El director general de Asuntos Legales de Repsol ha convertido el voluntariado jurídico en una de las líneas de actuación de su departamento. Dos años después de su puesta en marcha, el programa se extiende a otros países y ha dado un paso institucional con la incorporación de la compañía al Patronato de la Fundación Pro Bono España.
El Derecho también puede transformar vidas fuera de los tribunales y de los despachos profesionales. Y las asesorías jurídicas de las grandes empresas tienen mucho que aportar en ese terreno.
Es la filosofía que ha llevado a Pablo Blanco, director general de Asuntos Legales de Repsol, a impulsar el Programa Pro Bono Jurídico de la compañía, una iniciativa que acaba de cumplir dos años y que permite a sus abogados poner voluntariamente sus conocimientos al servicio de entidades sociales y colectivos vulnerables con dificultades para acceder a un asesoramiento jurídico especializado.
Lo que comenzó como una apuesta por incorporar el voluntariado jurídico a la actividad del departamento legal ha ido adquiriendo una dimensión cada vez mayor.
Actualmente, 31 profesionales participan en proyectos de asesoramiento y formación jurídica. Y, aunque el programa se ha consolidado inicialmente en España, su desarrollo avanza también en Portugal, Perú, Estados Unidos y Bolivia, países en los que Repsol tiene presencia.
El objetivo es que el compromiso social forme parte de la cultura profesional de la asesoría jurídica, de manera que los conocimientos que sus integrantes emplean habitualmente en la actividad empresarial puedan contribuir también a resolver necesidades concretas de organizaciones del tercer sector.
Una orientación que Blanco ha vuelto a defender durante la clausura de la II Jornada Anual de Pro Bono Repsol, celebrada este mes de septiembre.
En su intervención, destacó la consolidación del programa y animó a más profesionales a sumarse a la iniciativa, recordando la responsabilidad de quienes ejercen la abogacía de poner sus conocimientos al servicio de las entidades sociales que los necesitan.
Del asesoramiento empresarial a la protección de colectivos vulnerables
El programa está abierto a todos los profesionales del área legal de Repsol, aunque la participación en los proyectos es voluntaria.
Su funcionamiento se articula a través de acuerdos con fundaciones y organizaciones especializadas, que identifican las necesidades jurídicas de las entidades sociales y canalizan las solicitudes de asistencia hacia los profesionales que pueden atenderlas.
También contempla la participación en clínicas jurídicas y programas universitarios.
Entre las instituciones colaboradoras figuran la Fundación Pro Bono España, la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Esfera.
Este modelo permite aprovechar la especialización de los abogados de una gran compañía en materias como Derecho Penal, protección de datos personales, gobierno corporativo o Derecho Mercantil.
La responsable de NewLaw & Digital y del Programa Pro Bono del equipo legal de Repsol, María Pedrosa, considera que el balance demuestra que es posible conectar la experiencia profesional de los abogados con necesidades sociales concretas.
«Detrás de cada colaboración hay personas que han decidido generosamente aportar su tiempo, sus conocimientos y su forma de entender el Derecho para contribuir a objetivos que trascienden nuestra actividad jurídica. La excelente acogida del programa refuerza nuestra voluntad de consolidarlo y continuar ampliando su alcance», ha destacado.
Cinco abogados elaboran el Código de Ética y Conducta de la Federación Pinardi
Uno de los proyectos más representativos ha sido la elaboración del Código de Ética y Conducta de la Federación Pinardi, entidad dedicada a la atención de niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y familias en situación de vulnerabilidad.
Repsol movilizó a un equipo multidisciplinar de cinco abogados especializados en Derecho Penal, Gobierno Corporativo y Protección de Datos Personales.
Su cometido consistió en trasladar herramientas propias del compliance corporativo al funcionamiento de una organización del tercer sector, adaptándolas a sus características y necesidades.
El programa también ha desarrollado proyectos formativos junto a la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Esfera, en el marco del grado universitario de Asistente Jurídico para personas con discapacidad intelectual.
Profesionales de Repsol han participado en la impartición de contenidos relacionados con tareas administrativas, funciones de apoyo jurídico y Derecho Mercantil.
Asimismo, la compañía ha colaborado con organizaciones como la Asociación Síndrome Phelan-McDermid, la Fundación Child Héroes y la Asociación Española de Síndrome de Nariz.
Repsol se incorpora al Patronato de la Fundación Pro Bono España
En julio de 2026, Repsol se incorporó al Patronato de la Fundación Pro Bono España, una organización dedicada a conectar a los profesionales del Derecho con las necesidades jurídicas de las entidades sociales.
La decisión supone un paso más respecto de la participación de los abogados de la compañía en proyectos concretos de voluntariado jurídico.
Como patrono, Repsol contribuirá al desarrollo de la fundación aportando su experiencia en la integración del Pro Bono dentro de una asesoría jurídica corporativa, su capacidad organizativa y sus conocimientos en la gestión de proyectos complejos y multidisciplinares.
La incorporación permitirá, además, reforzar la participación de las grandes empresas en el desarrollo de esta práctica en España.
La II Jornada Anual de Pro Bono Repsol, celebrada este mes de septiembre, ha servido para hacer balance del trabajo desarrollado durante los dos primeros años del programa.
El encuentro reunió a profesionales del área legal de la compañía y representantes de entidades sociales y universidades, entre ellas la Fundación Pro Bono España, la Fundación Esfera, la Fundación Lukas y la Clínica Jurídica de ICADE.
Pablo Blanco aprovechó la clausura para reiterar su apuesta por el Pro Bono y animar a los profesionales de su departamento a participar activamente en los proyectos.
Su planteamiento parte de una idea: la experiencia jurídica acumulada en el ámbito empresarial puede resultar de gran utilidad para organizaciones que carecen de recursos suficientes para acceder a ese mismo nivel de especialización.
