La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado al Ministerio de Justicia la incorporación urgente de al menos cinco funcionarios al Tribunal de Instancia de Orgaz, en Toledo, encargado de investigar el accidente ferroviario de Urda, según el comunicado difundido hoy.
La organización, mayoritaria en el colectivo de justicia, pide que los refuerzos lleguen antes del próximo lunes para asistir a la jueza instructora y facilitar las primeras diligencias.
La petición concreta una dotación mínima: dos funcionarios del cuerpo de Gestión Procesal, dos de Tramitación Procesal y uno de Auxilio Judicial. CSIF reclama que todos tengan experiencia en este tipo de actuaciones y conocimientos procesales que permitan su incorporación inmediata al trabajo de la causa.
Nueve personas para tramitar
El tribunal que asume la investigación cuenta hoy con dos letrados de la Administración de Justicia (LAJ), tres gestores, seis tramitadores y tres auxilios judiciales, a los que se suman un gestor y un tramitador destinados en el Registro Civil, según los datos facilitados por CSIF a Confilegal.
Es la misma plantilla que tenían los dos juzgados mixtos de Orgaz antes de su transformación en Tribunal de Instancia.
En la práctica, nueve personas —los gestores y tramitadores— son las que intervienen directamente en la tramitación de los asuntos. Todas ellas, subraya el sindicato, son interinas. Orgaz es una plaza difícil de cubrir.
Sobre esa estructura recae ahora una causa de una dimensión excepcional.
Por qué cinco
CSIF justifica la cifra por la magnitud del siniestro. Fuentes del sindicato explican que el accidente de Urda supera al de Adamuz, al menos en el número de víctimas, “aun cuando cada pérdida es irreparable por sí misma”.
A ello se añade el volumen de documentación que deberá examinarse y la previsión de un número extraordinario de diligencias.
Si finalmente se nombra un juez de apoyo para la instrucción, CSIF reclamará además un letrado de la Administración de Justicia adicional.
El precedente de Adamuz
El sindicato pone como referencia la respuesta que se dio tras el accidente de Adamuz (Córdoba). Según CSIF, la Junta de Andalucía, que tiene transferidas las competencias en materia de medios personales de la Administración de Justicia, nombró al día siguiente tres tramitadores de refuerzo que continúan asistiendo en exclusiva a la jueza instructora.
Castilla-La Mancha pertenece a territorio administrado directamente por el Ministerio de Justicia, por lo que la decisión corresponde a la cartera que dirige Félix Bolaños. La respuesta recibida hasta ahora, según el sindicato, es que el departamento “lo está analizando”.
El objetivo, insiste CSIF, es apoyar la instrucción desde el primer momento, en unas circunstancias excepcionales, para que se desarrolle con agilidad. Algo que, añaden, los afectados agradecerán.
No es el atraso, es lo que viene
La preocupación sindical no se centra en el retraso acumulado en los asuntos ordinarios del tribunal, sino en la carga de trabajo que se le viene encima. CSIF plantea un doble objetivo: atender las diligencias derivadas del accidente con la intensidad que exigen y evitar que esa carga adicional perjudique a quienes esperan una respuesta judicial en el resto de procedimientos que ya se tramitan en Orgaz.
La organización vincula ambas necesidades con la adecuada prestación del servicio público de Justicia.
Bolsas agotadas y 8.000 puestos bloqueados
La petición llega en un momento especialmente delicado para cubrir plazas. El sindicato recuerda que arrastra un atasco de cerca de 8.000 puestos por la falta de resolución de los procesos selectivos convocados desde 2022.
Las bolsas de empleo de interinos de Toledo están agotadas desde hace meses, como lo están, según CSIF, el 75% de las bolsas del ámbito del Ministerio. El sindicato ya denunció esta situación hace meses.
Sin bolsas disponibles, la cuestión no es solo si el Ministerio decide reforzar el tribunal, sino de dónde saldrán los funcionarios.
CSIF también ha solicitado información sobre los refuerzos de médicos forenses y del resto del personal del Instituto de Medicina Legal de Toledo que, según indica, ya participa en las labores de identificación. No precisa cuántos profesionales se han incorporado ni qué necesidades adicionales ha trasladado ese servicio.
