Hay escritos que se presentan para ganar tiempo. Y hay escritos que se presentan para cambiar el signo de una causa.
El que Julio Martínez Martínez —»Julito» para todo el que ha seguido el caso Plus Ultra— ha registrado este lunes en la Audiencia Nacional pertenece, sin duda, al segundo grupo.
Son seis páginas. Firma digital estampada a las 12:39 del mediodía. Y, entre líneas de prosa forense, una bomba: el hombre al que la investigación considera el «lugarteniente principal» de José Luis Rodríguez Zapatero coloca al expresidente del Gobierno en el centro exacto de la operación que él siempre ha negado tocar.
El texto, suscrito por su procurador Javier Campal Crespo y por la abogada María Dolores Márquez de Prado —el nuevo nombre en una defensa que ha cambiado de manos en las últimas semanas—, se abre con una fórmula que lo dice todo antes de decir nada.
Martínez comparecerá «en calidad de investigado con el propósito de responder a cuantas preguntas le sean formuladas».
Traducción para quien no maneje el diccionario de los juzgados: no va a acogerse a su derecho a no declarar. Va a hablar. Y avisa de que quiere «colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos».
Cualquiera que haya pisado los pasillos de la Audiencia sabe leer esa frase. Es la antesala del que decide que no piensa cargar solo con la mochila.
Una casa en Vera y una escritura firmada en Moncloa
El relato arranca donde arrancan casi todas estas historias: en una relación personal que el tiempo convierte en negocio.
Corría 2011 cuando un amigo común, Javier de Paz —nombre que a los cronistas de la política española no les resulta precisamente desconocido—, puso en contacto a Martínez, empresario del ladrillo, con el matrimonio del entonces presidente del Gobierno.
¿El motivo? La compraventa de una vivienda en Vera, Almería, propiedad de los Rodríguez Zapatero.
El detalle que el escrito desliza sin subrayarlo, y que sin embargo pesa como una losa por lo que simboliza, es dónde se rubricó aquella operación inmobiliaria: «se firmó la escritura de compraventa en el Palacio de la Moncloa».
La sede de la Presidencia del Gobierno convertida en notaría para una transacción privada. Ahí, sostiene Martínez, nació todo.
Vino después la afición compartida al deporte —salir a correr, básicamente—, escasa mientras Zapatero ocupó Moncloa, frecuente a partir de su salida y hasta diciembre de 2025.
Y de esas carreras, cuenta el investigado, brotó a finales de 2019 la idea que lo ha traído hasta aquí: montar una consultora estratégica cuyo gran reclamo comercial sería contar con un expresidente del Gobierno como «consultor y principal referencia».
Cuatro personas dieron el visto bueno. Así nació Análisis Relevante, S.L.
El socio que no figuraba pero mandaba
Este es, quizá, el pasaje jurídicamente más demoledor del escrito. Sobre el papel, Análisis Relevante pertenecía a Martínez (75%) y al periodista Sergio Sánchez (25%).
Zapatero, escribe la defensa con precisión quirúrgica, «quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa».
La frase parece exculpatoria. No lo es en absoluto. Porque acto seguido llega el matiz que lo cambia todo: «pero era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes».
Un socio invisible en el Registro Mercantil y omnipresente en la caja. Y el motor comercial, según Martínez, era exactamente lo que uno imagina: «Precisamente por su condición de expresidente del gobierno y sus relaciones personales y profesionales, el señor Rodríguez Zapatero captó a las cuatro empresas que contrataron con AR hasta el año 2025».
Es la definición de manual del tráfico de influencias que el juez atribuye al expresidente. Redactada, para más inri, por la defensa de su propio hombre de confianza.
Plus Ultra: la llamada anunciada y el crédito comunicado por adelantado
Y llegamos a la aerolínea. Al rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a Plus Ultra en marzo de 2021, en plena resaca de la pandemia, y que lleva cinco años levantando ampollas.
Martínez sitúa el origen en mayo de 2020, cuando —dice— Zapatero le «adelantó que iba a recibir una llamada de los directivos de esta compañía».
Y, en efecto, el 16 de mayo lo llamaron. A partir de ahí, el escrito dibuja a un Martínez reducido a mero recadero —«su misión consistía en intermediar entre cliente y consultor»— y a un Zapatero que «marcaba los pasos a seguir».
El expresidente, sostiene, llegó a sugerir que se enviara una carta de su parte al vicepresidente del Banco de Santander para conseguir un crédito ICO.
El detalle que hiela: según el propio investigado, fue Zapatero quien el 26 de febrero de 2021 le comunicó que la SEPI iba a conceder el crédito.
Once días antes de que el Consejo de Ministros lo aprobara oficialmente, el 9 de marzo. Si el relato se sostiene ante el juez, la pregunta es inevitable: ¿cómo sabía un expresidente sin cargo público el desenlace de una decisión que aún no se había tomado en la mesa del Gobierno?
El 1%, la «presión mediática» y la contabilidad diferida hasta 2026
Está también, negro sobre blanco, la cifra que da nombre a la sospecha. El escrito reconoce que el 19 de enero de 2021 se firmó un contrato entre Plus Ultra y la sociedad Idella Consulenza Strategica por el que la aerolínea se comprometía a abonar el 1% de la financiación obtenida —unos 530.000 euros sobre los 53 millones— «en el supuesto de que finalmente se aprobara la ayuda». Una comisión de éxito. Sobre dinero público.
Y aquí el documento incurre en una confesión que raya en la autoinculpación por el modo de cobrar. «Por la presión mediática que en aquel momento existía sobre la financiación pública concedida a la aerolínea, se decidió diferir el pago a lo largo del tiempo, hasta el año 2026, y que parte de esas cantidades se facturaran a través de otras empresas relacionadas con el señor Martínez Martínez».
Es decir: sabían que aquello olía, decidieron esperar a que amainara y trocearon la factura entre varias sociedades. Lo que un instructor lee ahí no es prudencia empresarial. Es la arquitectura de un presunto blanqueo.
Softgestor, Inteligencia Prospectiva, Aldesa: el mismo patrón, cuatro veces
El escrito no se queda en Plus Ultra. Enumera, uno a uno, los otros clientes que —insiste— llegaron todos por la misma vía: Zapatero.
Softgestor, vinculada al fallecido empresario venezolano Francisco Flores. Inteligencia Prospectiva (antes Alaska Ilimitada), de los hermanos Amaro Chacón. Y el Grupo Aldesa. Contratos «tipo», prediseñados, calcados: 5.000 euros mensuales más IVA, idéntico objeto social, mismo consultor de sombra.
«El objeto real del encargo fue el asesoramiento personal del señor Rodríguez Zapatero», se lee sobre el caso Aldesa, sin ambages.
Cuatro empresas, un solo hilo conductor. Es precisamente la estructura de «red» que el juez viene describiendo en sus autos.
Y, al final, 286.000 euros en metálico en Diego de León
El punto quinto y último atiende a un cabo suelto especialmente incómodo: los aproximadamente 286.000 euros en efectivo hallados en el domicilio de Martínez en la madrileña calle Diego de León.
La explicación de la defensa es tan escueta como previsible —«dinero obtenido por la venta de activos inmobiliarios no relacionados con los hechos objeto de este procedimiento»—, pero que la cuestión ocupe un epígrafe propio revela hasta qué punto ese fajo de billetes quema en la instrucción.
Lo que está realmente en juego este martes
Conviene no perder de vista el fondo del tablero.
Cuando Zapatero declaró como investigado, negó de plano haber realizado gestión alguna ante la SEPI o haber influido sobre cargo público alguno en favor de la aerolínea.
Su hombre de máxima confianza acaba de entregar por escrito, y bajo firma de letrada, un relato que dinamita esa versión punto por punto: Zapatero captaba a los clientes, Zapatero marcaba los pasos, Zapatero conocía el desenlace del rescate antes que nadie, Zapatero cobraba el 1% a través de una maraña de sociedades interpuestas.
La causa —que ya ha alcanzado a las hijas del expresidente y a su secretaria— atribuye a Zapatero delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y contra la Hacienda Pública.
Este escrito no es una sentencia, evidentemente, ni siquiera una declaración ratificada todavía a viva voz. Es la versión de un investigado que aún tiene que sostenerla ante el juez, y que Zapatero niega en su integridad.
Pero es también, y sobre todo, el momento en que la primera pieza del dominó decide caer hacia adelante.
«Julito» habla mañana. Y, a juzgar por lo que ha firmado hoy, no piensa hacerlo solo.
