La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha aprovechado la solemne apertura del Año Judicial 2026/2027 para respaldar de forma expresa que el Ministerio Fiscal asuma la dirección de la investigación penal, pero ha advertido de que este cambio de modelo exige reforzar previamente la autonomía de la institución, reformar su Estatuto Orgánico y dotarla de más fiscales, medios tecnológicos y recursos económicos.
En su discurso, pronunciado ante el Rey y los máximos representantes del Poder Judicial, la fiscal general ha defendido además a la carrera fiscal frente a las críticas que recibe y ha rechazado que se clasifique a los fiscales en función de si sus posiciones procesales benefician o perjudican a unos u otros.
«Se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convenga a unos o a otros», ha lamentado.
La fiscal general ha estructurado buena parte de su intervención alrededor de tres grandes cuestiones que considera esenciales para el futuro de la Justicia española: la modernización del proceso penal y del modelo de investigación criminal, la defensa del papel constitucional del Ministerio Fiscal y la protección de las víctimas.
Respaldo a que los fiscales dirijan la investigación penal
Uno de los mensajes centrales del discurso ha sido el apoyo explícito al nuevo modelo de investigación penal contemplado en el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente en tramitación.
«Quiero expresar el firme respaldo del Ministerio Fiscal a la atribución a la Fiscalía de la dirección de la investigación penal», ha señalado.
Según ha explicado, la reforma pretende superar un sistema cuya estructura básica continúa respondiendo a concepciones del siglo XIX y adaptarlo a una criminalidad cada vez más compleja, como la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, la trata de seres humanos, el blanqueo de capitales o los delitos relacionados con las nuevas tecnologías.
La fiscal general ha recordado que el nuevo modelo ha recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial, aunque acompañado de observaciones destinadas a reforzar sus garantías, y ha señalado que también ha sido respaldado por la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de Derecho de 17 de julio de 2026.
Para la responsable del Ministerio Público, atribuir la investigación de los delitos a los fiscales no constituye una reivindicación corporativa.
«Se trata, ante todo, de una exigencia de racionalidad institucional orientada a reforzar las garantías del proceso penal y, en definitiva, a fortalecer la calidad de nuestro Estado de Derecho», ha afirmado.
El planteamiento pasa por separar las funciones de investigación y garantía. Es decir, que el fiscal investigue mientras un juez independiente controla aquellas decisiones que puedan afectar a los derechos fundamentales.
«Quien investiga no debe ser quien decide sobre las medidas limitativas de derechos fundamentales. Y quien controla la legalidad de la investigación debe encontrarse plenamente desvinculado de las tareas investigadoras», ha explicado.
«Necesitamos más autonomía»
Sin embargo, la fiscal general ha condicionado el éxito de este modelo al fortalecimiento de la autonomía del Ministerio Fiscal.
«Para una asunción exitosa de la investigación penal necesitamos más autonomía y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal», ha advertido.
Ha valorado positivamente el proyecto de reforma del Estatuto porque, entre otras medidas, desvincula el mandato de la persona titular de la Fiscalía General del Estado de la duración del Gobierno que la nombró y permite que la Junta de Fiscales de Sala pueda vetar, mediante mayoría cualificada, determinadas decisiones del fiscal general.
Pero considera insuficiente el avance.
«Seguimos precisando más autonomía», ha reclamado.
La fiscal general ha concretado esta petición en cuatro ámbitos: autonomía organizativa, reglamentaria, formativa y presupuestaria.
Especialmente relevante ha sido su reivindicación económica. A su juicio, el Ministerio Fiscal debe disponer de recursos propios y capacidad para gestionarlos con el objetivo de cumplir eficazmente las funciones que le atribuye el artículo 124 de la Constitución.
El cambio procesal tampoco podrá acometerse, ha advertido, sin incrementar los medios materiales y humanos. Será necesario reforzar las plantillas, modernizar los sistemas tecnológicos, consolidar estructuras de apoyo y profundizar en la especialización.
En este punto ha celebrado la creación de 200 nuevas plazas de fiscales en 2026 y el compromiso de continuar aumentando la plantilla durante 2027.
Defensa de los fiscales frente a las críticas
Otro de los bloques más significativos del discurso ha sido la defensa de la actuación del Ministerio Fiscal ante las críticas públicas y mediáticas.
La fiscal general ha reconocido que existe una creciente demanda social de transparencia y una «legítima exigencia de rendición de cuentas», pero ha advertido de que estos principios no pueden convertirse en una vía para la descalificación permanente de la institución.
«Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad», ha afirmado.
Según ha expuesto, en ocasiones se presentan las decisiones procesales de los fiscales mediante simplificaciones que no tienen en cuenta la complejidad jurídica de los procedimientos y se atribuyen «gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe una valoración jurídica».
La fiscal general ha rechazado especialmente la división entre fiscales en función de las posiciones que mantienen en procedimientos concretos.
«Se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convenga a unos o a otros», ha denunciado.
Frente a esa visión, ha recordado que todos forman parte de «una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos, con sujeción exclusivamente a la Ley».
Actualmente, la carrera fiscal está integrada por 2.804 miembros, aunque la previsión es superar próximamente los 3.000.
La fiscal general ha llamado a los propios fiscales a reivindicar públicamente el trabajo de la institución, su independencia, rigor y profesionalidad, así como su papel en la defensa de los ciudadanos y la protección de las víctimas.
Tres fiscales más para Ceuta
La fiscal general también se ha referido específicamente a la situación de Ceuta y ha anunciado una medida concreta para reforzar la capacidad de actuación del Ministerio Público en la ciudad autónoma.
Tras visitar Ceuta el pasado 27 de agosto, ha decidido el destacamento temporal de tres fiscales procedentes de la península, una medida que se hará efectiva próximamente.
Ha destacado especialmente la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes y ha defendido que la preservación del principio de legalidad y el retorno a una situación de «plena seguridad y normalidad» son compatibles con la humanidad y el respeto a la dignidad de las personas migrantes.
La última parte de su intervención ha estado dedicada a la protección de las víctimas, que la fiscal general considera uno de los ejes esenciales de una Justicia moderna.
«La protección de las víctimas no es una cuestión accesoria. Es una exigencia derivada de la dignidad humana», ha afirmado.
Ha defendido procedimientos más ágiles, una mayor coordinación entre instituciones, asistencia especializada y la incorporación transversal de la perspectiva victimológica.
Esta protección, ha precisado, no entra en contradicción con las garantías del investigado.
«La protección efectiva de las víctimas, el derecho de defensa y el respeto a la presunción de inocencia son principios complementarios que deben coexistir en un proceso penal equilibrado y plenamente respetuoso con los valores constitucionales», ha concluido.
