El caso no para. Mientras el Tribunal Supremo ya ha cerrado su capítulo con Ábalos, Koldo y Aldama sentados en el banquillo, el magistrado instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno Chamarro sigue tirando del hilo.
Esta semana, el jueves, en concreto, ha llamado a declarar como investigado a Víctor de Aldama, el empresario que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de mascarillas, a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares durante la pandemia.
Aldama tenía prevista su declaración para el 14 de mayo, junto con Koldo García, el exasesor del ministro José Luis Ábalos.
Moreno, titular de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antes Juzgado Central de Instrucción 2 de la AN)la desplazó a la semana siguiente, una vez verificada la agenda de señalamientos de la Audiencia Nacional.
Un mero ajuste de calendario con consecuencias nada menores: el empresario deberá responder ante el magistrado por su papel en unas adjudicaciones que, según la UCO, forman parte del engranaje de pagos que sostenía toda la trama.
Koldo cierra la boca
Koldo García, en cambio, no habló. Se acogió a su derecho a no declarar. Su abogada, Leticia de la Hoz, lo anunció a los periodistas a la salida y fue más lejos: presentó un recurso ante Moreno para pedir el archivo de la causa y la suspensión del interrogatorio.
El argumento es de peso procesal. Los hechos por los que el juez pretendía interrogar a su cliente —los contratos de mascarillas con Baleares y Canarias— ya fueron objeto de juicio en el Tribunal Supremo. El «non bis in idem». No se puede juzgar a nadie dos veces por el mismo delito.
«Ya ha sido objeto de juicio en el Tribunal Supremo porque el fiscal y la acusación popular ya lo incorporaron en las conclusiones definitivas», explicó De la Hoz.
Y añadió un dato revelador: en ese juicio se solicitó y se practicó la declaración de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, expresidentes de Baleares y Canarias respectivamente.
Lo que el magistrado Moreno quiere investigar ahora, según la defensa, ya ha sido juzgado. Si el recurso prospera, la estrategia de Koldo podría cerrar esa vía de investigación en la Audiencia Nacional. Si no, tendrá que volver a sentarse ante el magistrado.
10.000 euros al mes y una influencia que duraba más que los cargos
La razón de fondo por la que la Fiscalía Anticorrupción pidió estas declaraciones está en el informe de la UCO. Y el informe es demoledor en su descripción del esquema de pagos.
Según la Guardia Civil, los contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia «constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo».
El dinero, en metálico, mes a mes, no era el pago por un servicio concreto. Era el precio del acceso. El acceso a Ábalos.
Lo que hace especialmente significativo el análisis de la UCO es la duración de esa relación económica. Los pagos, según el informe, se mantuvieron hasta ocho meses después de que Ábalos y Koldo fueran cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021.
Ya no tenían poder formal. Pero el dinero seguía fluyendo. Para la Guardia Civil, ese dato revela que el patrón de pagos de Aldama no respondía a «actuaciones concretas» sino al «aseguramiento de su capacidad de influencia» para obtener «un lucro económico». Dicho de otro modo: no compraba decisiones puntuales. Compraba red.
Un caso que se ramifica
El ‘caso Koldo’ lleva mucho más recorrido del que ya ha visto el Supremo. Ismael Moreno investiga varias líneas en paralelo.
La de las mascarillas fue la que dio origen a todo, y es la que parcialmente ya fue a juicio en el Alto Tribunal —donde Ábalos, Koldo y Aldama fueron procesados por la condición de diputado aforado del exministro en el momento del encausamiento—.
Pero hay más. El magistrado también indaga presuntos amaños en obra pública y, en una pieza que sigue bajo secreto de sumario, los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 supuestamente destinados a reembolsar gastos anticipados.
El caso, en suma, tiene varios frentes abiertos y ninguno cerrado. La declaración de Aldama esta semana es solo el último movimiento visible de una instrucción que avanza, con o sin la colaboración de los investigados.
