Durante los últimos años estamos asistiendo a un fenómeno inédito. Las resoluciones judiciales ya no solo se recurren ante los tribunales; también se combaten desde la política y se atribuyen motivaciones espurias a jueces y fiscales cuando sus decisiones resultan incómodas.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía ha vuelto a situar esa tensión en primer plano.
Las reacciones han sido desapacibles, salvo para el Gobierno y los partidos independentistas que, alineados en el empeño, han presentado la resolución como una validación del relato político de la amnistía.
Conviene recordar el alcance de la sentencia. El TJUE se limita a responder las cuestiones prejudiciales planteadas; no cuestiona los delitos, el enjuiciamiento ni las condenas, ya acreditados ante la Justicia española.
«La peor amenaza para la confianza en la Justicia no es la crítica a una sentencia. Es la costumbre de considerar independientes únicamente las resoluciones que confirman nuestras propias convicciones».
¿Qué ocurre cuando el poder deja de aceptar los límites que el Estado de Derecho impone al ejercicio de su propia actuación?
El conflicto deja de dirimirse entre posiciones políticas para trasladarse a las instituciones llamadas precisamente a contener el poder.
La ley deja de ser el terreno común de convivencia y pasa a convertirse en el objeto mismo de la confrontación.
El juez deja de ser visto como un garante de la legalidad para ser convertido en un adversario; las resoluciones judiciales dejan de discutirse en los tribunales para combatirse en la arena política; y la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de la Justicia comienza a erosionarse.
Ese es el precio institucional que pagan las democracias cuando el poder deja de reconocer que también tiene límites.
Erosión de la confianza
La erosión de la confianza en la Justicia rara vez nace de una desconfianza generalizada. Es mucho más selectiva. Las resoluciones favorables se aceptan con naturalidad; las desfavorables se atribuyen a motivaciones espurias, se descalifican públicamente o se presentan como el resultado de una actuación ideológica.
No existe simetría entre el reconocimiento y la crítica. Hay silencio cuando la decisión favorece los propios intereses y deslegitimación cuando los contraría.
Esa anomalía termina trasladando a la sociedad la sospecha de que la Justicia solo es independiente cuando coincide con nuestras expectativas.
Una democracia no puede acostumbrarse a extender la sospecha de que las resoluciones judiciales responden a la ideología de quienes las dictan y no al imperio de la ley. Cuando esa percepción arraiga en la conciencia colectiva, el deterioro ya no afecta únicamente al prestigio de los jueces; alcanza al propio sistema de convivencia.
La historia de la limitación del poder es, en realidad, la historia de la aceptación de que existe una instancia que el propio poder no controla. De ahí nacieron la separación de poderes, la independencia judicial, el principio de legalidad y el control jurisdiccional.
Cuando esas garantías dejan de verse como una protección para convertirse en un estorbo, el problema ya no afecta solo a un gobierno, una ley o una sentencia. Afecta a la propia cultura constitucional.
«Las democracias no se debilitan cuando los jueces dictan sentencias discutibles. Se extenúan cuando el poder deja de aceptar que existan jueces capaces de ponerle límites».
La Justicia soporta desde hace años una creciente deslegitimación cada vez que sus resoluciones resultan incómodas para el poder. Esa presión política y social deja huellas duraderas en la confianza de los ciudadanos.
Hay sentencias que cierran un litigio sin cerrar el debate que lo provocó. La resolución del TJUE sobre la amnistía confirma esa paradoja.
Las democracias no se debilitan cuando los jueces dictan sentencias discutibles. Se extenúan cuando el poder deja de aceptar que existan jueces capaces de ponerle límites.
La independencia judicial no protege a los magistrados; protege a los ciudadanos frente a la arbitrariedad. Preservar el prestigio de la Justicia no constituye una exigencia corporativa, sino una condición de supervivencia del Estado de Derecho.
La peor amenaza para la confianza en la Justicia no es la crítica a una sentencia. Es la costumbre de considerar independientes únicamente las resoluciones que confirman nuestras propias convicciones.
Una sociedad no puede aceptar con indiferencia que se presente al poder judicial como partícipe de una conspiración contra el poder legítimamente constituido. La desconfianza selectiva no erosiona solo a la Justicia; termina erosionando el Estado de Derecho. Y el silencio frente a esa deriva nunca ha sido una forma de neutralidad, sino de consentimiento.
