Edgar J. Hoover, director del FBI durante la década de los años 30 del siglo pasado, hizo popular esta frase como lema de su Agencia: Crime does not pay. Nadie puede beneficiarse de lo que obtiene mediante un hecho delictivo, es un principio elemental.
La reacción del Estado frente al delito no se agota en las penas (prisión, multa, inhabilitación, etc.). Hay una consecuencia menos conocida, pero también temible: el decomiso. Supone la pérdida de la propiedad de tres grandes categorías de bienes relacionados con el hecho delictivo: los efectos que provienen de él, los instrumentos utilizados para cometerlo y, naturalmente, las ganancias obtenidas y los bienes adquiridos con ellas.
El decomiso no es una multa, ni una indemnización, ni tampoco un embargo. Es una pérdida definitiva de la propiedad.
Por ejemplo, si una organización de narcotraficantes introduce droga en una ciudad costera, usando una embarcación e invierte las ganancias en inmuebles y vehículos, el decomiso alcanzará tanto a la droga, si llega a intervenirse en todo o en parte, como a la embarcación, y a los inmuebles y vehículos adquiridos con la venta de los estupefacientes.
No solo eso; si las ganancias o bienes obtenidos ya no existen, o han desaparecido, pueden decomisarse otros bienes de los autores por un valor equivalente, aunque sean bienes legítimos. Si han llegado a poder de terceros, también pueden decomisarse si se acredita la connivencia o el conocimiento de su origen por parte de estos.
Además, si la organización posee otros activos sospechosos de proceder de operaciones delictivas, pueden serle también decomisados, aunque no tengan ninguna relación con la operación de la lancha.
Una figura penal ambiciosa
El decomiso es una figura penal ambiciosa y en ascenso. La Directiva 2024/1260 de 24 de abril, cuya implementación está llamando a la puerta de nuestro Código Penal, promete convertirlo en una pieza singular de la lucha contra la gran criminalidad.
En realidad, ya a lo largo de las últimas décadas ha venido cobrando una importancia creciente, golpeando donde más duele a los delincuentes: en los activos o patrimonios procedentes de sus hechos delictivos.
Tanto Naciones Unidas, con sus Convenios de Viena (1988) y Nueva York (2000), como el Consejo de Europa (Convenios de 1990 y 2005), y naturalmente la Unión Europea han creado potentes instrumentos jurídicos de colaboración internacional.
La UE, fundamentalmente, a través de la Directiva 2014/42, de 3 de abril, a la que responde el diseño español actual.
Como regla general, el decomiso presupone un culpable y una sentencia condenatoria, pero no necesariamente. Puede acordarse también sobre bienes vinculados con un hecho delictivo, incluso sin condena penal, en los casos en que el investigado o acusado haya fallecido o padezca una enfermedad que impida su enjuiciamiento; se encuentre en rebeldía; o también en los casos en de exención o extinción de su responsabilidad penal, por ejemplo, por la prescripción del delito.
Piénsese, por ejemplo, en el caso de fallecimiento del investigado. Aunque desaparezca lógicamente su responsabilidad penal, no es tolerable que bienes de origen espurio circulen, como si nada, por el tráfico mercantil, o incluso puedan llegar a legitimarse mediante su transmisión a los herederos del fallecido. Lo mismo ocurre con los bienes sospechosos de los investigados/acusados rebeldes o que se han dado a la fuga.
Decomiso a terceros
No menor trascendencia tiene el decomiso a los terceros que hayan recibido dinero o bienes procedentes del delito conociendo su origen, o que se hayan prestado a asumir o fingir su titularidad para dificultar su localización.
Al margen, naturalmente, de haber podido incurrir en un más que probable delito de blanqueo de capitales. Ni el denominado decomiso ampliado, en virtud del cual, y para determinados delitos de especial gravedad, el Tribunal puede acordar también el decomiso de otros bienes del autor o de terceros, aunque no tengan ninguna relación directa con el delito enjuiciado, si aparecen indicios sólidos de que son fruto de otras actividades delictivas. Indicios como, por ejemplo, la proximidad temporal entre su adquisición y la actividad delictiva, la ausencia de una fuente lícita y creíble de adquisición de los bienes, etc.
Sobre este panorama, la nueva Directiva (UE) 2024/1260 de 24 de abril, que teóricamente debería haber quedado implementada en España dentro de este mes de noviembre, supone un salto cualitativo en la búsqueda de bienes procedentes del delito.
La investigación patrimonial será obligatoria en los delitos graves de contenido económico desde el inicio mismo del proceso. Todos los Estados UE deberán contar con Oficinas de Recuperación y Gestión de Activos (en España, esta oficina funciona desde 2015). Se crean mecanismos para asegurar la coordinación y cohesión entre ellas.
Y, sobre todo, se multiplican considerablemente sus facultades de actuación, dándoles acceso directo a los registros (de la propiedad, mercantil, de titularidades reales, etc) datos fiscales, cuentas, préstamos, criptoactivos y facultades para acordar la inmovilización urgente de bienes sospechosos.
Sanciones internacionales
Estas Oficinas están llamadas a convertirse en actores fundamentales de la lucha contra el crimen en los próximos años. Porque la eficacia real de esta cruzada de los Estados contra las grandes fortunas del delito ha de apoyarse en un trabajo previo de investigación patrimonial hercúleo y dotado de instrumentos legales expeditivos.
Un aspecto del decomiso nuevo y llamado a adquirir gran importancia en un futuro muy próximo es el relativo a las sanciones internacionales. La Directiva 2024/1226 obligó a los estados UE a tipificar penalmente en sus leyes nacionales el incumplimiento de las sanciones.
Esta posibilidad de decomiso de dinero o bienes procedentes de incumplimientos de sanciones internacionales abre un peligroso flanco de riesgo empresarial. Imaginemos a un fabricante español que vende componentes a un distribuidor de un tercer país, que los reexporta, a su vez, a una entidad sancionada.
Si el fabricante español conocía o contaba con buenas razones para sospechar el destino final de su producto, los pagos y beneficios de la operación podrían serle decomisados en España.
En realidad, las empresas podrán verse expuestas a riesgos de decomiso por hechos, en sí mismos, involuntarios: cobros a clientes que pagan con fondos ilícitos, adquisiciones de activos de origen delictivo, o pagos de intermediarios que actúan por cuenta de operadores sancionados.
Ciertamente, es necesario que el adquirente conozca, o deba conocer, el origen oscuro de lo que recibe. Pero la presunción de buena fe puede no ser suficiente para evitarle algunos dolores de cabeza. Atención a los pagos hechos por terceros y a las jurisdicciones sin conexión aparente con una determinada operación. Gran reto para los departamentos de Compliance.