Conseguir el contrato es solo el primer obstáculo. Lo que viene después rara vez se discute: mantener el puesto, aprender, ascender. Dentro de la inclusión laboral de las personas autistas, ese es el terreno que menos atención recibe, y a él ha dirigido su propuesta el proyecto que se ha llevado la II Edición del Desafío Pro Bono España.
Se llama «Bono Talento TEA, Proyecto Bosco». Sus autoras son Irene Gútiez, María de Montes-Jovellar y Yadira Lara, estudiantes del Centro de Estudios Garrigues. El fallo se dio a conocer el 6 de noviembre en el acto de clausura, celebrado en la sede de la Confederación Autismo España en Madrid.
Las cifras del problema
El punto de partida que ofrece la organización es preocupante. La Confederación Autismo España calcula que en nuestro país hay alrededor de 500.000 personas autistas. Según datos de Autismo Europa que recoge la propia Confederación, entre el 76 % y el 90 % de los adultos autistas no tienen empleo ni ninguna actividad productiva.
Las estudiantes señalaron un problema concreto. Muchas de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) que sí trabajan acaban encasilladas en tareas repetitivas, sin estímulos y sin un plan de desarrollo profesional, aunque tengan la cualificación necesaria para ir más allá.
Una adenda y un incentivo fiscal
La respuesta jurídica tiene dos partes. La primera es laboral: el «Bono Talento TEA» se configura como una adenda al contrato de trabajo, con cláusulas específicas de formación continua y progresión profesional. Su objetivo declarado es dar contenido real a dos derechos que el Estatuto de los Trabajadores ya reconoce, el de promoción y formación profesional en el trabajo [artículo 4.2.b)] y los que regula el artículo 23.
La segunda parte es fiscal. El proyecto propone modificar el régimen de deducciones del Impuesto sobre Sociedades para que a las empresas les compense incorporar estas medidas a su gestión del talento. La nota de prensa no concreta qué porcentaje de deducción se plantea ni sobre qué base se calcularía.
Según la Fundación Pro Bono España, el equipo ha trabajado durante un año en el análisis de la normativa, en el estudio de experiencias europeas y en la validación jurídica de las herramientas.
Uno de los aspectos más delicados, reconoce la organización, ha sido que las medidas encajen con los principios de igualdad de trato, no discriminación y ajustes razonables. El otro, que estos planes de seguimiento y evaluación entren en la gestión ordinaria de recursos humanos y no se queden en una buena intención.
En ese camino, las alumnas han contado con abogados de A&O Shearman, Ramón y Cajal Abogados y Squire Patton Boggs, despachos de la red de la Fundación.
La Confederación Autismo España ha aportado el conocimiento de las barreras reales, y será quien lleve la propuesta a foros nacionales e internacionales sobre autismo y a los espacios donde se debaten los cambios normativos.
Tres finalistas y un debate sobre discapacidad
Esta edición, que ha tenido como colaboradoras a Fundación Caser, Fundación Nemesio Díez y Repsol, ha recibido 17 candidaturas de 14 clínicas jurídicas universitarias.
Han participado más de 70 estudiantes de Derecho. A la final llegaron otras dos propuestas además de la ganadora: una de la Universidad de Alcalá sobre fibromialgia y otra de IE Law School sobre la figura del facilitador procesal.
La clausura también sirvió para hablar de cómo ha cambiado la manera de entender la discapacidad desde la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las reformas legales que vinieron después en España. Intervinieron representantes de CERMI, COCEMFE y Fundación Prodis, además de David Cubero, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y delegado de Discapacidad del Tribunal Superior de Justicia.
La Fundación Pro Bono España reúne a 45 despachos, 4 asesorías jurídicas de empresa y 11 abogados a título individual. Con el Desafío pretende que los estudiantes descubran, desde el principio de la carrera, lo que el Derecho puede hacer frente a necesidades sociales reales.
