La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado hoy en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, por orden del magistrado instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz y bajo el impulso de la Fiscalía Anticorrupción.
La actuación se enmarca en una pieza separada del denominado caso Leire Díez, la fontanera del PSOE, una investigación que permanece bajo secreto de sumario y que pone el foco en la supuesta financiación irregular del Partido Socialista.
Según las diligencias acordadas por el magistrado, los agentes pueden llegar a registrar la sede del partido si el PSOE no entrega la documentación que le ha sido requerida.
Los agentes también tienen orden de registrar los domicilios de Santos Cerdán —exsecretario de Organización del partido— y de Gaspar Zarrías. La Fiscalía Anticorrupción respalda el operativo.
En esta causa judicial ya figuran como investigados Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario de la construcción Antxon Alonso, señalado como amigo y socio del exsecretario de Organización socialistaSantos Cerdán, mencionado.
¿Qué buscan exactamente?
Documentos. Archivos. Rastros de una contabilidad paralela que, según los investigadores, habría permitido al PSOE concurrir a elecciones con más dinero del declarado oficialmente. Un sistema diseñado, al parecer, para esquivar el control del Tribunal de Cuentas.
La UCO lleva meses rastreando mensajes, comunicaciones y movimientos bancarios de dirigentes socialistas. Lo que encontraron les llevó hasta aquí.
No es la primera vez que los agentes pisan Ferraz. Ya lo hicieron el 20 de junio de 2025, pero entonces la visita se limitó a clonar el material informático de Santos Cerdán.
Esta vez el objetivo es el partido en su conjunto.
El detonante original fue otra investigación: las conversaciones intervenidas al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, donde describía cómo cobraba en billetes de 500 euros. Las explicaciones del exgerente del partido, Mariano Moreno, lejos de aclarar el asunto, lo enturbiaron más.
Habló de furgones blindados que periódicamente trasladaban efectivo a la caja fuerte de Ferraz y calificó esa práctica de simple «cultura organizativa».
A todo ello se suman las declaraciones del empresario Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo, quien aseguró haber buscado constructoras dispuestas a pagar comisiones a cambio de contratos públicos para nutrir las arcas del partido.
Y la empresaria Carmen Pano, investigada en la trama de los hidrocarburos, que afirma haber entregado 90.000 euros en mano, en efectivo, dentro de la propia sede.
