La Audiencia Nacional (AN) ha ordenado al Gobierno que no ejecute, de momento, la resolución que permite instalar un campamento temporal de acogida para migrantes en el Puerto de Ceuta, destinado a atender a las personas que llegaron a la ciudad autónoma durante la entrada masiva de finales de julio.
La decisión se recoge en una providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en la que se comunica al Ministerio de Transportes que “no se puede ejecutar la resolución u orden referidas” hasta que se resuelva la medida cautelar urgente solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
Un sindicato que presentó un recurso contra la resolución de Transportes acerca de esta acogida a los inmigrantes irregulares, y reclamó su “paralización inmediata”.
En la misma providencia, los magistrados requieren al Ministerio de Transportes que, “con la mayor urgencia”, remita este mismo miércoles por vía telemática la resolución u orden objeto del recurso, así como el resto de documentación que figure en el expediente administrativo tramitado, antes de resolver sobre la medida cautelar urgente planteada por el SUP.
Un dispositivo para cerca de 1.000 personas
La resolución de Transportes permite utilizar aproximadamente 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo temporal de acogida con capacidad para cerca de 1.000 personas.
El SUP, al presentar su recurso, planteó como alternativa la utilización temporal de un buque-hotel para reducir la presión sobre la ciudad.
El sindicato señaló que no cuestiona la atención humanitaria a los inmigrantes, pero sí la elección de la ubicación del dispositivo.
“No cuestionamos la atención humanitaria. Cuestionamos que se improvise una ubicación de estas características sin acreditar previamente todas las garantías de seguridad”, afirmó en un comunicado.
La organización policial hizo referencia además a los incendios registrados en distintos asentamientos de Ceuta y consideró que estos hechos ponen de manifiesto la necesidad de evaluar previamente los riesgos relacionados con incendios, evacuaciones y actuaciones ante posibles emergencias.
Según el SUP, estos riesgos afectarían tanto a las personas acogidas como a los usuarios y trabajadores del puerto y a los agentes de Policía que tendrían que intervenir ante eventuales incidentes.
Por ello, el sindicato solicitó a la Audiencia Nacional la adopción de medidas cautelarísimas y la suspensión inmediata de la instalación y puesta en funcionamiento del campamento hasta que se acrediten las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales.
En caso de que el dispositivo ya estuviera parcialmente instalado, el SUP pidió que se paralizara cualquier ampliación y que no se derivaran nuevas personas a ese emplazamiento.
Además, reclamó refuerzos policiales estables, especialmente en las áreas de Extranjería, Fronteras y Seguridad Ciudadana, así como la actualización de las plantillas y del catálogo de puestos de trabajo y compensaciones económicas para los agentes que están afrontando esta situación extraordinaria.
