El magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo recibió esta semana en Bogotá, Colombia, el Premio Excelencia en la Justicia, que concede la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).
Lo hizo junto a tres nombres de peso en el escenario jurídico internacional: el filósofo del Derecho italiano Luigi Ferrajoli, referente internacional del garantismo; el administrativista argentino Juan Carlos Cassagne, una de las voces doctrinales más reconocidas del Derecho público en Iberoamérica, y la juez de la Corte Suprema estadounidense, Sonia Sotomayor, primera persona de origen hispano en formar parte de esa institución.
Ferrajoli, de 86 años, no pudo viajar a la capital colombiana pero intervino vía telemática.
La CEJ es un centro de pensamiento privado y sin ánimo de lucro dedicado a mejorar el funcionamiento de la Justicia en Colombia. Cumple ahora 30 años, y para celebrarlo organizó la IX Gran Cumbre de la Justicia, marco en el que se entregaron los premios.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, inauguró, el 26 de octubre pasado, esta Gran Cumbre Internacional de la Justicia y los Premios Excelencia en la Justicia, que se celebró en la Universidad Sergio Arboleda –en la que De la Espriella estudió Derecho y se graduó después– y en la Pontificia Universidad Javeriana. Y que se prolongó también en el 27 de octubre.
En su discurso, De la Espriella defendió la independencia judicial, aunque vinculada a la rendición de cuentas: «Sin jueces independientes el Estado de Derecho simplemente desaparece», afirmó, antes de añadir que «independencia no significa ausencia de responsabilidad, mucho menos significa que el funcionamiento de la justicia deba quedar sustraído del escrutinio ciudadano».
Jueces, especialistas y académicos abordaron el acceso efectivo a los derechos, la congestión de los tribunales, la eficiencia institucional y la evolución de la técnica jurídica.
Pero hubo un asunto que concentró buena parte de las preguntas: hasta dónde debe llegar la inteligencia artificial en la administración de Justicia.
La tecnología no puede sustituir al juez
Campo participó en el panel El Derecho y la Era Digital: Retos y Desafíos, moderado por Hernán Gonzalo Jiménez, decano de la Facultad de Derecho Sergio de Arboleda.
Su tesis fue nítida. Los algoritmos y las herramientas automatizadas tienen una utilidad evidente para apoyar la tramitación y aliviar la carga de los juzgados.
El problema empieza cuando se pretende que ocupen el lugar del juez. Cuando lo que está en juego son derechos fundamentales, defendió, esas herramientas no pueden reemplazar el criterio humano, la deliberación colegiada ni la independencia judicial.
La frontera que traza no es menor: separa lo instrumental de lo esencial en la función jurisdiccional. Ordenar la información o acelerar un trámite mejora el trabajo de un tribunal. Valorar los hechos, ponderar los derechos y decidir es otra cosa, y exige que alguien responda de lo que resuelve.
De ahí su conclusión: las garantías del debido proceso deben estar en el centro de la transformación digital, no en sus márgenes. La eficiencia no puede pagarse con derechos de quienes acuden a los tribunales.
Juan Carlos Campo recibió también otros dos reconocimientos académicos durante la cumbre, ambos el 27 de octubre en Bogotá.
La Universidad Sergio Arboleda le otorgó su Reconocimiento al Mérito Académico y Profesional por su contribución al desarrollo del Derecho. La institución destacó el rigor y el compromiso ético de su ejercicio profesional, y una trayectoria cuyas aportaciones, según la universidad, han enriquecido la profesión y cuentan con el reconocimiento de sus pares y de la sociedad.
Ese mismo día, la Pontificia Universidad Javeriana le concedió una Mención de Honor en reconocimiento a la excelencia académica.
Las dos universidades fueron las sedes de la IX Gran Cumbre de la Justicia, de modo que el magistrado sumó en cada una de ellas una distinción propia al premio de la CEJ.
Doctor honoris causa por el Politécnico Grancolombiano
La visita del magistrado del TC español incluyó, el miércoles 28 de octubre a primera hora, su investidura como doctor honoris causa por la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, en su sede City Campus, en reconocimiento a su trayectoria jurídica e institucional.
Campo pronunció allí la conferencia La IA en los tiempos modernos y su influjo en el derecho constitucional, en la que retomó el hilo abierto en la cumbre: qué puede aportar la tecnología al sistema judicial y qué riesgos plantea para la tutela de los derechos.
En la Academia, nombrado miembro extranjero
El programa se completó con su ingreso como Académico Miembro Extranjero de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, corporación con funciones consultivas para el Estado colombiano. Fue recibido por la presidenta de la Academia, Lucy Cruz Quiñones, y los miembros de esta institución en pleno.
Campo defendió en su discurso de ingreso en la Academia Colombiana de Jurisprudencia, titulado «Función del Ius Puniendi: la transformación del derecho penal a partir de las nuevas realidades sociales», una adaptación del Derecho penal a las nuevas realidades sociales que preserve las garantías frente al poder punitivo del Estado.
Ante la creciente demanda de seguridad, advirtió Campo de que «la protección de las víctimas no puede realizarse a costa de la desaparición de las garantías del acusado» y de que «la defensa de la seguridad no puede justificar la relativización del principio de legalidad».
Su planteamiento rechaza que la respuesta a los nuevos riesgos desemboque en una expansión indiscriminada del castigo: el Derecho penal debe ser, «en vez de una forma de venganza social, un medio de corrección y reencauzamiento de las conductas sociales desviadas».
Campo analizó las nuevas tendencias del Derecho penal y alertó del riesgo de castigar a las personas por lo que podrían hacer, en lugar de por sus actos. Defendió, asimismo, responder a las nuevas amenazas sin debilitar las garantías ni permitir que «la prevención se convierta en una autorización ilimitada para castigar».
El magistrado visitó además el Tribunal Constitucional colombiano, donde fue recibido por la presidenta, Paola Meneses, y se reunió con el pleno de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el órgano que ejerce la potestad disciplinaria sobre jueces, empleados judiciales y abogados.
Premio, Reconocimiento al Mérito Académico y Profesional, Mención de Honor, doctorado honoris causa y Academia en una misma semana. Y un mensaje que Campo repitió en cada escenario: la inteligencia artificial puede entrar en los tribunales, pero la independencia judicial y las garantías del proceso deben quedarse intactas.
