El Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas el Real Decreto que regula las sustituciones de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
Así lo anunció ayer en Bilbao el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la clausura del XVIII Congreso de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ).
No dio fecha concreta.
Según la exposición del Ministerio, la norma responde al compromiso de avanzar en la equiparación del régimen retributivo de las sustituciones de los LAJ con el que rige en las carreras judicial y fiscal.
Persigue, además, adaptar la regulación vigente a las necesidades organizativas actuales, mejorar la cobertura de las ausencias y permitir un uso más eficiente de los recursos. Incorpora también el incremento de las indemnizaciones por residencia para los letrados destinados en las Islas Baleares.
El ministro no detalló cuantías.
El cuerpo se letrados de la Administración de Justicia (LAJ) era el antiguo cuerpo de secretarios judiciales, un colectivo de funcionarios de que depende directamente del Ministerio de Justicia. Su superior máximo es Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia.
Compartieron la mesa de clausura, en la Sala BBK, la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, y el portavoz de UPSJ, Juan José Yáñez Pena.
Una convocatoria a medio cubrir
Bolaños se detuvo en un dato que afecta directamente al cuerpo. De las 417 plazas de la última convocatoria de LAJ, se cubrieron 177; quedaron 240 sin adjudicar.
El ministro instó a «dar una pensada» sobre lo ocurrido, sin concretar a qué atribuye el resultado.
Desde la asociación, la demanda fue en la misma dirección. «Sacaremos el trabajo igual, con medios y sin medios, porque es un servicio público que tenemos que hacerlo. Pero necesitamos medios y, en otras cosas, necesitamos letrados, muchos letrados», afirmó Yáñez.
El balance del Ministerio
El titular de Justicia enmarcó el anuncio en lo que calificó como la mayor transformación del sistema en décadas, con medidas como la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para agilizar trámites y facilitar el acceso y la comprensión de las resoluciones judiciales.
Aseguró que el presupuesto de Justicia «se ha multiplicado por doce».
Sobre los tribunales de instancia, sostuvo que permiten decir «adiós» a los «vetustos» juzgados unipersonales, que databan de 1834, y trabajar «con más flexibilidad, más agilidad y más capacidad de gestión».
Aportó cifras del periodo enero-septiembre, comparadas con los mismos meses del año anterior: las vistas celebradas han aumentado un 5,7% y las señaladas un 7,8%, mientras la litigiosidad ha bajado un 7,5% en todos los órdenes jurisdiccionales y un 15,6% en el civil.
Recordó también la creación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, y la renovación del Consejo General del Poder Judicial en 2024 tras estar «bloqueado durante cinco años». Reconoció, no obstante, que «quedan cosas por hacer».
«Judicializar la política»
El cierre de su intervención tuvo carga política. Bolaños advirtió de que «la Justicia en este país está siendo utilizada por personas que en ningún caso quieren preservar o defender la ley o defender el Estado de Derecho, sino que lo que quieren es utilizar la justicia para judicializar la política».
«Básicamente desean no tanto la defensa de la ley, sino sobre todo perseguir a quien no piensa como ellos», añadió.
A su juicio, la respuesta pasa por un sistema judicial que ampare a quien necesita proteger un derecho y que, por el contrario, «rechace, inadmita a aquellas personas que lo que intentan es judicializar la política».
La visión autonómica
La consejera San José admitió que la transformación «es importante y plantea dificultades», pero la presentó como una oportunidad para construir una Administración de Justicia «más flexible, eficiente y mejor preparada».
Defendió que la gestión eficiente «requiere diálogo, coordinación y conocimiento de las necesidades reales», y que quienes dirigen las oficinas judiciales «puedan trasladar esas necesidades con precisión».
Bajo el lema «Perspectivas del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia tras las últimas reformas», el congreso reunió durante tres jornadas a profesionales de todo el país, representantes del Ministerio, del CGPJ, de las administraciones autonómicas, parlamentarios y académicos.
Entre los asuntos debatidos figuraron el balance del nuevo modelo organizativo (NUMO), la perspectiva de género y el derecho de representación colectiva de los LAJ.
