La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decretado la libertad provisional de James Cox Chambers Jr., en prisión desde el 10 de julio a la espera de que se resuelva su extradición a Estados Unidos.
La razón es que el propio país reclamante comunicó al tribunal que la traducción al español de la declaración jurada de la agente del FBI en la que se apoya la petición contenía errores, que calificó de “sustanciales e involuntarios”.
El auto, de 20 de noviembre de 2026, lo firman los magistrados Fernando Andreu Merelles, Ana Victoria Revuelta Iglesias y José Joaquín Hervás Ortiz, que actúa como ponente. Se dicta en el procedimiento de extradición 91/2026 y no tiene votos particulares.
El aviso llegó el 13 de noviembre, después de que se celebrara la vista de extradición. Era una nota verbal con una carta del Departamento de Justicia, en la que Washington reconocía los fallos y atribuía la traducción a una empresa privada.
La defensa, articulada por ILOCAD, la firma de Baltasar Garzón, aportó después un dictamen pericial que, según ella, apuntaría a una alteración deliberada de la traducción para agravar el relato de los hechos.
Pidió también una traducción oficial hecha por un traductor jurado. La Sala no se pronuncia sobre esa tesis: ha dado tres días a la Fiscalía para que informe y ha suspendido, “por el momento”, cualquier decisión de fondo sobre la extradición.
El fiscal se opuso a la libertad para evitar que Chambers pudiera “hacer ilusoria la cooperación jurídica internacional”. El tribunal no lo comparte.
Considera que los errores reconocidos ponen en cuestión, al menos temporalmente, la fidelidad de la documentación exigida por el Tratado de extradición, y que provocarán “una más que probable dilación” del procedimiento.
Este es el razonamiento central del auto: “No quiere decir que pueda afirmarse la absoluta inexistencia de riesgo de fuga, pero sí que la intensidad de ese riesgo puede entenderse disminuida, al menos en este momento”.
La Sala no descarta que Chambers pueda huir, pero considera que ese riesgo ya no basta para mantenerle en prisión mientras la solicitud estadounidense esté en entredicho.
Como el riesgo no ha desaparecido, le impone medidas al amparo del artículo 8.3 de la Ley de Extradición Pasiva.
Tendrá que presentarse cada lunes en el juzgado más próximo a su domicilio y acudir a la Audiencia Nacional cuando se le llame. Deberá fijar un domicilio en España y comunicar cualquier cambio. Además, se le prohíbe salir del país y tendrá que entregar el pasaporte, y la policía recibirá aviso para vigilar que cumple esa prohibición.
El auto no decide si Chambers será entregado o no. Eso dependerá de las comprobaciones que el tribunal acuerde sobre la traducción después de oír al fiscal.
Pero deja una advertencia con alcance general: si la documentación del Estado reclamante falla en algo tan básico como la traducción, puede afectar tanto a las medidas cautelares como a la decisión final.
Contra la resolución cabe recurso de súplica en tres días. Mientras tanto, la extradición queda pendiente de saber qué decía de verdad la declaración del FBI en su versión original.