El accidente ferroviario de Urda (Toledo) deja, por ahora, 69 muertos. Es la cifra provisional que facilita el Centro Integrado de Datos (CID), un órgano técnico compuesto por una Oficina Forense y otra de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con especialistas del Servicio de Criminalística –en este caso, ya que el suceso ha sucedido en territorio de la Guardia Civil– que se constituye siempre en el lugar para este tipo de emergencias.
Este órgano se constituyó al activarse el Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.
Según el Real Decreto 32/2009, es el único facultado para dar a los medios cifras oficiales, y solo una vez contrastadas.
La última víctima no murió en las vías. Era una persona que había ingresado como herida en el hospital de Ciudad Real. Su autopsia se ha practicado en la sede que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real tiene en esa capital.
Ese Instituto ha recibido 69 cuerpos. Los médicos forenses han completado hasta el momento 48 autopsias, así que quedan 21 pendientes. Según el CID, los trabajos continúan sin interrupción “desde ayer”, con “el mayor rigor y celeridad posibles”.
Cinco nombres, todos por huella
Para las familias, el dato decisivo es otro. Hasta ahora se han notificado cinco identificaciones: tres mujeres y dos hombres. Las cinco se han obtenido mediante huella dactilar, un trabajo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.
Hay una segunda vía en marcha. Seis profesionales del Instituto Nacional de Toxicología realizan las pruebas de ADN post mortem. En paralelo, la Guardia Civil analiza el ADN de los familiares que han denunciado desapariciones. El cruce de ambos perfiles es el mecanismo que prevé el protocolo cuando la huella no basta.
Setenta denuncias en cinco provincias
Las comandancias de la Guardia Civil de Toledo, Madrid, Sevilla, Logroño y Ciudad Real han recogido 70 denuncias de familiares y allegados de personas desaparecidas en el siniestro. Por comandancias, el reparto es este:
Toledo: 38; Madrid: 23; Sevilla: 7; Ciudad Real: 1; y Logroño: 1.
Dos de esas personas han sido localizadas con vida. Quedan, por tanto, 68 denuncias abiertas frente a 69 fallecidos. El CID no relaciona ambas cifras, y no cabe deducir de ellas una correspondencia directa.
El dispositivo
Más de 30 profesionales trabajan en Toledo en las autopsias y la identificación. Entre ellos hay médicos forenses de varios institutos de medicina legal: 12 de Toledo, 6 de Ciudad Real, y 2, de Cáceres.
A ellos se suman dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Colaboran además seis técnicos de autopsia: tres de Toledo, dos de Albacete y uno de Guadalajara.
Se ha establecido también un servicio de apoyo a las familias, formado por cinco psicólogas: tres del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo; una de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito; y una del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.
La Unidad Militar de Emergencias (UME) aporta apoyo logístico al Instituto. Según el comunicado, proporciona los medios necesarios para gestionar los cuerpos y facilitar la identificación y la asistencia médico-forense.
El comunicado del CID se ciñe al ámbito médico-forense. No aporta información sobre las causas del accidente ni sobre el juzgado que instruye las diligencias.
