La identificación de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz se está llevando a cabo mediante un protocolo técnico exhaustivo, diseñado para garantizar la máxima fiabilidad y evitar cualquier error en un contexto de víctimas múltiples.
En este tipo de sucesos, calificado «incidente de víctimas múltiples», se activa automáticamente el protocolo regulado por el Real Decreto 32/2009, aprobado tras grandes tragedias, como la del Yakolev 42 y el 11-M, para imponer un método único, ordenado y verificable.
No ha sido una catástrofe porque la magnitud de lo ocurrido no ha desbordado por completo los recursos disponibles por el Estado y ha podido asumirse con medios ordinarios reforzados, aunque bajo un marco legal muy específico.
Este protocolo se articula a través del Centro Integrado de Datos (CID), un órgano técnico compuesto por una Oficina Forense y otra de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con especialistas del Servicio de Criminalística –en este caso, ya que el suceso ha sucedido en territorio de la Guardia Civil– que se constituye siempre en el lugar para este tipo de emergencias. En este caso, operativo desde la noche del domingo.
Según la información oficial del propio CID, hasta el momento se ha logrado la identificación plena de 41 víctimas, todas ellas mediante huellas dactilares.
Además, el hallazgo de un nuevo cuerpo en la mañana de hoy eleva a 43 el número total de fallecidos, si bien uno de ellos y una última persona permanecen aún pendientes de identificación definitiva.
Un proceso en tres fases perfectamente coordinadas
De acuerdo con fuentes de la Comisaría General de Policía Científica, «el procedimiento se estructura en tres fases simultáneas pero claramente diferenciadas: inspección ocular, fase post mortem y fase ante mortem«.
«La inspección ocular se desarrolla en el lugar del siniestro. En esta etapa se localizan, documentan y recogen los cuerpos y restos humanos, aplicando estrictamente la cadena de custodia», explican.
Cualquier resto que no esté unido físicamente a un cadáver se trata de manera independiente, aunque se encuentre junto a él. Esta metodología es esencial para evitar confusiones posteriores y garantizar la trazabilidad de cada hallazgo.
«La fase post mortem se lleva a cabo en el Instituto de Medicina Legal, en este caso de Córdoba, adonde están siendo trasladados los cuerpos», precisan.
Hasta el momento se han realizado 43 levantamientos de cadáveres, de los cuales 42 ya han sido sometidos a autopsia. En estos trabajos están participando 27 médicos y técnicos forenses procedentes de Córdoba, Jaén, Granada, Sevilla y Málaga, reforzando el dispositivo ordinario.
Durante las autopsias, los forenses trabajan de forma coordinada con los especialistas en identificación.
Por parte de la Guardia Civil, se han desplazado desde su órgano central 32 miembros del Servicio de Criminalística –la Policía Científica de la Benemérita–, expertos en identificación lofoscópica y genética. En la actualidad todavía permanecen en la zona 24.
«Su función, como la nuestra, es la de recoger huellas dactilares, documentar rasgos físicos, tatuajes, cicatrices, prótesis u objetos personales y tomar muestras biológicas para análisis genético. Toda esta información se consigna en formularios técnicos estandarizados de uso internacional».
«La fase ante mortem es la más delicada desde el punto de vista humano. Equipos especializados, con apoyo psicológico, atienden a las familias de las personas desaparecidas. En ese marco, se recaban fotografías, descripciones físicas, datos médicos y, cuando es necesario, muestras de ADN de materiales directos», cuentan.
Para este fin se han establecido equipos especializados para agilizar la identificación de las víctimas en Madrid, Málaga, Córdoba, Huelva y Sevilla, donde habitan los familiares cercanos.
Según el CID, el número de denuncias por desaparición se mantiene en 45, presentadas en distintas comandancias de varias provincias, lo que explica la complejidad del cruce de datos .
El papel clave del Centro Integrado de Datos
«Toda la información ante mortem y post mortem converge en este Centro Integrado de Datos. Su función principal es reunir, supervisar y validar los distintos informes de identificación emitidos por las instituciones implicadas», subrayan las mismas fuentes.
Desde el CID se ha explicado que solo se informa de los fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal, y no de posibles víctimas que pudieran permanecer aún en la zona del siniestro, ya que no existe constancia exacta de su número.
Esta cautela responde a la necesidad de ofrecer únicamente datos plenamente verificados y evitar errores irreversibles.
Identificación definitiva y comunicación a las familias
«Aunque las huellas dactilares han permitido identificar ya a la mayoría de las víctimas, las mismas fuentes recuerdan que el protocolo exige, siempre que sea posible, una verificación múltiple, combinando dactiloscopia, ADN y, en determinados casos, estudios odontológicos», dice las fuentes de la Comisaría General de Policía Científica.
En este caso, la Guardia Civil ha accedido a la Base de Datos del Documento Nacional de Identidad, que depende del Ministerio del Interior y que no puede utilizarse para efectos de investigación, lo que ha permitido cotejar las huellas dactilares de los fallecidos y poder identificarlos.
Una vez confirmada la identidad a la Guardia Civil le corresponde comunicar oficialmente el fallecimiento a las familias.
A partir de ese momento, los allegados deben contactar con una funeraria para iniciar los trámites en el Registro Civil y obtener la licencia de enterramiento.
Rigor frente a inmediatez
«Este procedimiento explica por qué las cifras oficiales avanzan con cautela y no siempre coinciden con estimaciones iniciales. No puede volver a repetirse errores del pasado», afirman, en clara referencia al accidente del Yakolev 42, sin mencionarlo.
La prioridad no es la rapidez, sino la certeza absoluta: “una identificación errónea en un contexto así sería una tragedia añadida”.
En el caso de Adamuz, el trabajo coordinado de forenses, especialistas en criminalística y autoridades judiciales busca precisamente eso: poner nombre y apellidos a las víctimas con todas las garantías técnicas y legales, aunque el proceso sea necesariamente lento y exigente.
