El vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Bodas Martín, ha puesto fin a dos años al frente de dos de las comisiones más sensibles del CGPJ.
En una carta remitida el 28 de julio de 2026 a la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, Bodas presentó su dimisión irrevocable como presidente de la Comisión de Carrera y de la Comisión de Salud Judicial.
El detonante: la aprobación por el Pleno, con una mayoría de 12 votos –entre ellos el de la presidenta–, del Documento Técnico de Trabajo sobre los parámetros de carga saludable, un texto que el vocal y magistrado no reconoce como legítimo desde su origen.
Fue un «acto de representación política», no un «acto de gobierno», afirma.
El CGPJ no es el patrón de los jueces
La discrepancia arranca en un terreno estrictamente jurídico. Bodas sostiene que el Consejo ha asumido, sin base normativa, un «deber de seguridad» propio de la relación entre un empleador y su plantilla.
Algo que es ajeno a la naturaleza de la carrera judicial. Porque ni el CGPJ es el empleador ni la carrera judicial es su plantilla, insiste.
Su formulación es tajante. Y se basa en su vasta experiencia como magistrado de lo social: «Aquí los jueces, a título individual, son quienes dirigen e inspeccionan todos sus asuntos; el que señala eres tú, no te lo impone nadie».
Frente a esa tesis, el documento aprobado por el Pleno se basa en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2023, que condena al Consejo a regular las cargas de trabajo a efectos de prevención de riesgos laborales.
La autonomía del juez, sostiene el fallo, no exime al órgano de gobierno de los jueces de identificar situaciones de riesgo alto o crítico y activar los apoyos correspondientes.
Propuestas voluntaristas sin rigor científico
El segundo frente es metodológico. Bodas denuncia que el Pleno ha «desautorizado injustificadamente» a los servicios técnicos del propio Consejo, sustituyendo el análisis de datos empíricos por lo que califica de propuestas voluntaristas y carentes de valor científico.
El magistrado critica que se ignoren rendimientos reales del 183,5% —alcanzados en el primer semestre de 2025— para fijar objetivos que considera “ideológicos” e “imposibles”.
Por el contrario, el documento aprobado introduce el “Principio de Prudencia Preventiva”, argumentando que la “capacidad observada” por la Inspección no equivale automáticamente a una “carga saludable”.
El texto sostiene que un juzgado puede estar resolviendo mucho, pero a costa de un sobreesfuerzo sostenido y prolongaciones de jornada que sacrifican la calidad deliberativa y el descanso, situaciones que no deben “normalizarse”.
La crítica más dura: la consulta con las asociaciones judiciales
Bodas reserva su crítica más dura para el trámite de contraste abierto con las asociaciones judiciales y la carrera en su conjunto, al que se refiere despectivamente como una «especie de referéndum» cuyas conclusiones —anticipa— se acabarán imponiendo de todos modos.
Permitir que el colectivo decida qué carga está dispuesto a asumir, argumenta, desembocará en una «reducción generalizada» de la capacidad de respuesta del sistema ante la demanda de justicia.
El Consejo defiende el mecanismo en sentido inverso: como vía para dotar de legitimidad técnica y jurídica a un texto que, insiste, sigue abierto a alegaciones antes de su aprobación definitiva.
Una cuestión de «ética y estética»
El magistrado cierra su argumentario con una pregunta de fondo ética: si la salud laboral se resiente en el trabajo jurisdiccional, ¿por qué no se resiente en la actividad extrajudicial —conferencias, publicaciones, seminarios— que muchos magistrados compatibilizan con su función?
Para Bodas, mantener los órganos al día y una vida personal es, ante todo, «una cuestión de ética y estética».
El Documento Técnico de Trabajo aprobado apunta en dirección contraria: un semáforo preventivo, un sistema de alerta alerta institucional diseñado para graduar la respuesta del Consejo ante los riesgos para la salud judicial.
Por todo ello, Bodas afirma verse «en la obligación de dimitir irrevocablemente» de la presidencia de ambas comisiones al considerar que no sería razonable dirigir unas áreas cuyas políticas dice discrepar «radicalmente».
La carta concluye con un agradecimiento al Pleno del CGPJ por la confianza depositada en él y a los compañeros que le han acompañado durante los dos últimos años.
Negociación con el Ministerio
Por otra parte, la Comisión Permanente del CGPJ condiciona la negociación con el Ministerio sobre los módulos del Tribunal de Instancia a que el Consejo cierre antes su propio debate sobre las cargas de trabajo saludables de la Carrera Judicial.
El texto responde a un oficio del 30 de junio del Ministerio, que pedía colaboración para fijar esos módulos. El CGPJ advierte que aún no tiene datos históricos suficientes sobre las nuevas secciones, aunque se declara abierto a colaborar según se generen.
El punto central remite al Pleno del 22 de julio, que aprobó provisionalmente los parámetros de carga saludable —la votación que ha llevado a Ricardo Bodas a dimitir como presidente de la Comisión de Carrera Judicial. Ese documento ya se trasladó al Ministerio para alegaciones.
La secuencia queda fijada: solo cuando el CGPJ cierre sus propias cargas se iniciarán los trabajos conjuntos con el Ministerio, vía Comisión Mixta, para los módulos del Tribunal de Instancia. Hasta entonces rige la Orden JUS/1415/2018.
