GEMME España (Grupo Europeo de la Magistratura por la Mediación de España) ha renovado su Junta Directa e inicia una nueva etapa con una hoja de ruta clara: impulsar su faceta divulgativa tanto para la magistratura como para la ciudadanía.
«La mediación no debe entenderse como un método alternativo a la Justicia, sino como la herramienta más adecuada para cada conflicto», señalaba en una rueda de prensa Rosalía Fernández, nueva presidenta de la asociación.
Fernández es magistrada, delegada de Mediación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y especialista en Derecho Civil, Familia, Derechos Humanos y Mediación, con una amplia trayectoria docente y una intensa actividad de colaboración en proyectos nacionales e internacionales.
Rodeada de su compañeras de la nueva Junta Directiva, renovada el pasado 10 de julio, GEMME España insistió en que el debate generado tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia ha desvirtuado el verdadero papel de la mediación.
Impulsar la cultura del diálogo de forma transversal y una justicia más humana
GEMME España es una asociación multidisciplinar integrada por miembros de la carrera judicial y fiscal, letrados de la Administración de Justicia, profesionales de la abogacía, la mediación, la psicología, la universidad y otros ámbitos comprometidos con la gestión dialogada de los conflictos.
Esta nueva etapa comienza con una misión muy importante: promover una auténtica cultura del diálogo dentro y fuera de los tribunales sobre qué es la mediación.
En el contexto que vive ahora la Justicia, donde muchos operadores jurídicos considera que los Métodos Alternativos de Solución de Controversias (MASC).
Las representantes de la Junta defendieron que la mediación siempre ha sido una herramienta para que la ciudadanía pueda resolver los conflictos de forma pacífica, cercana y eficaz, ya se con anterioridad a que llegue a sede judicial (mediación prejudicial) o una vez dentro (mediación intrajudicial).
En esa línea, insistieron en que la mediación constituye un instrumento al servicio de la tutela judicial efectiva y no un mecanismo para limitar el acceso a los juzgados.
La asociación también reivindicó valores como la transparencia, la comunicación entre operadores jurídicos, la formación y la colaboración institucional, así como la necesidad de acercar la mediación a la ciudadanía mediante campañas de sensibilización, una asignatura que consideran pendiente tras la aprobación de la Ley de Eficiencia.
«Hemos intentando estar siempre cuando se nos pedía ayuda, pero ahora queremos también aportar nuestro grano de arena en las iniciativas legislativas que sean relativas a la mediación», explicó Amparo Quintana, una de las socias fundadoras de la asociación.
Una hoja de ruta definida para situar la mediación como una vía más de solución
Y ya tienen claro cómo van a empezar esta concienciación y divulgación de la mediación para la ciudadanía: desde casa, es decir, desde el sector judicial. «Queremos alentar a los miembros de la carrera judicial y encauzar el diálogo en los procedimientos judiciales», señala Patricia Fresco, magistrada en la vía jurisdicción contencioso-administrativo.
Para ello, comenzaran a retomar el diálogo con las instituciones, renovando los convenios con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Escuela Judicial y mantener el diálogo con el Ministerio de Justicia o las Comisiones de Justicia de las Cortes Generales.
Una vez renovados los acuerdos y acercada posiciones con la Administración de Justicia, el siguiente paso es abrir un proceso de diálogo con asociaciones profesionales, colegios y colectivos jurídicos especialmente afectados por la aplicación de la norma para detectar los problemas prácticas que está generando la Ley de Eficiencia y consensuar posibles soluciones.
Paralelamente, GEMME reforzará su actividad mediante grupos de trabajo especializados, convenios con universidades y colegios profesionales, organización de congresos y jornadas formativas y una mayor presencia en foros nacionales e internacionales dedicados a la mediación y la justicia restaurativa.
«Poco a poco conseguiremos que efectivamente la ciudadanía entienda que tiene otras posibilidades de acceder a la resolución de contratos», resume Silvia Hinijosa de su misión.
