Luis Mosquera Caramelo, de 36 años, dictó sentencias en los juzgados de Las Palmas, Quiroga y Santoña antes de que las fuerzas republicanas lo detuvieran en su propio domicilio, el 13 de noviembre de 1936.
Cuarenta y cuatro días después, el 27 de diciembre, fue fusilado a bordo del barco-prisión «Alfonso Pérez», fondeado en la bahía de Santander.
Casi 90 años más tarde, el Papa León XIV ha autorizado su beatificación —la primera de un juez español— en un decreto de martirio que firmó semanas antes de su visita a España, que tuvo lugar entre el 6 y el 12 de junio pasados.
La ceremonia oficial de beatificación está prevista para el próximo 7 de noviembre en la Catedral de Santander. A las 11 de la mañana.
Nacido en La Coruña en 1900, Mosquera Caramelo pertenecía a una familia de juristas. Era hijo y nieto de magistrados. También padre de un magistrado del Tribunal Supremo. Su hijo, Luis Mosquera, sirvió en la Sala de lo Contencioso-Administrativo entre 1980 y 1981.
Uno de sus nietos, Luis Mosquera Montero-Ríos, ha seguido la tradición jurídica, pero desde la abogacía y el bufete Martínez-Echavarría.
El nuevo beato de la Iglesia Católica cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. Aprobó las oposiciones a judicatura, lo que le llevó primero a cubrir la vacante del Juzgado de Las Palmas, en Canarias.
Su siguiente destino, Quiroga (Lugo), marcó un punto de inflexión: fue destituido del cargo por su condición de católico practicante; tenía una placa del Sagrado Corazón de Jesús en la puerta de su casa. La decisión, sin embargo, fue revertida tras reconocerse la injusticia cometida.
Restituido, fue reasignado al Juzgado de Santoña (Cantabria), donde continuó su labor como «buen juez y mejor testigo».
Fue precisamente en Santoña donde su actuación derivó en la persecución que acabaría con su vida.
Por qué fue detenido
Mosquera Caramelo defendió y asesoró a su amigo el párroco Francisco González de Córdova frente a una escalada de hostigamiento: la prohibición de decir misa y tocar las campanas, la incautación de llaves y libros parroquiales, la conversión de la iglesia de la Virgen del Puerto en almacén de explosivos y la supresión de las subvenciones municipales aprobadas por el propio ayuntamiento.
A todo eso se enfrentó el magistrado Mosquera.
Se atrevió a denunciar las condiciones sanitarias de los calabozos del municipio, donde numerosos detenidos —muchos de ellos inocentes— permanecían en prisión preventiva en locales húmedos y sin ningún tipo de higiene.
Luis Mosquera Caramelo pudo huir. Tuvo oportunidad, pero no lo hizo. Con la persecución religiosa ya desatada, optó por permanecer junto a su esposa, Carmen, y sus cinco hijos —entre ellos una niña de pocos meses—, fiel a sus principios cristianos.
Las fuerzas republicanas finalmente lo detuvieron en su domicilio de Santoña el 13 de noviembre de 1936 y lo trasladaron al Penal del Dueso.
Días después fue conducido al buque «Alfonso Pérez», convertido en prisión flotante por las autoridades republicanas en Santander.
El 27 de diciembre la capital cántabra sufrió un bombardeo de la aviación franquista, lo que produjo la irrupción de un numeroso grupo de milicianos armados y airados en el buque. Desarmaron a los vigilantes para, a continuación, subir a los prisioneros a cubierta y fusilarlos, en represalia. Se calcula que quitaron la vida a más de 150 prisioneros.
Entre ellos se encontraba el magistrado Luis Mosquera Caramelo. Sus restos reposan hoy en la Iglesia de El Santísimo Cristo, en Santander.
El decreto que ha abierto el paso a su beatificación no lo distingue como caso aislado: Mosquera Caramelo será beatificado como mártir junto a otras víctimas asesinadas en el territorio de la Diócesis de Santander entre 1936 y 1937.
León XIV dio luz verde al proceso en una audiencia que tuvo lugar el pasado 22 de mayo con el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, autorizando la promulgación de los decretos correspondientes.
La causa, abierta en 1996, se enmarca en el contexto de la persecución religiosa de los años treinta y recoge el testimonio de los Siervos de Dios.
Según el relato recogido en el proceso, algunos de ellos fueron arrojados al mar con las manos y los pies atados y una piedra sujeta al cuerpo; otros desaparecieron en el «Alfonso Pérez», como fue el caso del magistrado Luis Mosquera; o fueron asesinados y quemados. Un cuarto grupo murió en lo que se describe como una suerte de campo de concentración.
Del total de 80 mártires, 67 eran sacerdotes, entre ellos el padre Francisco González de Córdova, tres religiosos carmelitas, tres seminaristas y siete laicos, y Luis Mosquera Caramelo, el único magistrado de la lista.
