La Justicia no se hace solo en los tribunales. También se construye en los despachos, las notarías, los registros, las universidades y en el trabajo, muchas veces invisible, de quienes mantienen en marcha su compleja maquinaria.
Ayer, el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid reunió a 116 de esos profesionales para imponerles las condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, presidió una ceremonia que reunió a algunas de las figuras más destacadas del mundo jurídico español.
Entre los distinguidos figuran magistrados, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, catedráticos, médicos forenses, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, registradores, notarios, abogados, procuradores, graduados sociales y una periodista, Julia Pérez.
Una representación de las distintas profesiones que intervienen en el funcionamiento de la Administración de Justicia y contribuyen al desarrollo y aplicación del Derecho.
La ceremonia tuvo como protagonista al profesor Ángel José Rojo Fernández-Río, catedrático emérito de Derecho Mercantil y vocal permanente de la Comisión General de Codificación, que recibió la Gran Cruz de la Orden, su máxima categoría.
Rojo representa una vertiente del mundo jurídico que habitualmente queda fuera del foco mediático: la de quienes contribuyen a construir el ordenamiento jurídico desde la universidad, la investigación y los órganos encargados de elaborar y revisar las normas.
La Fiscalía también tuvo su parte en la celebración. El Ministerio entregó la «Raimunda», como se la llama de forma coloquial a ocho miembros.
La abogacía, tanto en su vertiente corporativa, como en su vertiente ejerciente, también recibió sus reconocimientos. Cinco decanos –Albino Escribano, Albacete, Ángel Cervantes, Toledo, Marga Cerro, Talavera de la Reina, Emilio Vega Ruiz, Guadalajara, e Ismael Cardo, Cuenca– fueron distinguidos. Lo mismo que el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, que recibió la Cruz de Honor.
También fueron distinguidos Rafael Fontana, presidente de honor de Cuatrecasas, y Jesús Remón, exsocio presidente de la firma de abogados Uría Menéndez.
Registradores, notarios y graduados sociales, también condecorados
La ceremonia no estuvo reservada a los profesionales que ejercen su actividad directamente en los órganos judiciales.
Los registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles también estuvieron representados entre los condecorados.
Entre los registradores que recibieron la Cruz de San Raimundo de Peñafort fueron Dulce Calvo González-Vallinas, Teresa López Ruiz, José María Ramírez-Cárdenas Gil, Ernesto Calmarza Cuencas, Jorge de Fuentes Corripio, Fernando Restituto Ruiz, Miguel Seoane de la Parra, Raquel Sancho Díaz y Jesús Camy Escobar.
Su presencia puso el foco en una de las funciones esenciales del sistema jurídico español: la seguridad jurídica preventiva.
Es decir, la intervención de aquellos profesionales cuyo trabajo permite acreditar derechos, dar publicidad a determinadas situaciones jurídicas y ofrecer garantías en las relaciones patrimoniales y empresariales, sin necesidad de acudir a un proceso judicial.
También fueron distinguidos diversos profesionales del notariado madrileño, entre ellos Antonio Linage Conde, Mercedes Pérez Hereza, Teresa de Jesús Andrés Jiménez, Antonio Domínguez Mena, Valerio Pérez de Madrid Carreras y Joaquín Fernández-Cuervo Infiesta.
A ellos se sumó José Francisco González de Rivera Rodríguez, reconocido a título póstumo.
El ámbito sociolaboral estuvo representado, entre otras profesionales, por las graduadas sociales Teresa Silleras Martínez y Concepción Morales Vállez. Esta última agradeció públicamente al Consejo General de Graduados Sociales de España y a su presidente, Joaquín Merchán Bermejo, que hubieran propuesto su candidatura para recibir la condecoración.
Los procuradores madrileños recibieron sus condecoraciones, también, de manos de Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, secretario de Estado, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera Rodríguez, subsecretario de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y Verónica Ollé, directora general para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia
Los galardonados fueron la decana madrileña, Carmen Giménez Cardona, Leonor Guillén, Natalia Martín de Vidales, Marisa Montero, María Pardillo y Noel Dorremochea.
La entrega de estas distinciones pone de manifiesto que la actividad jurídica no se agota en los juzgados y tribunales. También comprende el asesoramiento, la representación, la documentación pública y las funciones de garantía que desarrollan distintas profesiones reguladas.
Las excepciones en esta celebración fueron el reconocimiento a la periodista Julia Pérez, exasesora de comunicación del Consejo General del Poder Judicial, y a Juan S. Mora-Sanguinetti, economista del Banco de España-Eurosistema.
La ceremonia reunió a destacadas autoridades institucionales, entre ellas la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.
La Gran Cruz para el catedrático Ángel Rojo
La distinción final que cerró la ceremonia fue la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida al profesor Ángel José Rojo Fernández-Río, catedrático emérito de Derecho Mercantil y vocal permanente de la Comisión General de Codificación.
La Gran Cruz constituye la máxima categoría de esta orden civil, destinada a reconocer los méritos relevantes contraídos en el ámbito de la Justicia y del Derecho.
Con esta condecoración, el Ministerio reconoce la trayectoria académica y jurídica de Rojo, vinculado tanto a la enseñanza universitaria del Derecho Mercantil como a los trabajos de codificación y elaboración normativa.
Bolaños reivindicó la Justicia como servicio público
Durante su intervención, el ministro agradeció a los 116 condecorados su contribución al funcionamiento de la Justicia.
Bolaños recordó que esta constituye, además de un poder del Estado, un servicio público cuya prestación exige el trabajo conjunto de las administraciones y del sector privado para garantizar los derechos de los ciudadanos.
El ministro definió a los homenajeados como personalidades «ilustres, reconocidas y prestigiosas» y subrayó que sus trayectorias profesionales deben servir de ejemplo a los colectivos a los que pertenecen.
También destacó su contribución a la mejora del servicio público y les animó a continuar siendo referentes en sus respectivos ámbitos profesionales.
Una condecoración que reconoce los servicios prestados a la Justicia
La Orden de San Raimundo de Peñafort fue instituida mediante el Decreto de 23 de enero de 1944, con el propósito de reconocer los méritos contraídos por quienes intervienen en la Administración de Justicia, así como los servicios destacados en el estudio y aplicación del Derecho.
Su ámbito de reconocimiento comprende tanto a los profesionales que desarrollan su actividad en los órganos judiciales y las administraciones públicas como a quienes ejercen profesiones jurídicas, desempeñan labores académicas o contribuyen al desarrollo del ordenamiento jurídico.
