«Así que por ahí vendrá la mordida.» La frase, pronunciada por el propio exconsejero delegado de Plus Ultra Roberto Roselli en una conversación intervenida por la Policía Nacional, resume ahora el núcleo de lo que el magistrado instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, investiga bajo el nombre de ‘caso Plus Ultra’.
Esta semana, Calama ha citado a declarar como investigados a los dos hombres que hasta finales de julio dirigían la aerolínea —Julio Martínez Sola, expresidente, y el propio Roselli—, después de que ambos admitieran por escrito ante el juzgado el pago de 530.000 euros al socio de José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta mediación en el rescate público de 53 millones de euros que salvó a la compañía en plena pandemia.
Martínez Sola comparecerá el lunes y Roselli el martes.
Ambos dimitieron tras remitir al juzgado sendos escritos en los que admitieron pagos que ahora sitúan en el centro de la instrucción del ‘caso Plus Ultra’.
La causa investiga a José Luis Rodríguez Zapatero como presunto cabecilla de una red de tráfico de influencias que se habría beneficiado económicamente de su mediación en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la aerolínea en 2021, en plena pandemia.
Según el relato que Martínez Sola y Roselli trasladaron al instructor, la compañía pagó «elevadas cantidades de dinero» al empresario Julio Martínez Martínez —socio de Zapatero y dueño de Análisis Relevante— por unas gestiones cuya «pretensión de cobrar» ambos exdirectivos dicen haber asumido «de forma sobrevenida», ante la necesidad de salvar la empresa, «aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener» el expresidente y su socio.
Sus defensas han calificado esa pretensión como «mordida», término que aparece en la conversación intervenida por la Policía Nacional entre Roselli y Rodolfo Reyes, empresario venezolano y entonces consejero de la aerolínea, incorporada a los informes policiales remitidos al juzgado.
Los propios exdirectivos matizan, no obstante, que no llegaron a tener «constancia fehaciente» de qué actuaciones concretas se emplearon para influir en la SEPI, y presentan la contratación de Martínez Martínez como «una medida desesperada» adoptada con la conciencia de que este tenía relación con Zapatero.
El 1 % del rescate
El montante, según su versión, ascendió al 1% del valor del rescate: 530.000 euros abonados entre 2020 y 2025, repartidos entre tres sociedades vinculadas a Martínez Martínez —249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617 a Voli Analítica y 110.799 a Domotic Europe—, a los que se sumarían 69.000 euros en especie, en billetes de clase business puestos a disposición del empresario desde 2021.
El pago se habría instrumentado mediante unas 40 facturas de entre 6.050 y 7.250 euros bajo el concepto «Honorarios mensuales. Elaboración de informe», pese a que, según reconocen los propios exdirectivos, ese informe no existió o los seis o siete que sí se llegaron a entregar eran irrelevantes para la compañía —una actividad que definen como «encubridora»—. Un intento posterior de «regularización» de esos pagos, añaden, quedó frustrado por la operación policial.
La llamada desde un número oculto
Las defensas sitúan el origen de la operación en abril de 2020, con el espacio aéreo paralizado por el confinamiento.
Reyes habría puesto a Martínez Sola en contacto con Manuel Fajardo, quien le indicó que Zapatero «podría ayudarle» y que este y Martínez Martínez se pondrían en contacto con él.
El 30 de abril de 2020, según el escrito, Martínez Sola recibió una llamada desde un número oculto que resultó ser la del expresidente del Gobierno; una conversación de unos diez minutos en la que Martínez Sola expuso la situación financiera de la aerolínea y la necesidad de acceder a un crédito ICO, y en la que —subrayan expresamente las defensas— Zapatero «no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones», limitándose a ofrecer intervenir y remitir el contacto a su hombre de confianza.
Los exdirectivos reconocen además «otros pagos» a Martínez Martínez, de cuantía no precisada, por gestiones del empresario en Venezuela, entre ellas la negociación de un aplazamiento de deuda con Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Las defensas insisten en que Plus Ultra «ha cometido errores, no se discute», pero rechazan que ello convierta a la aerolínea en «una sociedad pantalla», invocando su volumen de empleo, el pago recurrente de nóminas y las aportaciones a la Seguridad Social y a Hacienda como prueba de actividad empresarial real, atribuyendo su implicación en la presunta trama a «una situación desesperada de obtención de liquidez» en un contexto económico adverso.
