«Una pasarela incompleta que consagra una discriminación por razón de edad», así califica el Sindicato de Abogados y Procuradores Venia Advocatorum Unio la ley de pasarela al RETA que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves, asumiendo las enmiendas del Senado sobre la reforma de las mutualidades alternativas.
El texto ha quedado para su publicación en el BOE y crea una «pasarela» para que los abogados y procuradores que cotizaron durante años en mutualidades privadas —en lugar de en el RETA, el régimen de autónomos de la Seguridad Social— puedan trasladar esos años a su pensión pública.
El sindicato lo celebra, pero no se calla en un duro comunicado: acusa al legislador de «consagrar» por ley una discriminación por edad, y anuncia que estudiará llevarla ante la justicia, incluida la cuestión de inconstitucionalidad.
La ley reserva el trato pleno a quienes hayan cumplido 52 años a 31 de diciembre de 2026: cada mes cotizado en la mutualidad computará para ellos como un mes completo en el RETA, con efecto íntegro sobre la pensión.
Para todos los demás, impone un recorte: sus derechos se convertirán aplicando un coeficiente reductor de entre 0,67 y 0,87 sobre la base mínima, cifra aún sin cerrar que dependerá de un reglamento pendiente.
Venia lo describe sin matices: «dos profesionales que han ejercido en idéntico régimen de alternatividad… verán reconocidos sus años de ejercicio de forma radicalmente distinta por el solo hecho de haber nacido antes o después de una fecha».
El Gobierno defiende esa diferencia alegando que los más jóvenes aún tienen tiempo de completar en el RETA los quince años de cotización exigidos para tener derecho a pensión.
El sindicato no lo niega, pero lo desmonta: «el razonamiento explica el trato desigual, pero no lo legitima».
Y explica por qué: «el umbral de carencia solo determina si se cobra, no cuánto se cobra», mientras que el coeficiente reductor opera precisamente sobre el importe.
A eso añade que nadie puede garantizar que un joven complete esos quince años futuros —una enfermedad o el abandono de la profesión pueden truncarlo—, y que «los años cotizados en la mutualidad alternativa son pasado irreversible para todos por igual», por lo que su valoración no puede depender de una expectativa incierta.
Por eso el sindicato habla ya no solo de injusticia, sino de norma potencialmente inconstitucional, contraria a la igualdad del artículo 14 y al mandato del artículo 41, que exige un único sistema público, no uno fragmentado por generaciones.
Otros motivos de alarma
Hay más motivos de alarma. La ley no cierra la puerta que originó el problema: el régimen de mutualidad alternativa sigue vivo, y los nuevos colegiados podrán seguir optando por él.
«Una solución que preserva intacta la causa de la desprotección no es una solución, sino un aplazamiento», sentencia el sindicato, que augura el mismo conflicto dentro de unos años para otra generación.
Tampoco aclara la norma quién pagará los complementos a mínimos de los pensionistas cuya prestación no alcance el umbral legal —una omisión que, advierte la organización, podría abrir un flujo de fondos públicos hacia mutualidades privadas «sin contrapartida en el sistema de Seguridad Social»—.
Y remata con un reproche de técnica legislativa: «queda fijado en la ley aquello que perjudica y diferido a norma reglamentaria aquello de lo que depende la cuantía final de la pensión».
Es decir, el límite discriminatorio de los 52 años se blinda en el propio texto legal, mientras que todo lo que podría suavizar el golpe se aparca para un reglamento futuro.
Venia no se limita a protestar: exige. Reclama que el reglamento, que debe aprobarse en tres meses, agote el margen disponible para corregir el agravio, fijando el coeficiente en el extremo más favorable y reconociendo íntegros los años cotizados.
Exige que se aclare quién financia los complementos a mínimos, y una vía de reparación para los mutualistas y pensionistas que la pasarela deja fuera.
Y advierte de que no dará la reforma por cerrada ni permitirá «que se presente como conquista definitiva lo que para varias generaciones de compañeros supone una minoración de su vida profesional».
El sindicato pide ya a los afectados que documenten sus períodos de cotización y cierra su comunicado con una consigna que resume todo lo demás: «Ni un año de ejercicio profesional vale menos que otro. Ni un compañero de menos«.
