La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha advertido de la «extraordinaria gravedad institucional» que tendrían, de resultar acreditadas, las actuaciones dirigidas a intimidar, hostigar o desacreditar a jueces y magistrados con el propósito de condicionar el ejercicio de sus funciones.
La asociación ha hecho público este martes, 13 de octubre, un comunicado en defensa de la independencia judicial a raíz de las informaciones conocidas en los últimos días y, especialmente, de la declaración prestada por la magistrada Beatriz Biedma Rojano ante la Audiencia Nacional.
La AJFV expresa su preocupación por las circunstancias que actualmente se investigan y advierte de que la eventual obtención de información sobre jueces, el seguimiento de sus movimientos o de su entorno familiar y las campañas de descrédito personal constituyen conductas incompatibles con los principios básicos de una sociedad democrática cuando persiguen influir en el ejercicio independiente de la función jurisdiccional.
La organización considera imprescindible distinguir entre la crítica legítima a las resoluciones judiciales y las actuaciones destinadas a presionar a quienes ejercen la potestad jurisdiccional.
La crítica legítima y la intimidación a Beatriz Biedma
La asociación reconoce que los integrantes de la carrera judicial están acostumbrados a desarrollar su trabajo en circunstancias de presión y sometidos a un intenso escrutinio público.
«Los jueces y magistrados estamos acostumbrados a desarrollar nuestra función en contextos de presión y bajo un intenso escrutinio público», señala el comunicado.
Sin embargo, advierte de que esa realidad no puede confundirse con la aceptación de comportamientos encaminados a intimidar o desacreditar a los jueces.
Por ello, considera imprescindible «distinguir entre la legítima crítica a las resoluciones judiciales y cualquier actuación dirigida a condicionar, intimidar, hostigar o desacreditar a quienes ejercen la potestad jurisdiccional».
La AJFV sitúa así el límite en las actuaciones cuyo objetivo sea interferir en la independencia de los jueces, diferenciándolas del legítimo cuestionamiento de sus decisiones.
El seguimiento de jueces y familiares, una cuestión de gravedad institucional
Uno de los aspectos más relevantes del comunicado es la referencia expresa a la posible obtención de información sobre jueces y al seguimiento de sus movimientos y de su entorno familiar.
La asociación incluye también las campañas de descrédito personal y cualquier otra actuación dirigida a influir en el ejercicio independiente de la función jurisdiccional.
«Las circunstancias que se investigan actualmente, de resultar acreditadas, revestirían una extraordinaria gravedad institucional», afirma.
La AJFV evita anticipar conclusiones sobre los hechos investigados, pero deja clara su posición sobre la gravedad de las conductas descritas si llegaran a demostrarse.
La asociación concluye su pronunciamiento reivindicando la independencia judicial como un principio esencial del Estado de Derecho y reclamando que se combata cualquier forma de presión o injerencia sobre jueces y tribunales.
Y subraya una idea fundamental: la independencia judicial no es un privilegio de quienes administran justicia, sino una garantía de los ciudadanos.
«La protección de la independencia judicial no constituye una garantía de los jueces, sino de todos los ciudadanos, cuyo derecho a una justicia imparcial y sometida únicamente al imperio de la ley debe ser preservado en todo momento», sostiene.
