A los 10 u 11 años, muchos niños ya están en las redes sociales. Y allí no solo encuentran vídeos, juegos o amigos. También pornografía, violencia extrema, contenidos que incitan a las autolesiones, adultos que se hacen pasar por menores y materiales manipulados con inteligencia artificial.
El problema ya no es hipotético. Está llegando a los juzgados y a las fiscalías.
Así lo expuso Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, durante las XX Jornadas de Documentos Jurídicos y Psiquiátricos, celebradas entre el viernes y el sábado pasados en Sevilla y organizadas por la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental y la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental.
Tejada —fiscal de Sala, categoría equivalente dentro de la carrera fiscal a la de magistrado— pronunció la ponencia «La protección de los menores en el entorno digital: propuestas legales en curso».
Y fue directa desde el principio: «Los niños son más vulnerables y, por ello, los efectos perversos de ese desarrollo tecnológico pueden ser mayores».
Los datos que manejó ayudan a medir el fenómeno. El 99,9 % de los jóvenes de entre 16 y 25 años utiliza Internet todos los días y entre los niños de 10 a 15 años el porcentaje ronda el 97,5 %. Además, cerca del 90 % de los adolescentes usa habitualmente redes sociales y muchos empiezan a hacerlo a los 10 u 11 años.
«No saben el riesgo que están asumiendo»
Para Tejada, uno de los grandes cambios introducidos por las redes sociales es que los usuarios han dejado de ser simples consumidores de información para convertirse en generadores permanentes de contenidos.
En el caso de los menores, esa transformación añade un riesgo evidente.
«El problema es cuando este tipo de prácticas las realizan personas que, por su madurez, por su evolución, por su nivel de desarrollo, no saben el riesgo que están asumiendo al contar información sobre ellos mismos en la red o al contactar con personas que no saben ni quiénes son», advirtió.
La fiscal resumió después, de forma especialmente gráfica, lo que ya están observando los operadores jurídicos: «Niños a edades muy tempranas están accediendo a contenidos que son claramente perjudiciales para ellos».
Y concretó: «Me refiero a contenidos violentos, a contenidos pornográficos, a contenidos que incitan a la discriminación, a contenidos de carácter sexista».
A ello se suma el contacto con personas que persiguen fines sexuales, con redes de trata o con individuos que pueden intentar captar a menores para actividades delictivas o entornos violentos y extremistas.
Seis de cada diez han visto violencia digital
Tejada aportó además cifras que muestran hasta qué punto la violencia se ha instalado en el entorno digital de los menores.
«Hoy en día, seis de cada diez niños menores de edad reconocen haber sido testigos de actos de violencia digital. La mitad de los niños reconocen haber sido víctimas ellos mismos». Y uno de cada cuatro admite haber ejercido también violencia en ese entorno.
Pero hay otro dato especialmente preocupante: el incremento de menores que aparecen como autores de determinadas conductas delictivas.
La fiscal recordó que la Memoria de la Fiscalía General del Estado refleja un aumento del 53 % de los expedientes judiciales por delitos sexuales en los que el agresor es menor y un crecimiento del 15 % en delitos de violencia contra la mujer o violencia doméstica protagonizados por menores.
«Estamos detectando cada vez una mayor participación de los niños como sujetos activos de actos de violencia de esta naturaleza», explicó.
Tejada lanzó entonces una de las frases más contundentes de su intervención para explicar la gravedad de los delitos cometidos contra menores en Internet:
«A un niño no se le estafa en la red. En el caso de un niño, el niño es víctima de un delito contra la intimidad, contra la privacidad, contra su libertad sexual, contra su dignidad, contra aquello que más le puede dañar».
Autolesiones y depredadores sexuales
El ordenamiento jurídico ha comenzado a reaccionar frente a estas conductas.
Tejada recordó que la reforma introducida por la Ley Orgánica 8/2021 incorporó delitos destinados a perseguir la difusión de contenidos dirigidos a menores que les inciten al suicidio, a las autolesiones o a desarrollar trastornos alimentarios.
La fiscal describió algunos de esos contenidos: desafíos para comprobar «quién se tira del sitio más alto, quién se corta más veces y aguanta sin llorar los cortes que se está haciendo o quién aguanta más sin respirar».
Son delitos de riesgo. No es necesario que finalmente se produzca el resultado perseguido y el juez puede ordenar la retirada de los contenidos incluso cuando no haya podido identificarse al responsable.
Especial preocupación generan los delitos contra la libertad sexual.
«Estamos viendo cosas absolutamente tremendas, porque son muchos los que buscan a los niños en la red con fines de carácter sexual», afirmó Tejada.
Entre esas conductas figura el child grooming, mediante el cual un adulto utiliza Internet para localizar a menores, ganarse su confianza y aproximarse a ellos con propósitos sexuales.
Nuevas barreras legales
Buena parte de la ponencia estuvo dedicada a las reformas legales en curso.
Entre ellas figura elevar de 14 a 16 años la edad a partir de la cual un menor puede consentir autónomamente el tratamiento de sus datos personales.
También se plantea prohibir determinados mecanismos aleatorios de recompensa en juegos digitales e imponer a fabricantes y distribuidores de dispositivos conectados a Internet la obligación de incorporar controles parentales por diseño.
Uno de los debates más complejos afecta a los sistemas de verificación de edad para impedir que los menores accedan a pornografía o violencia extrema.
Tejada resumió la cuestión en otra de las frases centrales de su intervención: «El gran problema es cómo combinamos ambos intereses: proteger a los niños y salvaguardar la intimidad, los datos y la privacidad» de los usuarios.
Las reformas prevén además que un juez pueda prohibir a una persona acceder a determinados espacios de Internet o comunicarse con otros usuarios en el entorno virtual, incluso cautelarmente.
La razón es muy concreta. Según Tejada, existen depredadores sexuales que, aun estando sometidos a un procedimiento judicial, «siguen yendo a los mismos foros a buscar a los niños para continuar sus prácticas».
También se plantea agravar la responsabilidad de quienes empleen identidades falsas para aproximarse a menores y tipificar específicamente determinados contenidos sexuales, humillantes o denigrantes creados mediante inteligencia artificial.
La conclusión de Tejada fue que la respuesta no puede limitarse al Derecho penal. La protección de los menores exige prevención, formación, cooperación entre administraciones, responsabilidad de las plataformas y herramientas jurídicas capaces de adaptarse a una tecnología que cambia mucho más deprisa que las normas.
