Un minuto de silencio abrió el acto la tarde del jueves 29 de octubre. La Fundación lo dedicó a las víctimas del reciente accidente ferroviario y trasladó sus condolencias a las familias de los fallecidos antes de dar paso a una ceremonia que reconoce, cada año, a quienes se enfrentan al abuso de poder o a la opacidad institucional.
Safira Cantos, directora general de la Fundación, condujo la gala y fijó el sentido del premio con una advertencia sin destinatario partidista: “gobierne quien gobierne, la vigilancia firme, rigurosa e independiente desde la sociedad civil constituye un pilar insustituible y la esencia misma de nuestro sistema democrático”.
El encargado de entregar los galardones fue Diego Garrocho, profesor de Filosofía y Ética Política.
Un guardia civil frente a la presión política
El jurado valoró la trayectoria del coronel Diego Pérez de los Cobos en la Guardia Civil, desarrollada en contextos de extrema complejidad, y subrayó sobre todo su defensa de la legalidad y del estricto cumplimiento del deber cuando hubo presiones políticas.
Esa posición le costó el puesto. Fue cesado sin una motivación justificada y privado de un ascenso de forma arbitraria, según la valoración de la Fundación. Los tribunales acabaron reconociendo sus derechos. El coronel, sin embargo, renunció a ese ascenso para no perjudicar a otros compañeros.
Para el jurado, su caso encarna dos principios: la neutralidad de quien actúa como policía judicial y la obligación de no acatar órdenes ilegales.
Siete años de pleito por un código fuente
La otra mitad del premio recae en David Cabo y Eva Belmonte, al frente de la Fundación Civio, por una década de activismo cívico centrado en la rendición de cuentas y la transparencia de los poderes públicos.
El jurado destacó en especial su batalla jurídica en el llamado “caso Bosco”. Tras siete años de litigio, Civio obtuvo del Tribunal Supremo una sentencia pionera en materia de transparencia algorítmica: el acceso al código fuente del sistema con el que la Administración decide quién recibe el bono social eléctrico. Un precedente que amplía los derechos ciudadanos frente a la opacidad tecnológica del sector público.
Los finalistas
Completaban la terna de candidatos el funcionario Lorenzo Serena, que formuló reparos en la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate; la guardia civil María Serrano, que denunció corrupción en el Seprona, y el tándem formado por el magistrado Joaquim Bosch y el catedrático Fernando Jiménez, por su labor divulgativa contra la corrupción.
Primer premio al mejor TFG
La principal novedad de esta edición fue el I Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado sobre el Estado de derecho en España, dotado con 1.500 euros y pensado para estimular el talento joven.
Lo ganó Lucía Bardavío Álvarez-Montalvo, alumna del doble grado en Derecho y Filosofía de la Universidad Complutense, con “A propósito del veto presupuestario: certezas e incertidumbres”, dirigido por Piedad García-Escudero y María Garrote.
El trabajo examina la facultad del Gobierno de vetar iniciativas con impacto presupuestario (artículo 134.6 de la Constitución) en un Parlamento fragmentado, cruzando la práctica parlamentaria reciente con la doctrina del Tribunal Constitucional. El jurado elogió su originalidad y su rigor.
Hubo dos menciones especiales. Una para Javier Serrano Jiménez (Universidad del País Vasco), por su estudio sobre transparencia algorítmica y garantías frente a la opacidad en el sector público. Otra para Carlos García de Enterría Ramos (Complutense), que analiza el legado constitucional de la pandemia y la reafirmación del ius in officium de los parlamentarios.
Segismundo Álvarez, presidente de la Fundación Hay Derecho, cerró el acto con una reivindicación de la ley como dique frente al abuso de poder.
