La vivienda de una persona mayor rara vez es solo un inmueble. Puede ser el lugar donde ha transcurrido toda una vida y, al mismo tiempo, el recurso con el que completar una pensión insuficiente.
Esa doble condición, afectiva y patrimonial, fue el hilo con el que la decana-presidenta del Colegio de Registradores de España, Rosario Jiménez, explicó este jueves por qué una institución registral tiene algo que decir sobre el envejecimiento.
«Hablar de envejecimiento es hablar de toda la sociedad», afirmó Jiménez al inaugurar la presentación de los Anuarios Jubilare, las publicaciones que reúnen el contenido de los encuentros organizados por la Comisión Científica de este proyecto del Colegio.
La decana enumeró los frentes abiertos: sociales, jurídicos, económicos y sanitarios. Entre todos ellos destacó uno que conecta directamente con la función registral, cómo garantizar que se respeta la voluntad de cada persona cuando toma decisiones sobre su patrimonio.
De ahí su reclamación de una respuesta transversal, construida con los propios afectados. «No podemos construir una sociedad para las personas mayores sin contar con las propias personas mayores», sostuvo.
«El trabajo de los registradores está ligado a decisiones que pueden tener un peso especial en la vida de una persona mayor. Proteger sus derechos y dotar de seguridad jurídica a esas decisiones es, en su planteamiento, el núcleo de la aportación del Colegio».
Una institución que no puede mirar hacia otro lado
Jiménez defendió que «una institución jurídica no puede permanecer ajena a las grandes transformaciones de la sociedad a la que está llamada a servir».
El trabajo de los registradores, recordó, está ligado a decisiones que pueden tener un peso especial en la vida de una persona mayor. Proteger sus derechos y dotar de seguridad jurídica a esas decisiones es, en su planteamiento, el núcleo de la aportación del Colegio.
Cerró su intervención con una declaración de intenciones: «Jubilare no es solamente lo que hemos hecho, sino lo que queremos seguir construyendo: una sociedad en la que ninguna persona sea definida únicamente por su edad».
Derechos, autonomía y participación fueron los tres conceptos que situó en el centro de esa tarea.
Ética, asistencia y salud
La primera mesa redonda, «Jubilare ante los retos del envejecimiento», abordó las dimensiones ética, asistencial y sanitaria del fenómeno. La moderó Dulce Calvo, miembro de la Comisión Ejecutiva de Jubilare y vocal de Asuntos Europeos del Colegio de Registradores (CORPME).
Intervinieron tres miembros de la Comisión Científica: Ángel Puyol, catedrático de Ética en la Universidad Autónoma de Barcelona; María José Segarra, fiscal de Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado –categoría equivalente a la de magistrada del Supremo–; y Francisco Tarazona, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
María del Pilar Rodríguez, también de la Comisión Ejecutiva, presentó después los tres volúmenes, correspondientes a 2022-2023, 2024 y 2025. Recogen la actividad de la Comisión Científica desde su puesta en marcha: 27 webinarios con la participación de alrededor de un centenar de ponentes.
El papel de la sociedad civil
La segunda mesa, «La nueva sociedad. Sociedad civil. El papel de las fundaciones», se centró en los retos demográficos, la respuesta del Derecho y de la abogacía ante el envejecimiento y la lucha contra el edadismo.
Teresa López, directora de Relaciones Institucionales de CORPME y miembro de la Comisión Ejecutiva de Jubilare, condujo el diálogo entre Rafael Puyol, catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Comisión Científica; Blanca María Narváez Vega, directora general de la Fundación Mutualidad de la Abogacía; e Isabel María Martínez, presidenta de la Fundación HelpAge.
Clausuró la jornada Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela y presidenta de la Comisión Científica Jubilare.
Entre los asistentes se encontraban Encarnación Roca, vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional, Francisco Marín Castán, expresidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, ahora retirado, María Emilia Adán, expresidenta del Colegio de Registradores, María Jesús Moro, portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, y Urquiola de Palacio, presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid y vicepresidenta de CIIAM, entre otros.
