoria. Es estratégica.
Hace apenas unos meses vimos cómo decisiones de seguridad adoptadas por países terceros provocaban restricciones sobre modelos avanzados de inteligencia artificial utilizados por universidades y empresas europeas.
Herramientas integradas en procesos de investigación, desarrollo y producción podían desaparecer de un día para otro por decisiones tomadas fuera de nuestras fronteras.
Lo que nos hace vulnerables no es la regulación europea. Lo que nos hace vulnerables es depender de infraestructuras que no controlamos.
Por eso creo que Europa debería concentrar sus esfuerzos en construir capacidades propias y en diseñar un modelo regulatorio diferente: principios jurídicos estables y duraderos acompañados de estándares técnicos flexibles capaces de actualizarse al ritmo de la tecnología.
Porque cuando la innovación avanza a velocidad trimestral, convertir cada detalle técnico en ley es la forma más rápida de legislar para el pasado.
Fernando de Águeda es CEO de Scalian Spain y vicepresidente del Grupo Scalian.
