La regulación farmacéutica ya no se juega únicamente en los laboratorios, los hospitales o las oficinas de farmacia. También afecta a la capacidad de Europa para fabricar medicamentos, reducir dependencias exteriores y garantizar que los pacientes accedan a los tratamientos.
Ese fue uno de los ejes de la inauguración del V Congreso de Derecho Farmacéutico del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), celebrado el 17 de septiembre.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, resumió el alcance de las reformas en marcha con una frase: «La política del medicamento no es solamente política farmacéutica y tampoco es solamente “política” industrial, sino que es también, de manera muy clara, geopolítica».
Padilla vinculó la revisión de la legislación farmacéutica europea y las propuestas del Critical Medicines Act y el Biotech Act con la necesidad de reforzar la producción europea, reducir dependencias y conciliar la innovación con las necesidades de los sistemas sanitarios.
«El sector del medicamento es un sector estratégico, no solamente desde el punto de vista económico o industrial, sino también desde el punto de vista social», añadió.
En la inauguración participaron asimismo Pilar Jimeno, directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid; Manuel Martínez del Peral, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid; Javier Mata, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM, y Nuria Amarilla, presidenta de su Sección de Derecho Farmacéutico.
LA ABOGACÍA, ANTES DE QUE SE APRUEBEN LAS NORMAS
En España, Padilla situó el proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios dentro de una transformación más amplia que incluye la evaluación de tecnologías sanitarias y los cambios en financiación y precios de medicamentos y productos sanitarios.
«No son normas para un sector, sino que son normas para el conjunto de un país», sostuvo.
Reclamó que administraciones, industria, profesionales y pacientes participen en su elaboración mediante cauces estables de diálogo. Y añadió a la abogacía especializada: quienes redactan las normas, defendió, deben escuchar a quienes trabajan con ellas antes de cerrar las decisiones.
Javier Mata profundizó en esa idea. Cuando la tecnología avanza más deprisa que la legislación, o varias normas inciden sobre una misma actividad, el abogado no puede limitarse a interpretar una disposición ya aprobada. Debe anticipar riesgos y ayudar a encontrar soluciones.
«En ámbitos como el farmacéutico, el abogado trabaja muchas veces cuando todavía no existe una respuesta clara», afirmó. «Ahí es donde el Derecho aporta algo especialmente valioso: seguridad jurídica».
Mata vinculó esa previsibilidad con la investigación, la inversión y las garantías de los pacientes: tras los expedientes, autorizaciones, precios o datos clínicos, recordó, hay personas que esperan un diagnóstico o un tratamiento.
Nuria Amarilla destacó, por su parte, la necesidad de formación jurídica especializada en un sector «muy regulado, muy complejo».
El Congreso busca actualizar a quienes ya trabajan en este ámbito y acercarlo a la abogacía joven, en un campo que abarca industria, tecnología sanitaria e investigación.
INNOVACIÓN Y ATENCIÓN CERCANA AL PACIENTE
Pilar Jimeno situó el desafío en «encontrar un equilibrio entre el impulso a la innovación, las garantías de seguridad, la calidad, la sostenibilidad y la protección de la salud pública».
Defendió reducir cargas burocráticas sin renunciar a la seguridad jurídica ni a la protección de los ciudadanos.
En la Comunidad de Madrid, se refirió al desarrollo de la Ley 13/2022 de Ordenación y Atención Farmacéutica y a la normativa sobre horarios, guardias, atención domiciliaria y sistemas personalizados de dosificación, con la intención de adaptar la prestación farmacéutica a nuevas necesidades.
Desde la farmacia comunitaria, Manuel Martínez del Peral pidió una mayor integración de las oficinas de farmacia en el sistema sanitario.
Reivindicó su papel en prevención, adherencia a tratamientos, atención domiciliaria y coordinación con otros profesionales, siempre con un marco regulatorio estable que permita consolidar esas funciones.
También señaló que los avances ya ensayados en estos ámbitos deberían incorporarse de manera estable a la organización asistencial.
«La pregunta, por tanto, no es cuánto hace la farmacia, la pregunta es cuánto puede aportar al sistema sanitario si le damos a las farmacias las herramientas necesarias», afirmó.
Su conclusión devolvió el debate jurídico a su destinatario final: el paciente.
