La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aprobado por unanimidad un acuerdo de respaldo a la magistrada Beatriz Biedma Rojano, que instruyó en Badajoz la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
El acuerdo se refiere a las informaciones sobre “posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación” que habrían afectado a la jueza y a su entorno.
El texto es breve y está medido. Los miembros de la Sala manifiestan su “profunda preocupación” y, “sin prejuzgar hechos ni responsabilidades, cuya determinación corresponde exclusivamente a los tribunales”, trasladan a la magistrada su respaldo.
Las dos frases finales tienen una lectura que va más allá del caso concreto: “Ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación. La independencia judicial no constituye un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de todos los ciudadanos y una exigencia esencial de la democracia y del Estado de Derecho”.
La Sala de Gobierno está compuesta por María Aurora de la Cueva Aleu, presidenta en funciones del órgano judicial y presidenta de la Sala de lo Social del TSJM; José María Segura Grau, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo; Juan Pablo González González, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, María Jesús del Barco Martínez, presidenta del Tribunal de Instancia de Madrid; Rafael de los Reyes Sainz de la Maza, magistrado de la Sección 20ª de la Audiencia Provincial; María Consolación González Sánchez y María Fátima Beardo Olivares, de las secciones Civil y Social del Tribunal de Instancia de Madrid, respectivamente.
El vacío del Consejo
El pronunciamiento llega después de que el Consejo General del Poder Judicial no lograra aprobar una declaración en el mismo sentido. El 14 de octubre, diez vocales del sector conservador propusieron un texto de apoyo a Biedma que expresaba también su “profunda preocupación”.
Según sus promotores, los nueve vocales progresistas se opusieron y se negaron incluso a debatirlo.
Dos días después, el 16 de octubre, la Junta de Jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid quiso “trasladar a la magistrada su apoyo, solidaridad y respaldo”.
En su comunicado, la Junta lamentaba la falta de un pronunciamiento del órgano de gobierno de los jueces. El acuerdo de la Sala de Gobierno sigue casi literalmente la línea de aquella nota.
La investigación en la Audiencia Nacional
Los hechos que motivan estos apoyos se investigan en la Audiencia Nacional. El 8 de octubre, Biedma declaró como perjudicada ante el magistrado instructor Santiago Pedraz. Según la información publicada, había denunciado ante la Policía Nacional un presunto seguimiento en coche cuando volvía a su domicilio en Badajoz con sus dos hijas. Lo atribuye al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada.
Pedraz citó a Sáenz de Tejada como investigado por presuntos delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral.
La citación está fijada para hoy, 28 de octubre. El exjuez niega las acusaciones. Las actuaciones se enmarcan en la causa que investiga supuestas maniobras para desacreditar a jueces e investigadores, en la que figura la exmilitante socialista Leire Díez.
El Ministerio del Interior ha asignado protección policial a la magistrada Biedma después de que una testigo declarara que se había hablado de “eliminarla”. Ese testimonio está pendiente de contraste judicial.
