Tres ciudades, tres Tribunales Superiores de Justicia y un mismo mensaje de fondo. El de la Comunidad de Madrid, el de Extremadura y el de Navarra abrieron ayer el año judicial 2026/2027 con una defensa cerrada de la independencia de jueces y magistrados y con una advertencia prácticamente unánime: sin medios suficientes, la modernización de la Justicia corre el riesgo de quedarse en el papel.
Los discursos pronunciados por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, María Aurora de la Cueva Aleu, Extremadura, María Félix Tena Aragón, y Navarra, Julián Huarte, dibujaron, cada uno desde su realidad territorial, una Justicia sometida a una doble tensión.
Por un lado, la presión institucional y pública sobre las resoluciones judiciales. Por otro, una carga de trabajo que sigue poniendo al límite a numerosos órganos jurisdiccionales.
En Madrid, la presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), María Aurora de la Cueva Aleu –presidenta de la Sala de lo Social– fue particularmente clara.
Lamentó el «desprestigio sistemático» al que, en su opinión, se está sometiendo a la Justicia y reclamó respeto hacia quienes tienen encomendada constitucionalmente la función de juzgar.
De la Cueva marcó una frontera: una cosa es criticar una resolución judicial y otra distinta desacreditar al juez que la dicta o cuestionar su legitimidad desde parámetros ajenos al Derecho, en clara alusión a las críticas recibidas por el poder judicial desde varios miembros del Gobierno.
Su mensaje fue inequívoco: los jueces deben poder resolver con independencia, sometidos únicamente al imperio de la ley y sin condicionamientos externos. Muy en línea con el discurso que la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, pronunció en la apertura del año Judicial en Madrid el pasado 10 de septiembre.
La advertencia tuvo su réplica, casi con las mismas palabras, a más de 300 kilómetros de distancia.
Tena Aragón: «Sea quien sea el juez, tiene una sola obligación: aplicar la ley»
En Cáceres, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena Aragón, convirtió la independencia judicial en el eje de su discurso.
«Cuando se pretende buscar una justificación o explicación a una resolución o actuación judicial distinta de la estrictamente jurídica, se está equivocando a la ciudadanía», afirmó.
Y fue todavía más lejos: cuando se actúa de esa forma, sostuvo, no se está atacando únicamente a un juez, sino al Estado de Derecho.
Tena Aragón quiso despersonalizar por completo la función jurisdiccional.
La identidad del juez, dijo, «no es relevante». «Sea quien sea el juez o la jueza tiene una sola obligación: aplicar la ley».
Y recordó algo que forma parte de la propia arquitectura del sistema judicial: si un juez se equivoca, existen recursos. Son otros tribunales los que revisan las resoluciones, con argumentos jurídicos y mediante los procedimientos previstos en la ley.
Navarra pide respeto institucional
El mismo hilo recorrió el discurso pronunciado en Pamplona por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Julián Huarte.
Huarte cerró su intervención recordando que la legitimidad del Poder Judicial emana directamente de la Constitución y que la independencia de jueces y magistrados constituye una condición indispensable para garantizar los derechos de los ciudadanos.
Por eso reclamó que sea respetada por quienes ocupan responsabilidades institucionales.
Pero si la independencia judicial fue el denominador común de las tres ceremonias, el segundo gran asunto fue mucho más prosaico: faltan manos, faltan plazas y sobra trabajo.
Juzgados al límite
De la Cueva alertó de la sobrecarga que soportan numerosos órganos judiciales madrileños.
La presidenta en funciones del TSJM defendió que la transformación derivada de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia solo tendrá sentido si acaba traduciéndose en algo que pueda percibir el ciudadano: menos pendencia, procedimientos más rápidos y mejores tiempos de respuesta.
Porque cambiar nombres y estructuras no basta.
Los nuevos tribunales de instancia necesitan personal, medios materiales y una organización capaz de absorber el volumen de asuntos que soportan los juzgados madrileños.
En Navarra, Huarte puso cifras conceptuales al problema. Los órganos civiles, mercantiles y sociales trabajan con registros «por encima de lo que debiera considerarse asumible», según advirtió, con la consiguiente saturación y perjuicio para los ciudadanos.
El TSJN reclama nuevos jueces y alerta también de un problema menos visible, pero determinante para el funcionamiento diario de los órganos: la alta temporalidad de las plantillas de funcionarios.
La situación resulta especialmente delicada en Aoiz, Estella y Tafalla, donde la interinidad alcanza a buena parte del personal. Huarte quiso dejar claro que el problema no está en los funcionarios interinos, cuya profesionalidad reconoció, sino en la continua movilidad y en la falta de estabilidad de las plantillas.
La revolución de los tribunales de instancia
La gran reforma organizativa de la Justicia también estuvo presente en las tres aperturas.
Huarte la calificó directamente de «revolución».
Navarra está pasando de un modelo basado en juzgados prácticamente compartimentados a otro sustentado en tribunales de instancia y servicios comunes de tramitación y ejecución.
La transición no ha sido sencilla.
El presidente del TSJN admitió que durante los primeros meses se produjo «un cierto freno» en la implantación del nuevo modelo, aunque esas dificultades han ido disminuyendo.
La nueva oficina judicial, reconoció, está tomando forma, aunque «de manera más lenta de la esperada».
En Extremadura, el balance fue más favorable.
Tena Aragón explicó que los tribunales de instancia están operativos desde el 1 de enero de 2026 en todos los partidos judiciales de la comunidad y que el cambio se ha producido sin grandes disfunciones ni una ralentización significativa de los procedimientos.
La reforma ha permitido redistribuir cargas de trabajo y avanzar hacia una mayor especialización.
Y las Oficinas de Justicia en el Municipio están teniendo un impacto especialmente relevante en una comunidad caracterizada por su extensión territorial y la dispersión de la población.
Solo durante su primer año de funcionamiento se realizaron 75.470 actuaciones en la provincia de Badajoz y 72.623 en la de Cáceres, evitando a miles de ciudadanos desplazamientos para realizar gestiones judiciales.
Más jueces, más edificios y más tecnología
Las necesidades materiales completaron el diagnóstico.
Extremadura incorporará siete nuevas plazas judiciales y seguirá reclamando refuerzos para varios tribunales de instancia.
En Navarra también llegarán nuevas plazas, aunque el TSJN considera que serán insuficientes.
Huarte volvió además sobre un viejo problema: el Palacio de Justicia de Pamplona se ha quedado pequeño. Lo describió como «agotado» y «colapsado» y reclamó que se habiliten ya partidas presupuestarias para diseñar un nuevo edificio judicial.
Madrid, Cáceres y Pamplona cerraron así sus aperturas del año judicial con diagnósticos distintos, pero con una conclusión compartida.
La Justicia está cambiando de estructura, pero la reforma solo funcionará si viene acompañada de jueces, funcionarios, edificios, tecnología y estabilidad. Y, por encima de todo, si quienes dictan las resoluciones pueden hacerlo sin presiones y con la independencia que les reconoce la Constitución.
